El enloquecido minué que baila la política nacional se transmitió al escenario tucumano. La palabra conspiración ganó el centro del ring y amenaza con teñir de manera descalificante toda interpretación de la realidad que no se amolde al criterio oficial. Sólo así se entienden las permanentes críticas del gobernador José Alperovich a las informaciones que pintan un panorama distinto del que imaginan las usinas gubernamentales o que dejan mal parado a más de un funcionario. El pensamiento uniforme que se exige termina por encerrar en un mundo autista a los inquilinos de la Casa de Gobierno y los divorcia de la sociedad.
La temperatura sube en el mundo político tucumano, pese a que el otoño mueve el termómetro en sentido descendente. El modelo bicéfalo que instituyó la Constitución de 1990 engendró más discordias que avenimientos entre el gobernador y el vicegobernador.
Las experiencias de Ramón Ortega-Julio Díaz Lozano y de Antonio Bussi-Raúl Topa encarnaron la faz problemática del esquema. Sisto Terán se sintió parte del Poder Ejecutivo antes que titular de la Legislatura y avaló a muerte a Julio Miranda. Tamaña fidelidad política no encontró correspondencia entre el destino de uno y de otro, tras el abandono del poder.
La cuarta etapa está llena de incógnitas, pero prenuncia desgastes tempranos. Quizás demasiado prematuros para un gobierno que aún no ha superado los siete meses de vida y que enfrenta múltiples asignaturas pendientes, muchas de ellas heredadas de las administraciones anteriores.
Diplomacia y desacuerdos
El veto que opone el Gobierno a las leyes que sanciona la Legislatura es una circunstancia propia de la praxis constitucional, así como el derecho a insistir que tiene esta última.
Razones financieras, jurídicas y políticas justifican que se haya recurrido a algunas de esas herramientas. Sin embargo, el veto y la insistencia pueden convertirse en armas de represalia política, si su uso se torna abusivo y desestabilizante.
La seguidilla de tarjetas rojas que Alperovich sacó a siete leyes votadas por la Cámara recalentó las relaciones. Además, los decretos de necesidad y urgencia se elaboran con rapidez en los despachos de la Casa de Gobierno, y abarcaron asuntos tan diversos como el atraso de la hora y la reestructuración burocrática de algunas dependencias.
El amago de elevar a $ 350 el salario básico de los trabajadores estatales fue el contragolpe ideado por los legisladores antialperovichistas para incomodar al Poder Ejecutivo. Los sindicalistas hallaron un punto de apoyo en su disputa con la Casa de Gobierno.
La maniobra que se trama es claramente inconstitucional, a todas luces: el inciso 2 del artículo 62 de la Carta Magna excluye de la órbita de atribuciones del Poder Legislativo a la de fijar los sueldos de los empleados públicos. De todas formas, el proyecto de ley trasunta el estado de ánimo de los actores políticos.
Y no es que hayan faltado diálogos entre el gobernador y Juri en las últimas jornadas. En la Casa de Gobierno no ocultan sus reproches hacia el conductor de la Legislatura por la falta de solidaridad política. Alperovich suele admitir que las diferencias con su segundo en la estructura del Poder Ejecutivo no le impedirán desarrollar sus programas.
Desde la Legislatura aceptan que el vicegobernador está en una situación difícil. Mientras busca calmar a los peronistas que quieren pelear con Alperovich, debe reivindicar ante este la independencia del poder que encabeza. Aun así, debe esmerarse para que no se quiebre la gobernabilidad de la provincia. Todo un ejercicio de acrobacia política y de agilidad, que, sin embargo, puede terminar mal si empeoran las relaciones con la Casa de Gobierno.
Con otros horizontes
La estrategia de Juri rebasa los límites del despacho del presidente de la Legislatura. A Ricardo Bussi y a cuatro legisladores de Fuerza Republicana recibió en una audiencia pactada hace algunos días, pero que terminó coincidiendo con el momento de mayor tensión con el Poder Ejecutivo. Los bussistas acudieron con el propósito de ratificar su oposición a la reforma constitucional, que en el plano interno había fundamentado José Costanzo, por encargo del fundador del partido. FR busca abrir una brecha en la fórmula gobernante, a costa de Alperovich.
El vicegobernador se mostró, además, al lado del salteño Juan Carlos Romero, un potencial adversario del santacruceño Néstor Kirchner. Ambos provienen del menemismo más rancio. Juri jamás sepultó sus divergencias con algunas decisiones del Presidente, que dieron protagonismo a Hebe de Bonafini, implacable crítica de mandatarios peronistas de trayectoria ortodoxa.
Alperovich se esforzó, en cambio, por ganarse los favores del patagónico. Incluso, reforzó la apuesta para revertir el clima desfavorable que se creó tras la suspensión de la visita presidencial para esta semana. Embistió así contra el bonaerense Felipe Solá en la puja por los fondos coparticipables, en una declaración que enfureció a los duhaldistas. Con su gesto, Alperovich salió en apoyo de la Casa Rosada, en momentos en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige que la Argentina cuente con una ley que regule el reparto de los impuestos federales. La posición del gobernador satifizo al kirchnerismo más ortodoxo.
El secretario de Obras Públicas de la Nación, José López -tucumano de origen- exploró ayer el terreno, para ver si cabía una reprogramación de la visita de Kirchner, lo que ocurriría finalmente en julio.
La distensión del clima social, perturbado por el descontento gremial, no es un objetivo fácil de alcanzar. No obstante, dos cabecillas sindicales le acercaron una propuesta a Miranda para que medie ante Alperovich. Le propusieron que, en forma escalonada y en tres cuotas, se pueda llegar al salario básico de $ 350. Cada una sería de $ 50, con carácter remunerativo, incluyendo la que se abonó. Ni corto ni perezoso, el ex gobernador admitió que puede ser el interlocutor ante el mundo sindical si el gobernador lo convoca. Miranda quiere ser la tercera pata del poder.
