04 Junio 2004 Seguir en 
"Kirchner no irá a Tucumán el 8". La fría respuesta del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, cayó pesadamente en el Poder Ejecutivo. Así, el presidente de la Nación aplazó su visita a la provincia, alimentando nuevamente una serie de conjeturas respecto de su ausencia. El gobernador José Alperovich había consensuado con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, una serie de anuncios que Néstor Kirchner iba a pronunciar el martes próximo.
Hoy por hoy, Tucumán no le ofrece al jefe de Estado nacional garantías de un viaje tranquilo. La sucesión de protestas, por parte de los gremios estatales, crispa los nervios de más de un funcionario de la Casa de Gobierno. Pero también esas manifestaciones son seguidas con atención desde la Casa Rosada. En el entorno presidencial creen que un planteo directo de los sindicalistas a Kirchner podría debilitar al gobernador en su estrategia por no aumentar el gasto público, con un eventual incremento salarial a $ 350 en el básico.
Además, hay algunos funcionarios que piensan que Kirchner sólo va a los lugares no conflictivos y que no puedan dañar su imagen en las encuestas. Hoy, por ejemplo, el Presidente irá a Santa Cruz para entregar ATN para obras de infraestructura.
Pese a estas conjeturas, el propio Alperovich salió esta semana a demostrar, por enésima vez, su kirchnerdependencia. Casi como abstrayéndose de los problemas domésticos, el mandatario tucumano criticó con dureza a su par de Buenos Aires, Felipe Solá, quien está enfrentado con el oficialismo. Alperovich le sacó factura a Solá respecto de que el bonaerense es uno de los referentes que frena el tratamiento de la nueva ley de coparticipación. A título de ejemplo, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, reforzó los dichos del gobernador sobre el temor que tienen las provincias chicas en el nuevo reparto del dinero federal.
En el Poder Ejecutivo, sus operadores políticos apuestan las últimas fichas a que Kirchner llegará el 9 de julio. Afirman que los desaires presidenciales no obedecen a cuestiones políticas (estamos en sintonía con el Gobierno nacional, sostienen). En cambio, consideran que Kirchner tiene cubierta la agenda de actividades.
Relaciones conflictivas
Más allá de esta situación, hay otro conflicto que se profundizó en los últimos días.
En la Legislatura, sus miembros observaron con preocupación la actitud de Alperovich de vetar una serie de leyes. La mayoría de los parlamentarios entiende que la reacción del gobernador frente a las iniciativas de la Cámara responde a cuestiones políticas más que a razones técnicas.
Esto motivó que las relaciones entre el Ejecutivo y la Legislatura se tensaran. Pero la cuestión de fondo es el aplazamiento del análisis de la reforma constitucional. Según algunos legisladores, este tema fue el que desencadenó la virtual crisis interpoderes.
Sin embargo, desde el edificio de San Martín y 25 de Mayo y desde el de la avenida Sarmiento al 600 aclaran que no quieren ponerle palos en la rueda a la gestión. Todos estamos en el mismo barco, afirman desde uno y otro sector.
Desde el PE están dispuestos a abrir canales de diálogo con los legisladores para solucionar el problema. En la Cámara, en tanto, se abrió un impasse de 15 días para escuchar lo que expondrán los funcionarios del Ejecutivo. Además, durante ese período, se conformarán comisiones de abogados y de técnicos para analizar la posible insistencia parlamentaria de algunas de las normas vetadas por Alperovich.
En el medio de toda esta disputa están los tucumanos. En la sociedad aún persiste la sensación de que una reforma constitucional es inoportuna. Las charlas interpoderes marcarán el rumbo político y el destino de la provincia.
Hoy por hoy, Tucumán no le ofrece al jefe de Estado nacional garantías de un viaje tranquilo. La sucesión de protestas, por parte de los gremios estatales, crispa los nervios de más de un funcionario de la Casa de Gobierno. Pero también esas manifestaciones son seguidas con atención desde la Casa Rosada. En el entorno presidencial creen que un planteo directo de los sindicalistas a Kirchner podría debilitar al gobernador en su estrategia por no aumentar el gasto público, con un eventual incremento salarial a $ 350 en el básico.
Además, hay algunos funcionarios que piensan que Kirchner sólo va a los lugares no conflictivos y que no puedan dañar su imagen en las encuestas. Hoy, por ejemplo, el Presidente irá a Santa Cruz para entregar ATN para obras de infraestructura.
Pese a estas conjeturas, el propio Alperovich salió esta semana a demostrar, por enésima vez, su kirchnerdependencia. Casi como abstrayéndose de los problemas domésticos, el mandatario tucumano criticó con dureza a su par de Buenos Aires, Felipe Solá, quien está enfrentado con el oficialismo. Alperovich le sacó factura a Solá respecto de que el bonaerense es uno de los referentes que frena el tratamiento de la nueva ley de coparticipación. A título de ejemplo, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, reforzó los dichos del gobernador sobre el temor que tienen las provincias chicas en el nuevo reparto del dinero federal.
En el Poder Ejecutivo, sus operadores políticos apuestan las últimas fichas a que Kirchner llegará el 9 de julio. Afirman que los desaires presidenciales no obedecen a cuestiones políticas (estamos en sintonía con el Gobierno nacional, sostienen). En cambio, consideran que Kirchner tiene cubierta la agenda de actividades.
Relaciones conflictivas
Más allá de esta situación, hay otro conflicto que se profundizó en los últimos días.
En la Legislatura, sus miembros observaron con preocupación la actitud de Alperovich de vetar una serie de leyes. La mayoría de los parlamentarios entiende que la reacción del gobernador frente a las iniciativas de la Cámara responde a cuestiones políticas más que a razones técnicas.
Esto motivó que las relaciones entre el Ejecutivo y la Legislatura se tensaran. Pero la cuestión de fondo es el aplazamiento del análisis de la reforma constitucional. Según algunos legisladores, este tema fue el que desencadenó la virtual crisis interpoderes.
Sin embargo, desde el edificio de San Martín y 25 de Mayo y desde el de la avenida Sarmiento al 600 aclaran que no quieren ponerle palos en la rueda a la gestión. Todos estamos en el mismo barco, afirman desde uno y otro sector.
Desde el PE están dispuestos a abrir canales de diálogo con los legisladores para solucionar el problema. En la Cámara, en tanto, se abrió un impasse de 15 días para escuchar lo que expondrán los funcionarios del Ejecutivo. Además, durante ese período, se conformarán comisiones de abogados y de técnicos para analizar la posible insistencia parlamentaria de algunas de las normas vetadas por Alperovich.
En el medio de toda esta disputa están los tucumanos. En la sociedad aún persiste la sensación de que una reforma constitucional es inoportuna. Las charlas interpoderes marcarán el rumbo político y el destino de la provincia.







