28 Mayo 2004 Seguir en 
La Argentina está partida en dos. Y no sólo por el cambio en el huso horario que instrumentaron e instrumentarán algunas provincias. El Gobierno nacional no se puso al frente a fin de establecer los criterios para unificar la hora oficial en el país, más allá de que los distritos del interior son autónomos en sus decisiones. La Ley 25.155 (establece el cambio de horario para el invierno y para el verano) no se cumple desde hace un lustro. Y las sucesivas gestiones que administraron la Nación patearon el problema hacia el futuro. Una de las consecuencias más notorias de esta forma de hacer política es la crisis energética, que puso en vilo al arco productivo argentino.
Remontándose aún más en el tiempo, desde 1994, cuando se reformó la Constitución nacional, se advierte que existe está en la sanción de una nueva ley que redetermine el esquema de reparto de la coparticipación federal. Se va mayo y la gestión del presidente Néstor Kirchner no puede cumplir lo pactado con el Fondo Monetario Internacional, más allá de que los funcionarios digan que hubo un perdón externo sobre la postergación del debate de la coparticipación. En principio, la Argentina asumió el compromiso de promulgar esa norma hacia fines de agosto. Antes, durante este mes, el Poder Ejecutivo nacional tenía que haber elevado al Congreso la ley de Disciplina Fiscal. Esto no es otra cosa que ponerle un cepo al gasto público de las provincias porque, en los últimos años, los gobernadores vivieron en función de lo que el Estado nacional y paternalista disponía en materia financiera y, además, abusaron de la continua emisión de títulos y de cuasimonedas para financiar el déficit.
Sin dudas resultará más sencillo para la Nación y para las provincias negociar un nuevo esquema de distribución de recursos en tiempos de bonanzas que en el futuro mediato (2005) donde se avizoran fuertes compromisos en el pago de la deuda pública.
Si algo le faltaba al país ello es la proliferación de los conflictos sociales, que se hacen sentir tanto en Plaza de Mayo como en las principales plazas de las provincias. Los estatales no cederán frente al planteo de recomposición salarial. La Nación sentó un peligroso precedente al otorgar la mejora para los empleados a su cargo, y puso en aprietos a los gobernadores a quienes todavía no le dará una mano financiera.
Cambio de roles
A un año de la gestión de Kirchner, salta a la luz la falta de sintonía entre el Gobierno federal y las provincias para la toma de decisiones que a ambos Estados importan. Los sindicalistas tucumanos ya analizan la posibilidad de hacer conocer a Kirchner su descontento con la administración de José Alperovich durante la visita prevista para el próximo 8 de junio. Desde la Casa de Gobierno, los funcionarios minimizan las marchas y las concentraciones de los estatales. En un mundo civilizado, el camino más directo al consenso sigue siendo el diálogo, más allá de las posturas intransigentes que todavía existen entre los sectores enfrentados. En los últimos días, en la Provincia se observó un cambio de roles entre los poderes. Los gremialistas pidieron a los legisladores que medien ante la Casa de Gobierno por la cuestión salarial. Los empresarios del turismo participaron de un foro de debate organizado por los legisladores. Los colegios de graduados y entidades empresarias fueron hasta la Cámara para discutir el proyecto de reforma del Código Tributario. Y hasta los industriales, por la crisis del gas, fueron a la Casa Rosada de la mano de un operador político y empresario nacional y sin la presencia de los funcionarios tucumanos.
Por ahora, en la Casa de Gobierno existe una suerte de pasividad frente a esas demandas. El Ejecutivo, ante ese escenario, debería abrir el juego y ponerse al frente para fortificar una postura común entre el sector público y el sector privado, con el fin de que la Provincia no siga perdiendo terreno ni en la región ni en el debate nacional.
Remontándose aún más en el tiempo, desde 1994, cuando se reformó la Constitución nacional, se advierte que existe está en la sanción de una nueva ley que redetermine el esquema de reparto de la coparticipación federal. Se va mayo y la gestión del presidente Néstor Kirchner no puede cumplir lo pactado con el Fondo Monetario Internacional, más allá de que los funcionarios digan que hubo un perdón externo sobre la postergación del debate de la coparticipación. En principio, la Argentina asumió el compromiso de promulgar esa norma hacia fines de agosto. Antes, durante este mes, el Poder Ejecutivo nacional tenía que haber elevado al Congreso la ley de Disciplina Fiscal. Esto no es otra cosa que ponerle un cepo al gasto público de las provincias porque, en los últimos años, los gobernadores vivieron en función de lo que el Estado nacional y paternalista disponía en materia financiera y, además, abusaron de la continua emisión de títulos y de cuasimonedas para financiar el déficit.
Sin dudas resultará más sencillo para la Nación y para las provincias negociar un nuevo esquema de distribución de recursos en tiempos de bonanzas que en el futuro mediato (2005) donde se avizoran fuertes compromisos en el pago de la deuda pública.
Si algo le faltaba al país ello es la proliferación de los conflictos sociales, que se hacen sentir tanto en Plaza de Mayo como en las principales plazas de las provincias. Los estatales no cederán frente al planteo de recomposición salarial. La Nación sentó un peligroso precedente al otorgar la mejora para los empleados a su cargo, y puso en aprietos a los gobernadores a quienes todavía no le dará una mano financiera.
Cambio de roles
A un año de la gestión de Kirchner, salta a la luz la falta de sintonía entre el Gobierno federal y las provincias para la toma de decisiones que a ambos Estados importan. Los sindicalistas tucumanos ya analizan la posibilidad de hacer conocer a Kirchner su descontento con la administración de José Alperovich durante la visita prevista para el próximo 8 de junio. Desde la Casa de Gobierno, los funcionarios minimizan las marchas y las concentraciones de los estatales. En un mundo civilizado, el camino más directo al consenso sigue siendo el diálogo, más allá de las posturas intransigentes que todavía existen entre los sectores enfrentados. En los últimos días, en la Provincia se observó un cambio de roles entre los poderes. Los gremialistas pidieron a los legisladores que medien ante la Casa de Gobierno por la cuestión salarial. Los empresarios del turismo participaron de un foro de debate organizado por los legisladores. Los colegios de graduados y entidades empresarias fueron hasta la Cámara para discutir el proyecto de reforma del Código Tributario. Y hasta los industriales, por la crisis del gas, fueron a la Casa Rosada de la mano de un operador político y empresario nacional y sin la presencia de los funcionarios tucumanos.
Por ahora, en la Casa de Gobierno existe una suerte de pasividad frente a esas demandas. El Ejecutivo, ante ese escenario, debería abrir el juego y ponerse al frente para fortificar una postura común entre el sector público y el sector privado, con el fin de que la Provincia no siga perdiendo terreno ni en la región ni en el debate nacional.







