La gestión de los medios públicos

En noviembre de 1999, después de reiteradas postergaciones, el Congreso convirtió en ley la reestructuración de Argentina Televisora Color y de Radio Nacional, cuya denominación conjunta debió ser desde entonces Radio Televisión Argentina, una sociedad estatal no gubernamental bajo el control del Poder Legislativo. De ese nuevo ente dependería también el Servicio Oficial de Radiodifusión, integrado por la más extensa cadena de emisoras del país. "Si la reglamentación a que debe dar lugar la flamante ley -expresaba entonces LA GACETA- se ajusta suficientemente al objetivo que la inspiró, ese poderoso complejo difusor de la imagen y de la palabra puede convertirse en el instrumento de información y cultura que nuestra sociedad merece, dejando de ser un aparato tradicionalmente manipulado por los intereses políticos de innumerables gobiernos". Pero esa condición constitucional de la reglamentación no se cumplió, y la ley no fue vetada, sino simplemente descartada en medio del ruido y el entusiasmo político con que, días después, asumía el nuevo gobierno con la consiguiente renovación parlamentaria. Si el deber del Poder Legislativo de reglamentar esa ley se hubiera cumplido, seguramente no habría sucedido el bochornoso episodio provocado en los recientes días, cuando autoridades de ATC suprimieron los dos programas culturales más reconocidos por sus calidades de muchos años en la televisión abierta nacional.
Ese hecho, descomedido y sectario, dio lugar de inmediato a una reacción pública de tal naturaleza que el jefe del Gabinete debió intervenir, por indicación del Presidente, dejando sin efecto el atropello, aunque dando lugar a la patética declaración del secretario de Cultura de la Nación, Torcuato Di Tella, desplazando a los intereses culturales de las prioridades oficiales. De inmediato y para diluir la gravedad del error, sus responsables apelaron a disquisiciones sobre la naturaleza y las finalidades de los medios públicos y la conveniencia de definirlas, ignorando, al parecer, el prolongado y enjundioso debate parlamentario que precedió a aquella frustrada ley. La radiofonía y la televisión estatal dependerían de un directorio de cinco miembros, cuyo presidente sería elegido por el PE, requiriendo, al menos, el acuerdo de dos tercios de una comisión bicameral encargada de supervisar y controlar al ente. Por otra parte, el comité de evaluación estaría integrado por representantes sindicales de los medios afines, productores de cine y teatro, miembros de universidades nacionales, de cultos religiosos y consumidores. La norma dispuso audiencias públicas sobre la orientación de los programas, estableciendo recursos procedentes de la actividad específica. Se trataba -como sigue ocurriendo hasta el presente- de poner fin a un sistema de radiodifusión y TV cuya crisis se arrastra desde que la radiofonía argentina dejó de ser una de las más calificadas y de vanguardia en Latinoamérica, pasando autoritariamente, con breves excepciones, a disposición de los gobiernos de turno, civiles y militares. La famosa "cadena" utilizada como herramienta de propaganda, mientras llegaba a censurarse y hasta intervenir o estatizar medios privados tratando de uniformar a la opinión pública. Un modelo, en suma, que fue diseccionado durante el debate parlamentario de hace un lustro, y cuyo olvido parece servir a los intereses de un grupo ideológico que se desplaza sin mayores inhibiciones entre las distracciones de sus superiores oficiales. Es así también que el deterioro cualitativo de los medios públicos del Estado, acelerado por sus recurrentes crisis internas, les impide mantener transmisiones al exterior, como acontece con innumerables emisoras públicas y privadas latinoamericanas que presentan imágenes e información de sus países en el mundo.