La enorme brecha entre el vecino y la Policía

Hay una brecha enorme entre las demandas de la comunidad y las respuestas de la autoridad por la inseguridad. Ante una tragedia como el asesinato del adolescente Valentín Villegas, las preguntas sin respuesta ahondan esa brecha y todo lo que no se hizo, o lo que se hizo, queda expuesto, potenciado en el enojo, la angustia y la frustración. La presencia/ausencia policial, el servicio adicional, el espacio público perdido por el vecino cuando los delincuentes han ganado las calles. Todo eso se discute en medio del dolor que ha causado esta muerte, que se suma a los casi 100 homicidios en lo que va del año en esta provincia violenta. ¿Qué saldrá de esta discusión?

Ausentes, invisibles

Lo primero que resalta en esta brecha es la ausencia de la fuerza de seguridad en los lugares donde ocurren las cosas. Se trata, en primer lugar, de visibilización. No está o no se la ve. Si no está, la primera respuesta oficial será que son pocos agentes para los desafíos que tiene una sociedad atacada por la violencia. En diciembre de 2016, la anterior conducción policial planteó que había pocos agentes en comparación con Salta, Catamarca y Jujuy. Entonces había 8.100 policías en Tucumán y hoy, dos años después, son 8.500 (el Gobernador acaba de nombrar 100 más). La proporción planteada en ese momento por el entonces secretario de Seguridad, Paul Hofer, era que mientras en Salta había un agente cada 132 habitantes, en Tucumán la proporción era de uno cada 196. La cifra, sin embargo, es mejor que la medida internacional, estimada en 1 cada 200 habitantes.

Pero el reparto es tema de otro análisis: de acuerdo con el criterio 1/200, en Yerba Buena, con 110.000 habitantes, debería haber 550 policías. Unos 170 por turno. Ahí la primera lectura es deficitaria, y además confusa: el jefe de la Unidad Regional Norte, comisario Carlos Castro, dijo que son 60 (20 por turno); el jefe de la Policía, José Díaz, señaló que son 80 (26 por turno) y el secretario de Seguridad del municipio, Mauricio Argiró -muy crítico hacia la Policía-, dijo que son 40 (13 por turno). Igual son unas ocho veces menos de la cantidad que debería haber. Yerba Buena tiene, de acuerdo a la visión más optimista, un policía cada 1.375 habitantes. Cierto es que hay una guardia urbana municipal con 60 agentes y además, hay vigilancia privada, tanto a cargo de agencias particulares como de los mismos policías, que hacen el polémico servicio adicional.

Precisamente este tema ha sido parte del debate por detrás de la tragedia del adolescente, puesto que las denuncias que investiga la fiscala Adriana Giannoni dan cuenta de que los mismos jefes policiales estarían ofreciendo agentes para vigilancia, mercantilizando la tarea policial y mostrando una variante de la corrupción que es lucrar con la inseguridad. De este asunto, en teoría, se va a ocupar la sociedad en los próximos días, puesto que hay siete proyectos sobre policía adicional, uno de los cuales propone eliminar esta modalidad a cambio de un incremento de haberes. Así lo ha planteado también el referente de los agentes, Víctor Nacusse, en una entrevista con LA GACETA. Esto serviría, ciertamente, para sacar el foco de la tarea policial centrada en el negocio y circunscribirla a las necesidades de la comunidad.

No obstante, si se eliminara el sistema adicional, ¿habría más policías en las calles? ¿Se los vería más?

Acá entra la segunda cuestión con respecto a la visibilización. No es lo mismo un agente de parada estático protegiendo un objetivo determinado (custodia de funcionarios, magistrados, autoridades legislativas, víctimas o personas amenazadas o edificios específicos y negocios privados), a los cuales se los puede ver, que un policía que sepa qué pasa en la cuadra o el barrio. El problema de la ausencia/invisibilización policial pasa más por la ignorancia de lo que sucede que por la cantidad de agentes. Esto se advierte claro en la tragedia de Valentín. Ocurrió el domingo a las 10, en una calle muy transitada (San Martín al 1.300) y no había policías. Los vecinos sabían que es zona peligrosa: hay tres grupos de WhatsApp vecinales, 38 casas han colocado alarmas, ya todos hablaban de que los agresores (motoarrebatadores) vienen del sector del Camino de Sirga (mencionan dos barrios, uno de los cuales es La Cañada, donde vive el acusado del homicidio) y todos mencionan que los fines de semana no hay policías. Por más que el comisario Castro ha dicho que hacen patrullajes por cuadrículas, es evidente que la inquietud que tenían los vecinos no era respondida por la fuerza. Si se compara esto con otros casos que conmocionaron a la comunidad en los últimos años, acaso se encuentren situaciones similares. Por ejemplo, la muerte de Elda Hovannes en el barrio Ampliación Kennedy en 2011. Dos meses antes, ella misma había publicado una carta de lectores advirtiendo de la inseguridad en su vecindario. Más cerca en el tiempo, en julio pasado, a raíz del crimen del sereno Sergio Reyes en el barrio Don Orione (Villa Urquiza), se descubrió que los vecinos habían cerrado con alambre la cuadra del pasaje María Auxiliadora al 2.000, para cuidarse de los motochorros. ¿No les está diciendo eso algo a la Policía y a la Municipalidad?

Sí está diciendo: que la estrategia de hacer operativos gigantescos para ver si se pesca infractores puede dar resultado en algunos casos y acaso algunos sectores, pero es una respuesta de emergencia, no una prevención planificada. Ayer se llenó de policías la comisaría de Yerba Buena.

La prevención, como se la concibe en este sistema, es enviar patrullas del 911 lo más rápido posible ante el hecho consumado y correr siempre detrás de lo que hacen los delincuentes. Su patrullaje es al azar y a veces descubre cosas -siempre está deteniendo gente; de hecho, las comisarías y las cárceles están saturadas- pero la sociedad no se pacifica y nadie puede explicar por qué. La prevención falla. Pensar que la tarea del 911 hace bajar los índices de violencia es como creer que una ambulancia hace bajar los índices de accidentes. Es decir, no se trata sólo de patrullaje y presencia, sino de saber cómo hacerlos y dónde.

La burocracia conspira contra eso. En primer lugar, porque hacer denuncias es muy difícil: sólo toma la denuncia un oficial y eso obliga a largas esperas a las víctimas. Además, el delito callejero -la plaga infernal de estos tiempos, a manos de motochorros- se funda en objetos de escaso valor ante la ley: una cartera, un celular. Por ellos la pena es ínfima. Ya hay planteos de mirar con más atención a la víctima que al objeto robado, para aplicar mejor el castigo. Pero esto, al igual que la ley contra motochorros y “rompevidrios” que el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, obtuvo de la legislatura y del Poder Ejecutivo- es igual que el 911: no hace bajar la violencia urbana ni el delito callejero.

Debate necesario

No necesariamente hay que esperar una reforma del sistema. Ya el debate sobre el servicio adicional va a poner en el tapete la forma de trabajo policial. Así como la ley y la Justicia desestiman la importancia del delito callejero (Valentín murió por tratar de evitar el robo de un celular), también los policías le dan poco valor. Por eso muy a menudo trastocan una detención por una contravención y actúan mal. Así ocurrió en la comisaría 13ª con el robo de un ventilador a una iglesia. El mismo secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, prácticamente culpó al cura Rogelio Olivera por haber ido tarde a hacer la denuncia y justificó a los agentes que liberaron al ladrón porque lo habían aprendido por contravención. Como si las circunstancias los hubieran obligado. Una distorsión sobre la que hay que discutir.

Si no se puede esperar una reforma, acaso se pueda hacer presencia policial en las calles buscando estrategias para lograr la confianza vecinal y estudiando lo que se sabe que ocurre. El delito no aparece de golpe detrás de un árbol. Lo saben los vecinos cuando hacen sus grupos de WhatsApp o montan sistemas de alarma.

¿Podría ir un policía casa por casa, cada tanto, a preguntar qué ocurre en el barrio? ¿Habrá equipos para estudiar los antecedentes de hechos en los últimos cinco años en cada vecindario y actuar en consecuencia? ¿O para saber qué hace la enorme cantidad de sujetos detenidos, liberados, atrapados otra vez y vueltos a liberar, como el tal “Tuerto”?

En Yerba Buena han preocupado los robos al voleo de celulares y carteras, los ataques a ciclistas y a pasajeros en las paradas, los asaltos a negocios y también a countries. A eso se suma la tragedia de este homicidio en ocasión de robo. No va a bastar que se hagan operativos. La familia y los amigos de Valentín reclaman que las autoridades se comprometan de verdad y para eso habría que cambiar la lógica de la repetición de las mismas recetas de operativos, pedidos de más hombres y más armas, y leyes más duras.

En 2007 el ex gobernador José Alperovich decía que si se detenía a “los 400 delincuentes que hay” en tres meses se solucionaba el problema de la inseguridad. Hoy en comisarías y cárceles hay 2.400 personas detenidas y la pacificación de las calles está cada vez más lejana. Algo se hizo mal, y hay que sentarse en serio a analizarlo.