06 Junio 2004 Seguir en 
Por Marcelo Batiz
BUENOS AIRES. - La propuesta de reestructuración de la deuda en default, efectuada como definitiva por el Gobierno nacional a sus acreedores, y el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo fueron dos de las más importantes noticias económicas de la semana que pasó.
Aunque parezcan cuestiones sin una vinculación directa, las características de uno de los bonos del menú de opciones y la imposibilidad de conocer la evolución de la paridad cambiaria de las próximas cuatro décadas relacionan a la inflación y la deuda mucho más de lo que puede parecer a primera vista, tanto desde el punto de vista financiero cuanto jurídico.
El bono cuasi par en pesos -una de las tres opciones presentadas por el ministro de Economía Roberto Lavagna- será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) da a conocer periódicamente y se realiza en base a la evolución del índice de precios al consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
A la histórica desconfianza que el argentino tuvo y tiene del valor de su(s) moneda(s), cabe agregarle tres elementos para acrecentar la incertidumbre:
La evolución histórica de los precios al consumidor y la paridad entre las sucesivas monedas domésticas y el dólar no permite extraer una conclusión que sirva para hacer proyecciones para los próximos cuarenta años.
Entre 1943 y 2003, los años en los que la inflación superó al dólar fueron tantos como los que tuvieron el resultado inverso, al compás de las sucesivas apreciaciones y depreciaciones de la moneda.
Dos ejemplos recientes son suficientes para aumentar las dudas: en 2002, el bono cuasi par hubiera representado una pérdida de más del 58 por ciento, pero en 2003 hubiera ofrecido una rentabilidad de 23 por ciento medida en dólares.
En consecuencia, nadie puede adelantar si el bono en pesos ajustado por CER (en definitiva, por inflación) terminará siendo la ruina o el negocio del siglo.
Los bonos serán ajustados por un coeficiente elaborado en base a un índice de precios cuya validez está siendo cuestionada por diferentes especialistas.
Para períodos extensos
Por empezar, es un IPC de alcance nacional, pero elaborado de acuerdo con las pautas de consumo y con las variaciones de precios del área metropolitana, con una marcada preponderancia de los sectores medios-altos. De otra forma, no podría entenderse que en el mes que acaba de finalizar el impacto del incremento del gas en garrafa en el índice de precios al consumidor fue del 0,01 por ciento.
Para períodos extensos, como es el caso del rescate de los bonos, una pequeña diferencia en el IPC podría tornarse ostensible con la acumulación de los meses.
Las consecuencias legales no pueden pasarse por alto. Tanto el CER y como el IPC son elaborados por organismos del Estado argentino, es decir de la parte deudora.
Asimismo, el Coeficiente de Estabilización de Referencia fue creado mediante un decreto de necesidad y urgencia cuya constitucionalidad aún sigue siendo cuestionada en estrados judiciales.
Por último, la fórmula de cálculo del CER está sujeta a variaciones a cargo de la parte deudora sin necesidad de recurrir al Parlamento, como si en un juicio civil los coeficientes de actualización los determinara la parte demandada.
En definitiva, el tercer día hábil de cada mes, los futuros tenedores de bonos en pesos prestarán más atención que nunca a la difusión del Indice de Precios al Consumidor, tan cerca de la reestructuración de la deuda. (DyN)
BUENOS AIRES. - La propuesta de reestructuración de la deuda en default, efectuada como definitiva por el Gobierno nacional a sus acreedores, y el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo fueron dos de las más importantes noticias económicas de la semana que pasó.
Aunque parezcan cuestiones sin una vinculación directa, las características de uno de los bonos del menú de opciones y la imposibilidad de conocer la evolución de la paridad cambiaria de las próximas cuatro décadas relacionan a la inflación y la deuda mucho más de lo que puede parecer a primera vista, tanto desde el punto de vista financiero cuanto jurídico.
El bono cuasi par en pesos -una de las tres opciones presentadas por el ministro de Economía Roberto Lavagna- será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) da a conocer periódicamente y se realiza en base a la evolución del índice de precios al consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
A la histórica desconfianza que el argentino tuvo y tiene del valor de su(s) moneda(s), cabe agregarle tres elementos para acrecentar la incertidumbre:
La evolución histórica de los precios al consumidor y la paridad entre las sucesivas monedas domésticas y el dólar no permite extraer una conclusión que sirva para hacer proyecciones para los próximos cuarenta años.
Entre 1943 y 2003, los años en los que la inflación superó al dólar fueron tantos como los que tuvieron el resultado inverso, al compás de las sucesivas apreciaciones y depreciaciones de la moneda.
Dos ejemplos recientes son suficientes para aumentar las dudas: en 2002, el bono cuasi par hubiera representado una pérdida de más del 58 por ciento, pero en 2003 hubiera ofrecido una rentabilidad de 23 por ciento medida en dólares.
En consecuencia, nadie puede adelantar si el bono en pesos ajustado por CER (en definitiva, por inflación) terminará siendo la ruina o el negocio del siglo.
Los bonos serán ajustados por un coeficiente elaborado en base a un índice de precios cuya validez está siendo cuestionada por diferentes especialistas.
Para períodos extensos
Por empezar, es un IPC de alcance nacional, pero elaborado de acuerdo con las pautas de consumo y con las variaciones de precios del área metropolitana, con una marcada preponderancia de los sectores medios-altos. De otra forma, no podría entenderse que en el mes que acaba de finalizar el impacto del incremento del gas en garrafa en el índice de precios al consumidor fue del 0,01 por ciento.
Para períodos extensos, como es el caso del rescate de los bonos, una pequeña diferencia en el IPC podría tornarse ostensible con la acumulación de los meses.
Las consecuencias legales no pueden pasarse por alto. Tanto el CER y como el IPC son elaborados por organismos del Estado argentino, es decir de la parte deudora.
Asimismo, el Coeficiente de Estabilización de Referencia fue creado mediante un decreto de necesidad y urgencia cuya constitucionalidad aún sigue siendo cuestionada en estrados judiciales.
Por último, la fórmula de cálculo del CER está sujeta a variaciones a cargo de la parte deudora sin necesidad de recurrir al Parlamento, como si en un juicio civil los coeficientes de actualización los determinara la parte demandada.
En definitiva, el tercer día hábil de cada mes, los futuros tenedores de bonos en pesos prestarán más atención que nunca a la difusión del Indice de Precios al Consumidor, tan cerca de la reestructuración de la deuda. (DyN)







