Coparticipación y federalismo

No es una novedad que las circunstancias más difíciles de la República provienen, desde hace décadas de eludir el debate de los problemas de fondo para atender la coyuntura provocada por esas omisiones. Un testimonio de ello es ahora la dura discusión por el régimen de coparticipación de impuestos entre la Nación y las provincias, que deja de lado una cuestión tan esencial como la fortaleza del sistema federal, algo que sus participantes olvidan, acuciados por el reparto de los recursos fiscales. Una distribución sin reglas claras y que la reforma constitucional de 1994 estableció dejando de lado el modelo de la Constitución histórica, que determinaba la discriminación de fuentes tributarias para asegurar las autonomías provinciales.
Los constituyentes de hace diez años olvidaron esa regla fundamental y es por ello que desde entonces no ha sido posible sancionar una ley de coparticipación, debiendo recurrirse a parches y a remedios transitorios cada vez más perturbadores del modelo federal institucional, en beneficio de un creciente centralismo que, a partir de 1930, consolidó esa dependencia. No debe llamar la atención que los convencionales de 1994 hayan abandonado en ese punto la Constitución histórica sin precisar las fuentes tributarias nacionales y provinciales.
Pero la falta de cumplimiento del mandato constitucional reformador, durante ocho años, por la causa señalada, ha sido otro motivo de la inseguridad jurídica agravada con la crisis. Por lo tanto, no debe sorprender, entre otras situaciones, que el tema condicione la negociación con el Fondo Monetario Internacional, tanto como el acuerdo con los acreedores por el default. Por otra parte, el debilitamiento del poder central a partir del colapso del gobierno de la Alianza, incapaz de cumplir con las transferencias de sumas fijas a las provincias como se había resuelto, alumbró una coalición de hecho de los gobernadores. Situación que el presidente Néstor Kirchner está tratando de superar apremiado por las urgencias y sin condiciones para determinar previamente los niveles de responsabilidad fiscal de cada jurisdicción. Debe señalarse para comprender la complejidad del debate -donde el distrito bonaerense es el más difícil escollo por ser el más poderoso y estar a cargo del partido oficialista- que más del 60% del gasto provincial se financia con recursos de la Nación, proporción que se eleva a 70% en dos de cada tres provincias.
En tales condiciones no es difícil advertir que la víctima institucional es el federalismo, cuya fortaleza autonómica está fuertemente relacionada con la disponibilidad suficiente de recursos propios. Pero después de décadas de centralismo, consolidado de hecho por los constituyentes de 1994, la gran mayoría de los gobernadores ha bregado por obtener más fondos del gobierno nacional, antes que presionar tributariamente sobre sus comunidades. Con ello se perdió de vista el razonable criterio de que sean las provincias las recaudadoras de los impuestos mejor identificados con sus respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de un régimen de compensación para las de menor capacidad tributaria.
En consecuencia, el debilitamiento del federalismo no es solamente atribuible a los avances del poder central, sino igualmente y, en gran proporción, a las conveniencias políticas de las administraciones provinciales, mediatizadas, en la mayoría de los casos, por el fuerte unitarismo centralista de los grandes partidos nacionales, como pudo observarse a partir de la restauración constitucional, hace dos décadas.
Ahora, las urgencias de lo coyuntural impiden de nuevo establecer un régimen tributario sobre bases precisas, y corregir los gruesos errores históricos poniendo fin a un federalismo retórico que traiciona el espíritu de los valores fundacionales de la organización nacional.