Sólo quedan dos aspirantes a la ex vocalía de Ruiz

El Gobierno de Juan Manzur pudo colocar al postulante Adolfo Iriarte Yanicelli en el Juzgado de Cobros y Apremios de Concepción antes de que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) confeccionara la terna para la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Pero oficializó la designación casi en simultáneo con el ingreso de aquel terceto, que integran Ricardo Acosta, Augusto González Navarro e Iriarte Yanicelli. Ello obliga al tercer postulante a “seguir participando” en la competencia por la vocalía que perteneció a Salvador Ruiz, pese a que todavía no asumió como juez de Cobros y Apremios. Si Iriarte renunciara a la terna de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, caería la propuesta entera y, con ella, las chances de Acosta y González Navarro, que en definitiva son los candidatos que el Gobierno considera para esa vacante estratégica.

Acosta, el líder del terceto, es un abogado joven que hizo carrera en el Ministerio de Salud que encabezaron el propio Manzur hasta 2007, y, a partir de entonces y sucesivamente, el hoy diputado Pablo Yedlin y la ministra Roxana Chahla. En el presente, Acosta se desempeña como subinterventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Subsidio de Salud), órgano demandado en los amparos de salud que abundan en el fuero en lo contencioso administrativo, sobre todo en la Sala I. Si fuese designado, el subinterventor pasaría “al otro lado del mostrador”, es decir, a resolver los pleitos promovidos contra el Estado, aunque posiblemente debería excusarse en los procesos en los que haya intervenido como funcionario del Subsidio.

González Navarro, que es hermano del ex legislador oficialista Ramiro González Navarro, se desempeña como director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán. Este funcionario se quedó en las puertas de la terna surgida del primer concurso que organizó el CAM para la Cámara en lo Contencioso Administrativo y que llevó a Sergio Gandur, hijo de Antonio Gandur, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a la Sala III. Aquella fue la única vacante que el ex gobernador José Alperovich llenó en el fuero encargado de controlar la actividad estatal y que en 2015 llegó incluso a declarar la nulidad de las elecciones provinciales, fallo luego revertido en instancias judiciales superiores.