El deterioro de la gestión pública

El prolongado proceso de deterioro de nuestra vida pública, generador de la crisis que la Nación está tratando de superar, ha dejado secuelas firmemente enquistadas en el accionar de los poderes del Estado y en las dirigencias políticas y sociales. Esa situación se advierte frecuentemente en decisiones fundamentales donde se ponen en juego valores esenciales para la convivencia de la sociedad y la preservación de los intereses generales.
La reciente disposición de un fiscal bonaerense, ordenando a la policía filmar y fotografiar a los piqueteros que porten armas impropias, como palos, caños y escopetas de fabricación casera, puede ser un testimonio de aquellas circunstancias. Esa orden establece que la intervención policial deberá tratar previamente de secuestrar los elementos referidos y, sólo en caso de negativa o resistencia, proceder a la filmación.
Ante la réplica crispada de líderes piqueteros calificando al fiscal con duros términos, este aclaró, además, que no se trata de una actividad de inteligencia, sino de reunir elementos para la investigación del ministerio público. La cautelosa doctrina del fiscal a cargo de una unidad funcional de investigaciones evidencia el extendido temor de las autoridades de preservar la legalidad y el orden público para la protección de terceros frente a los hechos inmediatos. Y olvida, por lo demás, el fallo reciente de la Cámara Federal de Casación Penal que calificó como delitos penales los cortes innecesarios de tránsito.
Otro testimonio del grave deterioro de nuestra vida pública pudo advertirse durante la reciente audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado, para considerar la designación de Esteban Righi como procurador General de la Nación. En dicha oportunidad, ante una objeción del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) por el hecho de que el jurista propuesto percibe una jubilación de privilegio por haber sido ministro del Interior hace treinta años, el doctor Righi aclaró que se trataba de una concesión acordada de acuerdo con el derecho vigente. En esa circunstancia los miembros de la comisión eludieron el problema ético que implican privilegios tan legales a veces como los sobresueldos políticos que hoy escandalizan, carentes de eticidad.
Tampoco hubo inquietud alguna por indagar si el eventual procurador general trabajó posteriormente o tan sólo lo hizo 20 años después, tras la sanción de la ley de solidaridad previsional. Parecida reflexión merece la rapidez de escasas horas con que la Justicia Electoral rehabilitó el derecho a votar de Carlos Bettini, propuesto como embajador en España a pesar de su doble nacionalidad argentino-española y de sus notorios intereses en la madre patria. Rapidez judicial que precedió al ingreso del pliego correspondiente en la comisión de acuerdos.
Esos ejemplos testimoniales de la forma con que decisiones u omisiones oficiales eluden y hasta violentan normas y principios esenciales para integridad del Estado, responden a estilos de comportamientos públicos sobre los cuales es muy difícil recuperar los valores republicanos.
Es así que la autoridad de aplicación de la ley puede menoscabarla por temor u oportunismo político, lo mismo que quienes dictan o sancionan una norma se arrogan el poder de formalizar privilegios en desmedro de la ética de sus beneficiarios, o de acordar investiduras eludiendo exigencias muy precisas de los intereses del Estado. No es tarea sencilla poner fin a un estado de corrupción intrínseca como el evidenciado por esos y otros testimonios con tan prolongada vigencia en nuestra vida pública. Tampoco será posible si no se trata de evitar su perduración o, por el contrario, se lo acepta como recurso en la gestión de intereses superiores de la Nación.