El boleto en la capital debería costar $21,22, aseguran los empresarios

La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) envió el martes una nota al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para expresar que, según sus informes técnicos, el boleto de ómnibus debería costar $21,22. El monto supera en un 59% al precio vigente, de $12,50.

El presidente del cuerpo vecinal, el peronista Armando Cortalezzi (bloque Tucumán Crece), explicó que el planteo de los empresarios fue girado a la comisión de Transporte. De todas formas le anticipó a LA GACETA que está descartado por el momento un incremento en los pasajes de la capital. “Si bien se puede pensar que el aumento del dólar viene impactando en los combustibles y en los repuestos, no hay ánimos de dar un aumento, porque a la gente también le alcanza cada vez menos, y es una situación muy delicada. Lo vamos a analizar muy profundamente, pero se ha dado (un incremento) hace cuatro meses”, expresó el concejal alineado a la Casa de Gobierno.

En febrero pasado, también por pedido de Aetat, el cuerpo vecinal había aumentado el boleto en un 30%. Así, el precio pasó de $9,35 a los $12,50 actuales. Según las empresas, sus estudios técnicos indicaban que debía ser de $15,98.

Ahora, el sector privado insiste con que le resulta muy difícil sostener las cargas operativas en el contexto actual. Por eso, los empresarios argumentaron que, sobre la base de los costos ajustados a junio, correspondería establecer el pasaje en $19,21 más $2,01 de IVA, lo que totalizaría los $21,22.

Cortalezzi afirmó que el cuerpo vecinal pidió una serie de informes y que el planteo de Aetat seguirá los carriles institucionales de rigor. Pero reiteró que el contexto económico es “complejo”. “El vecino que anda en colectivo es el que más sufre. Lo vemos cada vez que sube la canasta básica. Será un castigo aumentar el boleto”, consideró.

Normas recientes

El estado de situación de las empresas tucumanas de ómnibus fue motivo de debate este año también en el recinto de la Legislatura.

El 15 de marzo fue sancionada la ley 9.081, que facultó al titular del Poder Ejecutivo (PE), Juan Luis Manzur, a prorrogar la concesión de la explotación del servicio de transporte público con los encargados actuales. Se les otorgó 180 días para “acreditar el cumplimiento de las exigencias y requisitos” previstos en las normas. Así, las firmas prestatarias se aseguraron la continuidad en este rubro por otros siete años.

Dirigentes de Aetat participaron más adelante, el 15 de mayo, de la sesión en la que se declaró la Emergencia en Transporte Público de Pasajeros por dos años (prorrogables por otros dos). Sobre la base de un proyecto que había sido girado por el gobernador, Juan Luis Manzur, la Legislatura habilitó al Poder Ejecutivo a entregar subsidios mensuales a Aetat por hasta $20 millones durante el tiempo que dure el estado de excepción. Días atrás, mediante decreto, el mandatario reservó $140 millones del Tesoro para los aportes al empresariado. Además, Manzur autorizó el envío de los primeros $20 millones a Aetat.

Según la ley de Emergencia en Transporte Público de Pasajeros, es la propia asociación la que debe distribuir las sumas entre las firmas que la componen. La norma aclara que este reparto debe seguir “parámetros vinculados con la prestación de la actividad, número de unidades operativas y su estado, consumo de combustible, cantidad de kilómetros recorridos y situación del parque automotor”.

A cambio de estos aportes económicos, Aetat firmó un compromiso para mantener la planta de empleados de las empresas que integran la asociación.