Por Irene Benito
07 Octubre 2018
ARCHIVO
Un legislador nacional tucumano destinó $ 100.000 por mes en promedio para pagar sus gastos personales durante 2017. Este número -$ 1,2 millón anual- surge del análisis de las últimas declaraciones juradas presentadas a la Oficina Anticorrupción (OA), obligación que cumplieron 11 de los 12 representantes en el Congreso de la Nación: la excepción es el diputado José Orellana (PJ). El estudio comparativo revela que dos justicialistas ocupan los extremos de la tabla de consumos. Mientras que el senador José Alperovich empujó el promedio general hacia arriba al manifestar que precisaba $ 294.000 para llegar a fin de mes, la diputada Gladys Medina lo tiró para abajo al expresar que no hizo erogaciones el año pasado: es decir, consignó $ 0 en el casillero correspondiente a ese dato de su declaración jurada.
Aunque medidos en dólares los gastos declarados de Alperovich cayeron levemente en 2017, estas sumas quintuplican las de Beatriz Ávila (PJS-Cambiemos), diputada que consignó el modo de vida más austero fuera del caso atípico de Medina -ver cifras detalladas en “Gastos personales...”-. Esa distancia en los consumos es, pese a todo, sustacialmente menor a la que existe en términos patrimoniales puesto que los bienes informados por el ex gobernador equivalen a 999 peculios de la cónyuge de Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán. Con $ 124.000 mensuales, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos) ocupa el segundo lugar del ranking de consumos -ver tabla en esta producción-. El diputado kirchnerista Marcelo Santillán aparece en el tercer puesto con $ 118.000, pero tanto él como José Cano (UCR-Cambiemos) tienen en común el haber declarado que gastaron menos en 2017 que en 2016, pese a que la inflación oficial en ese período llegó al 25%. Cano pasó de $ 95.000 a $ 59.000: es la caída mayor del conjunto. Santillán, por su parte, expuso que sus consumos disminuyeron el 17%.
Dos promesas y un récord
Con un incremento interanual del 218%, Teresita Villavicencio (Evolución) quedó posicionada como la legisladora nacional que más aumentó sus consumos en 2017. Le siguen las diputadas Ávila (117%) y Alicia Soraire (110%). También crecieron por encima de la inflación las erogaciones personales declaradas de Beatriz Mirkin (PJ), Pablo Yedlin (PJ), Elías y Facundo Garretón (PRO-Cambiemos). Bajo esa línea sólo está Alperovich, con una suba interanual del 11,4%.
El gasto personal alude a las sumas globales empleadas para el mantenimiento propio y del grupo familiar a cargo. Ese rubro comprende desde la alimentación, el transporte, el vestido, la salud, el entretenimiento, la educación y los costos fijos de la vivienda hasta el turismo y la beneficencia. Esta producción refleja los aportes que los diputados y senadores declararon que hicieron individualmente puesto que los consumos y otros datos de los cónyuges o parejas no son de acceso libre (desde 2013 forman parte de un anexo reservado). Por esa razón, los números exteriorizados por los legisladores nacionales tucumanos sólo representarían una parte del gasto familiar. Para obtener la fotografía completa habría que determinar qué contribuciones hicieron a la economía familiar, por ejemplo, la ex senadora Beatriz Rojkés de Alperovich o Alfaro, esposo de la diputada Ávila.
El caso de Medina es singular porque en su declaración jurada la diputada justicialista expresó que tiene tres hijos, uno mayor de edad. Su pareja, el intendente justicialista de Banda del Río Salí, Darío Monteros, no está incluido en el grupo familiar, de modo que Medina tendría que afrontar algún gasto, situación que no se compadece con un consumo personal de $ 0. Consultada al respecto, la diputada dijo que iba revisar la información y a subsanarla si advirtiese algún error.
La situación de Orellana es más delicada. En la base digital de la OA (jus.gov.ar/consultaddjj) no consta que este diputado haya presentado sus declaraciones juradas anuales desde que asumió su banca en 2015, obligación contenida en la Ley 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. El año pasado, el dirigente peronista de Famaillá facilitó a LA GACETA la liquidación del impuesto a las ganancias de 2016. Diez días atrás, Orellana explicó que no estaba al tanto del asunto y derivó la consulta al secretario Oscar Vidal, quien explicó que el incumplimiento obedecía a que había habido inconvenientes para cargar los datos y prórrogas. “Es sólo una pequeña demora”, dijo.
El análisis de bienes, ingresos y egresos de los funcionarios públicos sólo puede ser practicado respecto de quienes prestan servicios en el orden nacional puesto que en Tucumán impera el secretismo desde hace 45 años por disposición de la Ley 3.981. El “salto” a la liga política de Nación permitió detectar que el hoy gobernador Juan Manzur había expuesto un gasto mensual de $ 300.000 en 2009 -equivalente a U$S 75.000 según la cotización de esa época-, año en el que juró como ministro de Salud de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nadie pudo superar todavía ese nivel de erogaciones. Más allá de dar una idea aproximada sobre el estilo de vida de los funcionarios, la prueba de los gastos informados es clave para justificar los incrementos patrimoniales registrados en cada ejercicio porque el patrimonio inicial más la renta equivale al patrimonio final más el consumo.
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