El desvío de fondos previsionales

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso desviar 755 millones de pesos del sistema previsional para financiar la adquisición de fueloil en Venezuela, destinado a aliviar la crisis energética, y atender parte de la deuda con Paraguay por la elevación de la cota de la represa de Yacyretá. La decisión fue suscripta por el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, y por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y se amparó en la concesión por el Congreso a la Jefatura del Gabinete, de la facultad para redistribuir asignaciones presupuestarias sin intervención legislativa. Con anterioridad, el ministro Lavagna había anunciado el financiamiento de la crisis eléctrica mediante recursos del superávit fiscal proyectado, por lo que llama la atención la reducción del presupuesto de la Anses, especialmente por haberse denunciado con reiteración desde el Gobierno central que el sistema previsional de capitalización puso en emergencia al estatal o de reparto. Pero esa disponibilidad de fondos de la Anses no sólo contradice aquella preocupación oficial, sino que opera como viento en contra del principio elemental que prioriza los recursos integrados con aportes de quienes trabajan, para la atención jubilatoria. Más aún durante un período como el presente, cuando la caída de esos aportes es uno de los datos relevantes del colapso económico.
La decisión oficial repite lo que gobiernos sucesivos practicaron con los recursos provisionales, demostrando la inconveniencia de que los aportes de los trabajadores estén al alcance de funcionarios y de políticos con poder para desviarlos. Fue por ello que hace una década, cuando se creó el sistema previsional privado de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, sus afiliaciones triplicaron rápidamente las del estatal, hasta alcanzar 9,4 millones contra 2,2 al finalizar 2003. La experiencia de nuestra sociedad había pasado por un deterioro previsional sin precedentes, que la llevó a acoger esperanzada el régimen exitosamente probado en los países con mayor desarrollo económico y social, tratando de asegurar sus ahorros jubilatorios ante el invariable destino de los mismos para subsidiar el crónico déficit fiscal. Sin embargo, poner distancia entre la fuerte succión fiscalista y los recursos provisionales fue un objetivo insuficientemente alcanzado, pues el régimen de las AFJP no llegó a ser plenamente el de un instituto privado, al fijársele en su constitución una elevada cuota de inversión con fines de financiamiento interno para la producción y el Estado. Hasta el punto de tener más del 75% en títulos públicos, limitándose la inversión externa, con lo cual el aporte de los afiliados quedó sometido a probadas alternativas de riesgo para una pasividad proporcional al ahorro.
Singularmente, los mismos funcionarios que al asumir hace un año fueron severos críticos del régimen de capitalización, formalizaron con este poco después la financiación de obras de infraestructura y vivienda, marcando una tendencia sobre la orientación del sistema en el futuro. La disponibilidad reciente de fondos de la Anses para fines ajenos a su destino es un dato revelador de que la confusión de recursos a costa de la clase pasiva sigue siendo pauta de la política nacional o, si se quiere mejor, de una concepción perturbadora de los intereses generales. Para colmo de esa circunstancia, al 27% de títulos en default con que participa el sistema de capitalización en la insolvencia de la deuda debió agregarse el confuso discurso oficial que, con esa disponibilidad de fondos de la Anses, provoca un panorama de incertidumbre. Y es que poner a salvo los aportes previsionales de las ansiosas manos estatales sigue siendo en nuestro país una utopía.