"Cuando hay un problema interno en la Ucedé, es una cuestión de familia; cuando sucede en la Unión Cívica Radical (UCR), es un problema de partido; pero cuando ocurre en el justicialismo es una cuestión nacional". Esta frase del meticuloso historiador Carlos Floria sintetiza cuánto peso tuvieron -y tienen- en la sociedad argentina las desavenencias entre peronistas, muy habituales y muchas veces traumáticas.
En la sesión legislativa del lunes, José Teri tucumanizó la hipótesis de Floria. "Invito al gobernador a que debata en Rivadavia 157 (sede del PJ). Veremos si sabe cantar la marcha peronista", espetó el parlamentario, molesto porque José Alperovich vetó siete leyes sancionadas por la Legislatura (entre ellas, la que prohibía los cortes a los morosos del servicio de agua potable y cloacas).
Teri convirtió una rencilla interna en cuestión de Estado. Con sus palabras sugirió que el ámbito institucional donde se discuten los problemas no es la Legislatura, como manda la Constitución, sino la casona de calle Rivadavia. ¡Y, además, hay que saber cantar la marchita que inmortalizó la voz de Hugo del Carril! Lo curioso es que quien maneja una concepción de la política restringida al peronismo, olvidando las formas -esenciales en una república-, también acusó a Alperovich de "jugar estúpidamente con la democracia".
El insulto de Teri es un síntoma de cuán complicadas se volvieron las relaciones entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo. El telón de fondo es la lucha soterrada -a veces no tanto- entre los tres sectores en que está dividido el peronismo, que en conjunto reúne a 26 de los 40 parlamentarios. Esas facciones son: la que responde al ex gobernador Julio Miranda; la que encabeza el vicegobernador, Fernando Juri; y, aunque sea en germen, la que Alperovich procura conformar. A los tres no los une el amor, precisamente, para usar un lugar común. Pero sus relaciones están atravesadas por las contradicciones.
Alperovich no puede desconocer a Miranda porque fue su ministro de Economía. Por más presidente del PJ que sea, Miranda no puede soslayar que Alperovich es el gobernador de una administración peronista, al menos nominalmente. Y Juri, aunque lo quiera, no puede independizarse demasiado del titular del PE, porque la suerte del Gobierno -posibilidad de reforma constitucional con reelección incluida mediante- es también la suya.
La interna como metodología
El problema es la peronización del juego de las instituciones. Tan o más sintomáticos que los dichos de Teri fueron los del titular de la bancada oficialista. "En algunas leyes se utilizó el veto por el veto mismo. Sólo tenían la intención de hacernos sentir la fuerza del PE", admitió Raúl Hadla.
Más interesante que intercambiar acusaciones (en el PE afirman que la Legislatura se transformó en opositora) es leer serenamente la Constitución para recordar qué puede (y qué no) cada poder. El Ejecutivo está mal acostumbrado: antes de asumir, Alperovich ya exigía ciertas leyes (como la que posibilitó graves reformas en la Justicia). Y la Cámara, aunque no lo quiera, es hija de una complaciente tradición que la reduce a apéndice del PE. No en vano, durante la gobernación de Miranda un juez debió investigar si se pagaron coimas para que se aprobara la ley que declaró la reforma de la Carta Magna.
La Legislatura, por intermedio de su presidente (Juri), se ofreció para mediar en el conflicto que el PE mantiene con los estatales que reclaman un sueldo básico de $ 350. Ponerse en ese rol de vocera la vuelve débil, porque implica reconocer que la llave del Estado la tiene el Ejecutivo. Sería más saludable para las instituciones que la Cámara demostrara con argumentos -y no con insultos- que los vetos rozan con el capricho en algunos casos, como sugirió Hadla. Falta un mediador, pero entre el PE y la Legislatura, para que la democracia tucumana no quede entrampada en el ombligo de un único partido.
