CONCENTRADO. El citricultor Juan Zamora aparece junto a sus defensores durante la audiencia realizada ayer.
El citricultor Juan Zamora acordó realizar una millonaria reparación para evitar ser enjuiciado por el delito de robo simple en concurso ideal con entorpecimiento de la provisión de agua y fraude a la administración pública.
“Se lo imputó por haber diseñado y ejecutado una infraestructura hidráulica clandestina, entre los meses de febrero de 2022 y mayo de 2023, que consistió en la perforación de un caño maestro en una propiedad colindante a la suya, de la Universidad Nacional de Tucumán”, explicó el fiscal Diego López Ávila. “Se trató de un caño maestro que asiste a la zona de Yerba Buena, puntualmente a la zona de El Corte y demás, acción realizada con el conocimiento de un posible desabastecimiento a zonas pobladas”, añadió al presentar el caso.
También dijo que el acusado, a través de sus defensores, Silvia Peyracchia y Camilo Atim, presentó una propuesta para que el caso se resuelva a través de una suspensión de juicio a prueba. El empresario ofreció pagar una reparación de $250 millones a la Provincia, donar pinturas a una escuela de La Calera -ubicada en Alberdi-, colocar un portón en la iglesia de la misma localidad y donar una bomba de agua cuyo destino deberá definir el Ministerio Público.
A cambio, según el planteo realizado, solicitó que los responsables de la Sociedad de Aguas del Tucumán se abstuvieran de continuar con las acciones civiles en su contra y que no se le aplicaran multas. Solicitaron que el período de cumplimiento de la probation sea de un año.
“El instituto de suspensión de juicio a prueba busca una solución restaurativa y eficiente del conflicto penal, en donde se prioriza básicamente el daño y la paz social. Nos parece importante el ofrecimiento de la reparación en cuanto constituye la reconciliación de esta justicia restaurativa con la sociedad. Me parece importante destacar las reglas de conducta impuestas, que tienen un fuerte componente comunitario y económico”, dijo López Ávila.
Las respuestas
La Provincia, que asumió el rol de querellante, a través de la fiscal de Estado Gilda Pedicone y el abogado José María Molina, anunció que aceptaría la propuesta siempre y cuando se anulara la suspensión de la imposición de multas. Explicaron que el personal de Recursos Hídricos había encontrado la existencia de dos pozos con los que se extraía agua y que no estaban autorizados. “Es un trámite administrativo que no estaba contemplado en esta causa”, argumentaron.
Ante esta situación, el acusado decidió retirar ese pedido y el acuerdo terminó cerrándose, puesto que Marcelo Caponio, titular de la SAT, a través de su representante legal, Walter Ojeda Ávila, aceptó la propuesta.
Antes de que resolviera el juez Facundo Maggio, la fiscal de Estado Pedicone aclaró que, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, los $250 millones que debía recibir la Provincia serán entregados a Cáritas para que sean utilizados en organizaciones de bien público. La funcionaria informó a qué cuenta debía transferirse ese monto dentro de los cinco días hábiles.
El juez interviniente resolvió aceptar los planteos de las partes y Zamora accedió a la medida alternativa. Al citricultor se le mantuvieron las reglas de conducta que debía cumplir, como no viajar al exterior sin autorización y presentarse ante las autoridades una vez al mes. También aceptó que, mientras dure el período de prueba, seguirá vigente la caución de $200 millones que le impusieron durante el proceso.
De los defensores
“Corresponde aclarar que la suspensión de juicio a prueba no implica admisión de culpabilidad ni reconocimiento de hecho ilícito alguno. Se trata de una herramienta legal que culmina con un sobreseimiento para Zamora luego de cumplir ciertas reglas de conducta”, sostuvieron Peyracchia y Atim. “Además, permite evitar la realización de un juicio oral, el cual -si bien confiábamos plenamente en afrontar- habría resultado innecesariamente extenso y desgastante para nuestro defendido”, agregaron.
“Desde el inicio del proceso, la defensa reunió y ofreció abundante evidencia documental, pericial y testimonial que acredita la inocencia de Zamora, desvirtuando los hechos que le fueron atribuidos. Los informes técnicos, pericias y declaraciones incorporadas al legajo respaldan su absoluta inocencia”, añadieron.
Los profesionales agregaron: “La decisión de optar por esta vía fue consentida por todas las partes, a sabiendas de las abundantes evidencias a favor de nuestro asistido, sobre la base de criterios de razonabilidad y economía procesal, priorizando poner fin al conflicto”.
Figura: ¿qué es el juicio a suspensión de prueba?
El juicio a suspensión de prueba, también conocido como probation, es una herramienta prevista en el Código Penal que permite suspender el proceso penal antes de que se dicte una sentencia. Puede solicitarse en casos de delitos de menor gravedad y, si el juez lo concede, el imputado debe cumplir durante un plazo determinado una serie de reglas de conducta, como fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, realizar tareas comunitarias o reparar el daño causado.
Si la persona cumple con todas las condiciones impuestas, la acción penal se extingue y el caso se cierra sin condena. En cambio, si incumple las pautas establecidas, el beneficio se revoca y el juicio continúa su trámite normal. No implica una declaración de inocencia, pero tampoco constituye una condena.
