06 Junio 2004 Seguir en 
Dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír ni ciego que el no quiere ver. Tal vez este refrán refleje la actitud de una gran parte de nuestra clase dirigente, que se comporta en forma autista ante los problemas más graves de la sociedad. Cuando estos salen a la luz y les estallan en las manos, se produce el efecto de lo que Atahualpa Yupanqui llamaba "hormiguero pateao": todos corren tratando de salvar su ropa y una vez que se aquietan las declaraciones de uno y de otro lado, por lo general, los problemas vuelven a enterrarse hasta un nuevo estallido.
El lunes pasado, el secretario de Derechos Humanos se apersonó en la seccional Primera a raíz de denuncias realizadas por madres de dos presos alojados en esa seccional. El funcionario constató que los hijos de estas mujeres permanecían arrestados junto con otros 20 presos en una celda de 4 metros de ancho por 3 de largo.
Debido que a la noche se reduce la guardia policial y hay menos frecuencia de permisos para ir al baño, comprobó que muchos de ellos hacían sus necesidades en la misma celda y que el olor era insoportable. El funcionario declaró que de los 22 presos, hay 10 que están encausados y 12 que tienen contravenciones. Agregó que de estos, dos estaban en la comisaría desde hacía más de 48 horas, y no pudieron comunicarse con su familia porque no había llegado la resolución de la Jefatura de Policía.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana afirmó que le pidieron al ministro fiscal de la Corte que se cumpla con la obligación que tienen los fiscales de concurrir a los lugares de detención y que se traslade a los detenidos, tanto contraventores como encausados, a un lugar donde no se los degrade como seres humanos.
A partir de este hecho, la Justicia reaccionó y se supo que esta situación de hacinamiento que amontona a contraventores y encausados se repite en varias comisarías. Documentos judiciales recientes informan sobre la falta de colchones y frazadas en las celdas y de los anegamientos en los baños. El problema de la falta de lugares de detención es más que preocupante. Por ejemplo, la Unidad 6 de la cárcel de Villa Urquiza, donde deben estar alojados los acusados hasta su procesamiento, está abarrotada. Por esa razón, se los deja en las dependencias policiales, junto a menores y a contraventores. El de los menores es otro de los grandes problemas sin resolver. Los institutos Roca y Belgrano tienen superada la capacidad de alojamiento, y es por eso que muchos están detenidos en comisarías.
El jefe de Policía dijo que reformulará las disposiciones respecto del tiempo de arresto por contravenciones y, en los próximos días, regiría la disposición que establece que las contravenciones que, hasta ahora tienen un tiempo de detención de seis días, quede en 48 horas como máximo. "Las contravenciones suelen ser faltas reparables; no se justifica tener detenido tanto tiempo a alguien que tal vez una noche se embriagó e hizo algún escándalo o condujo su auto", dijo. A ello hay que agregar que alguien detenido por esa causa no puede ser mezclado con delincuentes.Esta situación no es nueva y viene desde hace mucho tiempo. Se presentaron anteriormente algunas propuestas para reformular la Ley de Contravenciones que la Legislatura nunca consideró. La política de los gobiernos anteriores fue "dejar hacer, dejar pasar" y, en esta mora social, tampoco es ajeno el Poder Judicial. Si vuelven a enterrarse los problemas, resurgirán con mayor virulencia. Es hora de que abramos los ojos ante la realidad y se actúe en consecuencia. Es el único modo de evitar que nuestra sociedad siga siendo un "hormiguero pateao".
El lunes pasado, el secretario de Derechos Humanos se apersonó en la seccional Primera a raíz de denuncias realizadas por madres de dos presos alojados en esa seccional. El funcionario constató que los hijos de estas mujeres permanecían arrestados junto con otros 20 presos en una celda de 4 metros de ancho por 3 de largo.
Debido que a la noche se reduce la guardia policial y hay menos frecuencia de permisos para ir al baño, comprobó que muchos de ellos hacían sus necesidades en la misma celda y que el olor era insoportable. El funcionario declaró que de los 22 presos, hay 10 que están encausados y 12 que tienen contravenciones. Agregó que de estos, dos estaban en la comisaría desde hacía más de 48 horas, y no pudieron comunicarse con su familia porque no había llegado la resolución de la Jefatura de Policía.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana afirmó que le pidieron al ministro fiscal de la Corte que se cumpla con la obligación que tienen los fiscales de concurrir a los lugares de detención y que se traslade a los detenidos, tanto contraventores como encausados, a un lugar donde no se los degrade como seres humanos.
A partir de este hecho, la Justicia reaccionó y se supo que esta situación de hacinamiento que amontona a contraventores y encausados se repite en varias comisarías. Documentos judiciales recientes informan sobre la falta de colchones y frazadas en las celdas y de los anegamientos en los baños. El problema de la falta de lugares de detención es más que preocupante. Por ejemplo, la Unidad 6 de la cárcel de Villa Urquiza, donde deben estar alojados los acusados hasta su procesamiento, está abarrotada. Por esa razón, se los deja en las dependencias policiales, junto a menores y a contraventores. El de los menores es otro de los grandes problemas sin resolver. Los institutos Roca y Belgrano tienen superada la capacidad de alojamiento, y es por eso que muchos están detenidos en comisarías.
El jefe de Policía dijo que reformulará las disposiciones respecto del tiempo de arresto por contravenciones y, en los próximos días, regiría la disposición que establece que las contravenciones que, hasta ahora tienen un tiempo de detención de seis días, quede en 48 horas como máximo. "Las contravenciones suelen ser faltas reparables; no se justifica tener detenido tanto tiempo a alguien que tal vez una noche se embriagó e hizo algún escándalo o condujo su auto", dijo. A ello hay que agregar que alguien detenido por esa causa no puede ser mezclado con delincuentes.Esta situación no es nueva y viene desde hace mucho tiempo. Se presentaron anteriormente algunas propuestas para reformular la Ley de Contravenciones que la Legislatura nunca consideró. La política de los gobiernos anteriores fue "dejar hacer, dejar pasar" y, en esta mora social, tampoco es ajeno el Poder Judicial. Si vuelven a enterrarse los problemas, resurgirán con mayor virulencia. Es hora de que abramos los ojos ante la realidad y se actúe en consecuencia. Es el único modo de evitar que nuestra sociedad siga siendo un "hormiguero pateao".







