Hacia la ley educativa

La semana pasada, de paso por Tucumán, el secretario de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, cometió "sincericidio". Dijo que no todas las provincias pueden -como sí lo hace la ciudad de Buenos Aires- permitirse extender la obligatoriedad de la escolarización hasta el Polimodal.
Con cierta dosis de fatalismo, el funcionario transparentaba las asimetrías culturales, económicas y sociales existentes entre Buenos Aires y la otra Argentina. El debate en marcha en Tucumán sobre una ley provincial de Educación permite imaginar que una norma para el sector obligará al Estado y a los otros agentes educativos (públicos de gestión privada) a mejorar la calidad de la oferta, y que ello derivará en un nivel educativo más calificado.
Más aún, la propuesta del Ejecutivo provincial fija la obligatoriedad escolar hasta completar la Educación General Básica y deja explícita su voluntad de tender hacia la progresiva inclusión del ciclo polimodal.

Puntos en conflicto
Sin embargo, se observa que no será fácil el camino hacia una ley consensuada entre el Poder Legislativo y el proyecto que se gestó en la Casa de Gobierno.
Y, a la vez, es difícil imaginar, mirando al futuro, si finalmente llegará al recinto legislativo un proyecto totalmente consensuado en la Cámara, o con dictámenes en minoría. Esta última situación es la más previsible, cuando se observa que en el menú en análisis confluyen cuestiones que en cierta medida exceden el marco de una ley de Educación en el sentido estricto; por ejemplo, el reconocimiento de la dignidad de la persona humana desde la concepción, o, en el arco contrario, la aceptación del concepto de género, en el punto relativo a igualdad de oportunidades.
También hay "bibliotecas divididas" en lo que atañe al rol del Estado como control de la administración contable de los establecimientos privados que reciben subsidio estatal, y hay coincidencias en puntos como la jerarquización de la educación técnica, en consonancia con las políticas de la Nación al respecto.
En la vereda del PE, el proyecto de la Casa de Gobierno ofrece un plexo básico, que descansa en la responsabilidad del Estado para que se cumpla con la sentencia judicial que obligó a la Provincia a cumplir con la Ley Federal Educativa. Los gestores de esa iniciativa sostienen que se eligió esa modalidad más bien ascética para evitar "sobreabundancia legislativa".
Pero si hay un punto central de la discusión que se avizora difícil, este es el relativo al financiamiento del sistema. Mientras que la propuesta del PE es más genérica al respecto, la legislativa determina que los fondos asignados anualmente por la ley de Presupuesto provincial al "Ministerio" de Educación y Cultura no podrán ser inferiores al 30% del presupuesto general (el actual fluctúa entre el 26 y el 28%).

Debates y lobbies
En una sociedad que adolece de falta de debate, el anteproyecto de la Cámara ofrece un ejercicio de destreza participativa, ante la diversidad de los planteos sectoriales que confluyeron en la mesa de discusión desde que arrancó la discusión sobre la ley educativa. Hay quienes advierten que una cosa son los saludables escenarios deliberativos que se desenvuelven en democracia, y otra muy distinta son las presiones de los diferentes lobbies corporativos, en su intento de hacer ley sus propios intereses sectoriales. Pero son los riesgos -también saludables- de una sociedad que necesita ejercitar su voluntad de participación pública.