La protesta que se esperaba para marzo pasado, estalló cuando termina mayo. Paradójicamente, fue Néstor Kirchner y no el senador y ex gremialista Julio Miranda quien dio mayor impulso al descontento sindical, con una actualización de retribuciones que descolocó a las administraciones del interior de la república.
El primer aniversario de la llegada del santacruceño al poder coincidió con la generalización de las disputas salariales en distritos tan diversos como Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco y Tucumán. Simultáneamente, las negociaciones por la nueva ley de coparticipación federal están lejos de avanzar, pese a los renovados reclamos del Fondo Monetario Internacional (FMI). La discordancia de intereses entre provincias pobres y ricas, por una parte, y los recelos con la Casa Rosada, por otra, dan fundamentos a la traba.
La suba del salario básico a $ 350 dejó por el piso la concesión de $ 50 no remunerativos a los agentes estatales tucumanos. La decisión federal favoreció a 110.000 administrativos y no vulneró el equilibrio fiscal de la Nación. La situación es distinta en Tucumán, que cuenta con una dotación reconocida oficialmente de 65.000 empleados. El impacto será necesariamente mayor en las cuentas provinciales.
La Nación les subió el techo a los sueldos y no mandó fondos adicionales a los ya comprometidos por ley. El alza de precios y la presión impositiva contribuyeron a que haya malestar social.
Las razones económicas no explican suficientemente la persistencia del clima de movilización gremial.
Razones políticas
Después de la demostración de fuerzas del jueves pasado, en el Gobierno se creía probable que la marea se aplacara. El optimismo cedió, sin embargo, ante la contundencia de los hechos. Ahora se habla de móviles políticos.
Las alianzas se modificaron, ya que se acercaron gremios antagónicos como la Unión de Docentes Tucumanos (UDT) y Atep, aliada tradicional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La UDT y Atep rivalizan por la hegemonía en el magisterio, pero coinciden frente al Gobierno. Otro tanto ocurre con el Sindicato Unico de Empleados Públicos (Sutep) con ATE.
La amenaza de nuevas marchas anticipa que la gimnasia sindical clásica de pegar y sentarse en la mesa a balancear argumentos y cifras, aún no encontró espacio para desplegarse. Se impone, no obstante, un distingo. La mayoría de los gremios contestatarios reconoce una filiación peronista. El Polo Obrero y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) encarnan una oposición ideológica, con planes y estrategias propias de orden nacional.
Las expectativas del Gobierno, en consecuencia, se centran en la primera franja, aunque se admite que el corte de los subsidios y otras ayudas, que eran habituales durante el mirandismo, dificultarán las aproximaciones. "No hay ambiente para el diálogo", se sincera Edmundo Jiménez, quien presiente que esta semana podría ser clave en los cabildeos con los jerarcas sindicales.
El ministro de Gobierno no descarta que la pelea interna del peronismo esté agregando combustible al fuego. Miranda deja hacer pero, aparentemente, pretende una silla al lado de Alperovich y de Fernando Juri, en la cima del poder. El senador delineó sus pasos futuros en Raco, junto a sus colaboradores más estrechos.
No obstante, la línea de sindicalistas y políticos peronistas -entre ellos, Enrique Romero-, que anima las movilizaciones callejeras, está un paso adelante del proyecto mirandista. Esos dirigentes acusan a la administración alperovichista de ser impermeable a los reclamos sociales y de desconocer el papel de las organizaciones obreras en los gobiernos peronistas.
Pronostican dificultades crecientes para los legisladores que quieren hacer buena letra con la Casa de Gobierno y con sus sindicatos de origen. "No se puede servir a dos señores", arguyen. El propio Juri podría entrar en esa zona de turbulencias si se agravan los tironeos con Alperovich.
Las derivaciones políticas del problema salarial no tapan las limitaciones financieras. "No hay más plata", repite Jiménez.
En medio del acoso, al Gobierno le cayó muy bien el aval de un funcionario kirchnerista de alto nivel. Se enfrió la tensión.
El viceministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, avaló el hipotético acortamiento de las vacaciones escolares, para contrarrestar el efecto negativo de los paros de Atep. "La ley federal que obliga al dictado de 180 días de clase debe cumplirse", argumentó el segundo de Daniel Filmus. En la Casa de Gobierno no se sentían tan en soledad.
Del poder moral
La cuestión de la reforma constitucional está presente en la agenda política, pese a que el Gobierno traspasó la definición a Juri y a los legisladores. El arzobispo Luis Villalba se reservó para predicar ante Kirchner o su representante en la celebración del solemne Tedéum del 9 de julio.
El texto que leyó el sacerdote lourdista Horacio Brito, el martes pasado en la Catedral, entroncó con la línea reflexiva del Episcopado. "La Argentina, y Tucumán, en ella, deben reformular su modelo político para profundizar la democracia republicana y federal. Pero las reformas sólo deben tener como meta el bien común y no los bienes personales o de sectores poderosos encaramados en el poder", expresó. Esas líneas alimentaron ilusiones en el oficialismo porque entrevén un hipotético aval a los cambios constitucionales.Sin embargo, existen quienes dicen que con lenguaje cauteloso se adelanta una objeción a la reforma de la Carta Magna de 1990 porque abriría la puerta a la reelección indefinida y a la manipulación de los sistemas de representación ciudadana en perjuicio de las minorías políticas. "No hay mecanismos electorales inocentes", reflexionó una fuente próxima al equipo que discutió el perfil del mensaje.
El arzobispo, en persona, probablemente disipará la incógnita respecto de la posición final de la Iglesia en una materia tan controvertida. Aún no es tiempo, se especula en el ambiente eclesiástico. La palabra de la Iglesia prefirió rescatar la perfectibilidad de la democracia y la asunción del riesgo en el ejercicio de la libertad política.
