Opositores avalaron el subsidio a empresarios

A pesar de las duras críticas a la calidad del transporte público de colectivos por parte de opositores y oficialistas, los legisladores aprobaron que se declare por ley la emergencia en el sector. La norma, propuesta por el gobernador Juan Manzur, prevé que los dueños de las empresas de colectivos reciban subsidios por hasta $ 20 millones mensuales durante dos años, a cambio de que no despidan empleados. Sólo el alfarista Alfredo Toscano votó en contra: el resultado fue 44 a uno.

Luego de casi tres horas de debate, los opositores a Casa de Gobierno dieron sus votos a favor de la declaración de emergencia, tras incluir en la normativa criterios para que la asistencia económica sea distribuida entre las empresas. Más de 40 firmas, que explotan 70 líneas en toda la provincia, recibirán fondos.

“Los empresarios solicitaban exenciones impositivas provinciales y municipales, la aplicación de subsidios, el reordenamiento del tránsito en la capital y el ajuste inmediato de las tarifas para cubrir las subas salariales. Resolvimos declarar la emergencia para facultarle subsidios mensuales para mantener las fuentes de trabajo y sostener la prestación de servicio”, presentó el proyecto el oficialista Luis Morghenstein, presidente de la comisión de Servicios Públicos y Transporte. Daniel Orell, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat); César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA); y los funcionarios de Transporte provincial, Benjamín Nieva y Hernán Aldonate, ingresaron a los palcos del recinto mientras el oficialista comentaba los alcances del proyecto.

“Tucumán es de las pocas provincias con sus cuentas en orden, con un porcentaje bajísimo de deuda. Bajo ningún punto de vista vamos a desfinanciar al Estado, el gobierno puede hacerse cargo de dar sostén al sector”, agregó el oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, presidente de Hacienda. Explicó que, para contar con el apoyo de los demás bloques, incorporaba como criterio de distribución de los subsidios la cantidad de unidades operativas, el estado de los coches, el combustible consumido y los kilómetros recorridos.

Críticas al servicio

“Esto es apenas un paliativo pero no alcanza. El 70% de las rutas de la provincia están en mal estado. Ahora, si las rutas no están en condiciones… la ruta 302 tiene bache tras bache que destroza vehículos, lo mismo la 323 en el tramo que une la 157 con la 9”, criticó el radical Luis González.

El peronista Eduardo Cobos cruzó al opositor: “al final el país está en crisis, allá los diputados de Cambiemos votan para que sigan las subas y el tarifazo y acá cuando toca hablar del boleto son buenitos. Y resulta que la Provincia tiene que salir a disponer de $ 20 millones para que el sistema siga. Es necesario que se hagan los controles de tránsito que corresponden, si el servicio fuera bueno no habría tantos vehículos particulares y autos rurales”. Guillermo Gassenbauer celebró el acuerdo: “esperamos que se mejore el servicio, sabemos que la situación es delicada. Lo que me deja contento es que se asegura la fuente laboral”.

“Esto aflige, porque para tratar la emergencia -que es una declaración de estado excepcional-, tendríamos que tener elementos que nos ayuden a fundamentar el por qué: sabemos los estragos de la inflación, pero no conozco los números de las empresas, sólo me quedó grabado que el 40% de los costos los cubren con subsidios nacionales. Si reciben fondos no estoy de acuerdo con que luego soliciten una suba de tarifa”, consideró Stella Maris Córdoba.

José María Canelada, presidente de la bancada radical, explicó que entre los diferentes tipos de subsidios, si se subsidiaba a los empresarios debía haber condiciones. “Muchas veces parece que el rol de opositor es fácil, pero esto es así sólo si se piensa que ser opositor es sentarse a decir que ‘no’ a todo lo que venga del Poder Ejecutivo. Entendemos esto de manera distinta, con una profunda responsabilidad. Este proyecto tiene un contexto: es el atraso tarifario de hace mucho tiempo”, sentó posición Canelada.

El más crítico de las empresas fue Toscano. “Esto es como una película. Hace dos sesiones sancionamos una ley para que se renueven todas las concesiones precarias de las líneas de colectivo interurbanas y rurales por 180 días. Ahí las empresas estaban en condiciones de dar el servicio. Y ahora resulta que las empresas están en crisis”, comenzó su argumentación. Y agregó: “tengo muchas preguntas, porque Aetat contó que tenía $ 100 millones de déficit, pero ¿alguien le pidió los balances? ¿Cubrieron el déficit o están endeudados? ¿Cuántos empleados efectivamente tienen? ¿En qué situación verdadera están?”. Orell se tomaba la cara y blanqueó los ojos. Toscano mocionó que el proyecto vuelva a comisión para tratar los pedidos de informes. Sólo él votó a favor del retorno a comisión. Orell se retiró del palco. “Entre darle plata a los dueños de colectivos prefiero darle subsidios a los maestros para que viajen gratis”, cerró Toscano.

A la hora de votar, oficialistas y opositores votaron a favor, salvo Toscano. Con la ley aprobada, Gassenbaer comenzó a aplaudir pero nadie lo acompañó.

Más compras directas para las comunas

Los legisladores elevaron ayer los topes de las compras directas -es decir, sin licitación- llevadas a cabo por las comunas rurales y por un organismo del Poder Ejecutivo (PE), el Ente de Infraestructura Comunitaria (EIC). Para los delegados rurales, elevó el tope de $8.000 a $24.500. El EIC subió su límite de $150.000 para obras por compra directa a $ 450.000.

El macrista Alberto Colombres Garmendia criticó la suba para el ente del PE. “Actualiza los montos de contratación directa hasta $ 450.000 y luego dice que la inversión en maquinarias para llevar a cabo dicha obra queda incluida en la excepción, cualquiera sea su monto. ¿Para una obra de $ 450.000 podrán comprar una máquina por $ 10 millones de dólares?”, ironizó el opositor. Adelantó que acudirá a la Justicia.

Toscano acusa al PJ de perjudicarlo

“Si les molesta cómo voto, descuentenmé el sueldo mejor, pero no perjudiquen a la gente”, comenzó a gritar el alfarista Alfredo Toscano en plena sesión.

Después de que los legisladores declararan la emergencia del transporte público -Toscano fue el único en votar en contra-, debía tratarse un proyecto para expropiar un terreno en el barrio Batalla, para dar títulos de propiedad a 250 vecinos del asentamiento. El oficialista Roque Cativa, presidente de Legislación General, pidió el pase a comisión del proyecto.

“En los pasillos se hablaba de que pasaría esto. No me perjudican a mí, perjudican a la gente que vino desde el barrio”, comenzó a gritar Toscano antes de irse del recinto. El radical José María Canelada lo acompañó, junto con casi todos los opositores.