Irregularidad en la diplomacia

Días pasados, la prensa nacional informó acerca de ciertas condenables modalidades detectadas en la utilización de las partidas presupuestarias de la Cancillería. De acuerdo con lo que confirmaron voceros oficiales, se registraron cuantiosos abusos de funcionarios en el sistema de reintegros de gastos médicos y farmacéuticos que favorece al personal argentino en el exterior. En los últimos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores desembolsó un promedio de 2,5 millones de dólares anuales en concepto de tales devoluciones. De esa cifra, alrededor de $ 1,3 millón se habría destinado a reintegros en atenciones odontológicas. Se conocieron casos realmente insólitos. Por ejemplo, facturas de cirugía estética presentadas en París por una empleada que se cayó en la calle y quedó lesionada en el cuello; o el caso de un embajador que adquirió un audífono de 5.000 dólares y pidió devolución del importe.
Frente a estas revelaciones, se supo que, como primera medida, quedó detenido el pago ya autorizado en más de dos centenares de expedientes. Los gastos de salud invocados, en la mayoría de los casos carecían de historias clínicas y de documentación respaldatoria en general. La Procuración General del Tesoro dispuso que se contrate un seguro médico internacional que cubra los gastos con el debido control, imitando el criterio que aplican la generalidad de los gobiernos de la región. El canciller declaró que será una prioridad la ejecución puntual de estas disposiciones.
Todo lo que venimos refiriendo, nos parece que no hace sino mostrar, una vez más, la inquietante realidad del tan llevado y traído fenómeno de la corrupción en funcionarios. Porque no otra cosa puede llamarse su pretensión, satisfecha en la gran mayoría de los casos, de que los fondos oficiales costeen gastos extravagantes, todo ello facilitado por una estructura burocrática que, al parecer, si no ha sido cómplice de esos manejos abusivos, por lo menos ha fallado en las verificaciones que era su deber llevar a cabo en cada presentación.
Como tantas veces se lo ha dicho, podrán sancionarse las más rigurosas leyes penales e implementarse los más ajustados controles, en orden a evitar que los fondos del Presupuesto se destinen a fines indebidos. Pero todo ello tendrá una eficacia muy relativa, si los cargos públicos no son confiados a quienes tengan comprobada probidad, y en cuyo espíritu no exista la peligrosa confusión entre lo que es el patrimonio del Estado y su conveniencia personal. Es decir que todo es, en última instancia, un problema de seres humanos. Si nadie duda de que la corrupción es uno de los flagelos que han dañado fuertemente a las instituciones del país y contribuido al desprestigio de las mismas, nos parece evidente que episodios como los registrados en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores no deben quedar como una mera anécdota reveladora de lo que eufemísticamente suele llamarse "desprolijidad". La comunidad, enterada de esas situaciones por medio de la información periodística, tiene derecho a que el Estado le dé una satisfacción inmediata. Lo que quiere decir que las irregularidades deben ser objeto de una exhaustiva investigación, que abarque a todos los que intervinieron en ellas, por acción o por omisión. Y que los culpables sean debidamente responsabilizados por la Justicia.
La población suele considerar a los miembros del servicio exterior como un sector privilegiado por sus retribuciones y por su situación. En esencia, tal visión no es exacta, pero hay que convenir que manejos como los que se han revelado llevarían a pensar que tiene acierto el juicio popular. Corresponde, entonces, llevar la máxima transparencia a esa parte de la administración nacional.