Junio muestra, tras el séptimo mes de gestión de José Alperovich, un escenario político ciertamente complicado. Por un lado, se ha venido sucediendo una serie de hechos de una gravitación institucional que no es menor. Por el otro, el Gobierno se manifiesta profundamente sensibilizado por la trascendencia pública que han adquirido esos hechos.
El denominador común de las acciones oficiales cuestionadas tiene que ver, si se quiere, con la esencia de esas medidas. Es decir, se refiere a que es difícil determinar cuál es la finalidad legítima de tales actos, planteado esto por el Tribunal de Cuentas, por el Poder Judicial y por la oposición.
La cuestión emblemática, por la cantidad y por la magnitud de los elementos que conjuga, está dada por los polémicos honorarios fijados a dos abogados menores de 30 años, a raíz de su aparente mediación en la negociación de la deuda del Estado con la Caja Complementaria de la Actividad Docente.
Aparece aquí un decreto firmado por Alperovich y por el ministro de Economía Jorge Jiménez, ordenando el pago de $ 2,6 millones a dos abogados. Uno era empleado de Casa de Gobierno. El Tribunal de Cuentas se opuso al pago luego de pedir que se fundamente la medida, por considerar que los detalles a los que el Gobierno llamó "pormenorizado informe" no eran ni siquiera jurídicamente sustentables.
El monto tampoco es un detalle menor. La última cifra similar involucrada en una presunta irregularidad gubernamental fue el soborno que se pagó a legisladores para declarar la necesidad de la reforma, y que ascendía a $ 2 millones. Supuestamente, claro está.
El oficialismo se defiende asegurando que no llegaron a pagarse los honorarios. Pero la Justicia tomó cartas en el asunto y la fiscalía anticorrupción quiere determinar si, efectivamente, no hubo desembolso porque, caso contrario, se podría haber afectado patrimonialmente a la provincia.
Paralelamente, el peronista Alejandro Sangenis, el republicano Ernesto Padilla y el radical Juan Robles plantearon que la pesquisa debe ir más allá de si hubo o no un pago. "Los delitos también se cometen en grado de tentativa", puntualizaron los legisladores.
Dentro de la línea de la administración de fondos públicos, figura también el "Caso Macías". Una asistencia (y no un préstamo) por $ 27.000 a través del Subsidio de Salud para que un empresario solvente, que no es afiliado de la obra social estatal, afronte un tratamiento en Buenos Aires. A quienes sí aportan al Subsidio de Salud, y carecen de mayores recursos, ayudas de esa clase les son negadas. El Tribunal de Cuentas también cuestionó el hecho y la fiscalía anticorrupción pidió que la causa sea elevada a juicio.
Fotos veladas
Las acciones oficiales también se tornan delicadas fuera del manejo del erario. El hecho de que el juez de menores Héctor Agustín Aráoz denunciara a la Corte Suprema de Justicia que un subcomisario, con el rostro cubierto, tomaba fotos de su juzgado, es de una gravedad inusitada. Sobre todo cuando, según el documento de denuncia que refrenda este magistrado, el agente en cuestión (se trata de Félix Romano) declaró ante otro juez de Menores, Raúl Oscar Ruiz, que tenía órdenes del Gobierno para cumplir su tarea, en el marco de una investigación secreta de la que no podía dar detalles.
El hecho fue desmentido por el Poder Ejecutivo y por la propia Policía, que sí tiene antecedentes reconocidos en la materia. El propio ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, reconoció que el Gobierno decidió fotografiar las protestas de estatales, práctica reivindicada en nombre de la "inteligencia criminal".
Frente a buena parte de estos hechos, Alperovich definió resueltamente, en su último desayuno con la prensa, que son opositores a su gestión quienes no piensan como el gobierno.
Frente a los hechos descritos resta que se defina, exactamente, qué y cómo piensa el Gobierno.
