Una oportunidad para mejorar el control del Estado

Por Hugo Ferullo, doctor en Economía
La decisión del gobierno nacional de crear una empresa pública de energía, despierta en muchos analistas económicos fundadas dudas acerca de la capacidad que tiene el Estado de administrar empresas productivas complejas. Estas dudas provienen de nuestra historia al momento de las grandes privatizaciones, que culminó con el rotundo fracaso de la década de 1980 y su final hiperinflacionario.
En ese momento crítico, comenzó a construirse en el país un fuerte consenso sobre la necesidad de practicar profundos cambios en el rumbo de la economía, frente a un proceso de globalización que reclamaba no sólo disminuir el nivel de protección externa del sector industrial, sino también lograr disciplinar a un Estado cuyas empresas públicas eran irracionalmente deficitarias. Este consenso, edificado alrededor de la apertura económica, de la desregulación de los mercados y de la privatización masiva de activos públicos, fue aprovechado por el pensamiento económico argentino más extremo para alentar un verdadero derrumbe del Estado y de todo espacio público de debate sobre los asuntos socioeconómicos, cuyo análisis debían ser reservado a los especialistas y expertos.
Pero la crisis de 2001 sirvió para mostrar las consecuencias trágicas que tiene para la vida social el experimento de abandonar las funciones básicas que tiene el Estado y la esfera de lo público en la vida económica moderna. Cuando se entregan en concesión servicios monopólicos, o cuando se privatizan empresas con posibilidades de recibir enormes rentas, no se puede confiar en el mecanismo automático del mercado. Sólo bajo condiciones idealmente competitivas la regulación del mercado consigue eficiencia en la provisión de bienes y servicios. Cuando las condiciones se alejan de la idealización de la competencia, el Estado tiene que cumplir con la función esencial de control para evitar la concentración indebida y los abusos de poder por parte de los grandes agentes privados.
El mayor drama del Estado argentino es que ha demostrado ser incapaz de comprometerse en la producción directa de bienes y servicios de manera eficiente, sin incurrir en déficits y sin caer en prácticas de escandalosa corrupción. Además resultó ser incapaz para controlar los negocios no competitivos dejados en manos de grandes empresas privadas. En ambos casos, es la población quien sufre las consecuencias, en particular los más pobres. No hay ninguna ley que prediga que todo emprendimiento productivo del Estado en bienes y servicios no competitivos esté condenada a la ineficiencia y a la corrupción. Esto es lo que tenemos que aprender de una vez por todas en nuestro país, y la empresa pública de energía que se propone crear en la actualidad brinda una ocasión inmejorable para ponernos a prueba.