En la historia del progreso humano, el estado de derecho fue el invento más notable para poner coto a la arbitrariedad. Cuando el poder no estaba fraccionado en tres (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y cuando no estaban estatuidos los que hoy se conocen como derechos fundamentales de las personas -aquellos que no se pueden derogar sea quien sea el que gobierne- el soberano era la ley. Era el reino de la más absoluta discrecionalidad. Nada estaba a salvo de los cambios de humor de quienes mandaban: ni la vida ni la propiedad ni, mucho menos, la libertad en todas sus formas (religiosa, científica, de expresión, etcétera). De estas cosas la Argentina sabe bastante. Los controles y los límites, por ende, son esenciales en una democracia. Y la prueba es lo que acaba de suceder con el Tribunal de Cuentas (TC). Gracias a los reparos que puso este organismo, el Estado -léase todos los tucumanos- se libró de pagar $ 2,6 millones en honorarios a dos jóvenes abogados que actuaron como mediadores en la negociación de la millonaria deuda de la Provincia con la Caja Complementaria de la Actividad Docente.
"Ese pago resulta jurídicamente objetable, por no acreditarse en las actuaciones labor profesional alguna que sustente el reconocimiento", concluyó al TC al objetar los pagos a Walter Ibri ($1,5 millón) y a Héctor Aguirre (casi $ 1,1 millón). Lo curioso es que el gobernador José Alperovich, en vez de alegrarse de lo que se salvó -más aún cuando se muestra celoso al administrar las escuálidas finanzas provinciales-, pareció enojarse. Culpó a la prensa -concretamente a LA GACETA-, pero no aclaró bien de qué (al parecer, de que el hecho haya salido a la luz).
Más constructivo, institucionalmente, sería que el mandatario explicara por qué Ibri, mientras trabajaba en la Subsecretaría Técnica del Ministerio de Gobierno (cargo al que renunció el lunes), participaba en negociaciones en las que no resulta claro qué intereses defendía. El fiscal de Estado, Antonio Estofán, trataba con Ibri y no sabía que este tenía una relación con el Estado. Y el ministro en cuya cartera aquel prestaba funciones, Edmundo Jiménez, confesó que no lo conocía. ¿Y por qué lo designó?
Muchos interrogantes
En el Gobierno se defienden y afirman que Ibri tenía relaciones con la Caja Complementaria de la Actividad Docente desde antes de haber sido nombrado en el Ministerio de Gobierno, y que no cometieron ninguna estafa, como asegura el legislador bussista, Ernesto Padilla. Aseguran que si hubieran querido delinquir habrían insistido con los honorarios (en un nuevo decreto los ajustaron a $ 1,1 millón para seis abogados y excluyeron a Ibri y a Aguirre). También lamentan que este problema haga perder de vista que en la negociación la deuda bajó de $ 40 millones a $ 26,5 millones, hecho que fue elogiado por el propio TC.
En abril, el ministro Jiménez reconoció que no era partidario de que se le diera rango constitucional al TC (hoy depende de una ley) si se reforma la Carta Magna. ¿Seguirá pensando lo mismo? En la Legislatura, donde el oficialismo ya tenía todo arreglado para designar a Luis Acosta como defensor del pueblo por seis años (el próximo 7 se le vence el mandato provisorio que tenía por 180 días), dieron marcha atrás y concluyeron que un cargo tan importante no podía cubrirse a dedo -más allá de las virtudes de Acosta-, sino mediante un mecanismo de selección más transparente (no descartan llamar a un concurso público de postulantes). ¿Hará lo mismo Alperovich? ¿Revisará que falló para que un hecho aparentemente positivo (la reducción de la deuda y que $ 8 millones de ella se paguen a 16 años mediante títulos Consadep) hoy esté salpicado de sospechas?¿O seguirá culpando de las noticias a quien la difunde (el cartero, como suele decirse) en vez de a quienes las generan?
