La designación del ombudsman

Hay expresiones populares -algunas de raigambre futbolísticas- que reflejan muy bien la actitud de una buena parte de nuestra clase dirigente. "Patear la pelota para adelante" significa postergar -generalmente en forma indefinida- la solución a un problema. De ese modo, muchos males que aquejan al país y a Tucumán se prolongan en el tiempo hasta volverse crónicos y atentan contra la credibilidad de los gobernantes.
La Defensoría del Pueblo nació en 1995 y sus objetivos principales siguen siendo velar por el buen orden, decoro y regularidad de la administración pública, bregar por la dignidad de la función pública, hacer cumplir las leyes, recibir denuncias de la ciudadanía y promover investigaciones sumarias o informales. Su presupuesto depende de la Legislatura. Pero toda institución del Estado que nace con fines nobles, tarde o temprano, se desvirtúa y termina constituyéndose en un banco de empleos para familiares y amigos de los políticos de turno. Se habla entonces a menudo de una transparencia que casi nunca se concreta y que queda en expresión de anhelo.
En octubre de 2002, quien era entonces ombudsman y ahora legislador efectuó designaciones en la planta transitoria que generaron malestar entre los empleados más antiguos. Una decena de los trabajadores transitorios percibía haberes de bolsillo superiores a los $ 1.000, incluyendo salario familiar. Se registraron casos de designaciones de los cónyuges de dos empleados y existían trabajadores de otras dependencias del Estado, adscriptos a la Defensoría, que percibían del presupuesto del organismo una diferencia de haberes por encima de los que ganaban en su repartición de origen.
El defensor justificó entonces el nepotismo, aduciendo que se había producido un incremento de la cantidad de actuaciones efectuadas por el organismo y, en consecuencia, necesitaba más personal. Y acto seguido solicitó una ampliación del presupuesto. El funcionario, así como la Legislatura, parecía ignorar la vigencia de la Ley de Emergencia Económica que año a año prorroga ese Poder a petición del Ejecutivo y que en uno de sus artículos prohíbe la incorporación de personal en la planta permanente del Estado. La Ley sigue en vigencia, pero en este punto nunca se ha cumplido desde su sanción a comienzos de la década de 1990.
La Legislatura le encomendó entonces a su titular y vicegobernador que eligiera al defensor que ocuparía el cargo durante 180 días. En diciembre, nombró ombudsman a Luis Acosta, ex secretario de Gobierno de Julio Miranda, y prometió que se cambiaría el sistema para que la selección fuera lo más transparente posible y para que se acotara el margen de intervención política de la Cámara. Los seis meses se cumplirán el 7 de junio próximo y, pese a que se presentaron varios proyectos para que la elección del defensor se hiciera por concurso público, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara no consideró nunca las iniciativas.
Las autoridades de la Legislatura tienen la intención de "patear la pelota para adelante" y una iniciativa propone designar por seis años al actual ombudsman. Si ello se concreta, la intención de modificar el sistema para evitar que el defensor sea designado a dedo o por conveniencia política, se frustrará nuevamente. Mientras tanto, el vicegobernador anunció que intentará buscar el consenso con los presidentes de bloque sobre las diferentes propuestas.
Creemos que es hora de que nuestros representantes se decidan, de una vez por todas, a cumplir con lo que prometen. En caso contrario, no podrán recuperar su credibilidad con la sociedad ni mucho menos la transparencia. Los maleficios sólo pueden romperse con acciones concretas. Mientras ello no suceda, la clase dirigente seguirá en deuda con la ciudadanía.