Hacia la revalorización del empleo en el sector público

Por Luis Norberto Oneto - Colaborador de la Secretaria de Planeamiento
No existe actividad en la que no se requiera algún tipo de atención estatal. Para bien o para mal, el Estado es un actor muy importante en el campo de la salud, de la asistencia social, de la educación, de la cultura, y de la economía. Por vía de la asistencia, la inversión o la regulación, todos necesitamos una acción pública más precisa, más eficaz y más valiosa. La puesta en marcha de una política de recursos humanos moderna, firme y efectiva es condición esencial de la mejora del desempeño estatal. El presente conflicto salarial no debe ocultar ni menguar el inmenso trabajo que hay por delante en la construcción de un nuevo modelo laboral para el sector público.
Se están dando los primeros pasos en Tucumán. Se ha revalorizado el papel de la gerencia de recursos humanos. Está en marcha una versión mejorada del plan de desarrollo de potencial para jóvenes profesionales y se están desarrollando instrumentos de selección que constituyen una innovación en el área. Pero todo esto resultará insuficiente si no comprendemos que es necesario un cambio de enfoque.
Se precisa una nueva visión del empleo estatal que acompañe el cambio de las reglas de juego. Se requiere que la clase política abandone la tradición clientelar en el manejo del empleo público. Tradición que no se reduce al hecho de repartir cargos entre los seguidores cuando se gana una elección, sino que consisten en la puesta en práctica de criterios no profesionales para la asignación de tareas, ascensos, sumarios, etc. Esta cultura es uno de los mayores obstáculos al mínimo desarrollo de una política de recursos humanos.
Los responsables de las distintas oficinas públicas, a niveles de dirección o departamento, también deben modificar sus patrones de conducta. Deben asumir la responsabilidad primaria y directa por el desempeño de los empleados que le han asignado. Es muy frecuente observar gerentes que caen con facilidad en el rol de patrones de estancia, casi dueños de sus despachos o, en la versión gremialista, del jefe que siempre defiende a sus empleados y los justifica. Hace falta involucrar a los directores en un cambio del perfil gerencial que desarrolle nuevas capacidades para la conducción y liderazgo de los recursos humanos con visión de largo plazo, donde la capacitación y el desarrollo del personal ocupe un lugar prioritario en la agenda estratégica.
También se necesita una visión menos maniquea por parte de la ciudadanía. Hay muchos villanos en la administración, pero quizás sean más los héroes que trabajan con un inmenso sentido vocacional en medio de pésimas condiciones laborales. El ciudadano debe ser más exigente pero también más respetuoso. El prestigio social es uno de los componentes más importantes del salario no monetario. Debemos comprender que la relación entre el ciudadano que requiere un servicio y el agente responsable de satisfacerlo es una relación de cooperación mutua, donde ambas partes deben facilitar la acción de la otra para un resultado eficaz. Es cierto que el ciudadano es quien paga el sueldo del empleado. Pero también es cierto que el empleado no deja de ser un ciudadano que necesita realizarse y obtener satisfacción en su trabajo.
He dejado para el final, al protagonista principal de esta historia. Nadie podrá hacer nada por los empleados públicos sin su propio compromiso. Los estatales deben tener un especial respeto por su misión. Deben comprender que son depositarios de una confianza pública, de una expectativa ciudadana, que deben asumir como responsabilidad propia ineludible. Habrá que renunciar a la costumbre de mirar para arriba cuando aparecen los reclamos de los usuarios y mirar hacia los costados ante las demandas de la autoridad.
El empleo público es una posición laboral de especial impacto en la vida comunitaria, muchas cosas positivas pueden hacerse desde esa posición, constituye en sí una función de privilegio y una responsabilidad que merece llevarse con orgullo. Todos debemos exigirnos un Estado que sea modelo de gestión e innovación permanente.