Aprender del pasado

Si es cierto que de los errores se aprende, es probable que Domingo Amaya, quien vetó parcialmente el llamado del Concejo Deliberante a la licitación del servicio de la basura, haya analizado, para evitar repeticiones, la concesión que por sucesivas prórrogas automáticas y ampliaciones le permitió a la concesionaria ampliar su canon de $ 312.000 mensuales a otro de casi $ 1 millón, en 14 años.
Esas extensiones -en ocasiones legitimadas por el Concejo Deliberante- no son el único "agujero negro" que el actual cuerpo legislativo municipal debería analizar: también vale la pena evaluar la laxitud de las penalidades. Lo que pasa con Transporte 9 de Julio es, salvando las distancias, más o menos lo que ocurre con las sanciones que les impone el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) a los programas televisivos que transgreden las normas: ganan tanto rating sorteando la ley que prefieren pagar la multa, que es una minucia. Vaya como ejemplo que el pliego y las sucesivas modificaciones por las cuales se rige la concesionaria del servicio le dan a la empresa 24 horas para solucionar las infracciones cometidas, cuando hay servicios con prestaciones diarias, o con hasta cinco prestaciones por día. En otras palabras, la empresa tiene tiempo de borrar con el codo lo que escribió con la mano, sin dejar huellas de la transgresión.

Sentencia demorada
Otro tema en rojo es el relativo al tratamiento final de los residuos, que en esta concesión fue tan problemático que hasta hay una sanción judicial a la empresa -y a la Municipalidad, en su carácter de "responsable solidaria"- por contaminación. La aplicación de la sentencia judicial se hizo de rogar, pero finalmente, el propio fiscal de Estado, Antonio Estofán, le embargó a la compañía su recaudación en Mar del Plata, su plaza de origen. El impacto ambiental que generó el basural de Los Vázquez no ha sido cuantificado todavía. Pero son pocos los que se animan a cuestionar el carácter contaminante de ese vaciadero de 11 hectáreas ubicado a veinte metros del río Salí. Sólo vale recordar que en la última década el efluente se desbordó un par de veces y penetró en el basural, arrastrando consigo desechos que luego fueron a parar al dique El Frontal, en Santiago del Estero, a través del río Dulce.
En su veto parcial, Amaya le pidió al Concejo 60 días -en lugar de 30- para elaborar los pliegos "de recolección y transporte" de los residuos. Pero anticipó que el depósito final de la basura será definido "en el marco provincial". También aquí el pasado puede enseñar, para evitar un Los Vázquez segunda parte, o guerras "intermunicipales" como las protagonizadas con Las Talitas y Tafí Viejo, que se resistían a convertirse en el basurero de la capital.
A los concejales de la oposición, el medio veto de Amaya no les cayó bien. Evalúan que la empresa debería dejar el servicio el 1 de setiembre. Y que si la Provincia no encuentra un predio "en 10 años" (un ejemplo arbitrario), el municipio estaría atado indefinidamente a esa contingencia.
El domingo pasado, el gerente de Transporte 9 de Julio, Ricardo Otrino, le dijo a LA GACETA que la empresa está dispuesta a quedarse "siempre y cuando la municipalidad pague los $ 40 millones" que, asegura, le debe. Desde la Dirección de Urbanidad e Higiene, un ex responsable del seguimiento de las actas de infracción de la empresa afirma, planillas en mano, que en los últimos cuatro años la municipalidad aplicó sobre la empresa alrededor de $9 millones por multas. En estos meses se verá cómo se zanja la disputa entre el municipio y Transporte 9 de Julio. Pero si algo habría que aprender de los errores del pasado, para garantizar un servicio eficiente y a un precio justo, esto es, que todo está siempre en los pliegos: la ley y la trampa.