La inclusión o el rechazo de un informe técnico serán clave en la acusación penal contra Brito

El fiscal de Cámara Saltor anticipó en la última audiencia que solicitará la ampliación de la imputación al ex funcionario alperovichista. Se trata de la actualización de una auditoría realizada en 2013 por el Tribunal de Cuentas. En ese documento figura sólo una de las 39 obras objetadas en el caso penal

14 May 2018
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BANQUILLO. Brito sigue con atención el debate. Los delitos que le imputan tienen una pena máxima de seis años. LA GACETA / FOTO DE franco vera

El 17 de diciembre de 2013, el Tribunal de Cuentas (TC) dictó el acuerdo 3.377, en el que dio a conocer una auditoría con observaciones a 86 obras públicas ejecutadas durante la gestión de Miguel Ángel Brito al frente de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). Cuatro años y medio después, el número de tareas cuestionadas bajó a menos de la mitad: 39. Pese a las aclaraciones que fue formulando el ex funcionario alperovichista ante el organismo de control, aquel informe técnico vuelve a asomar como un objeto de preocupación en su futuro inmediato.

Las juezas de la Sala VI de la Cámara Penal, Alicia Freidenberg (presidenta), Stella Maris Arce y María Elisa Molina, deben resolver la inclusión o el rechazo de instrumentales y testimoniales ofrecidas durante la tramitación del juicio oral y público por la causa “DAU”. En ese listado figura la actualización de la auditoría de 2013 del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Brito (2007-2012), cuya remisión había sido solicitada a la Sala VI por el fiscal de Cámara, Carlos Saltor.

Según se desprende de los planteos y contraplanteos efectuados por las partes en las audiencias, el informe técnico del TC será clave para la acusación del Ministerio Público Fiscal.

Brito, que es representado por Arnaldo Ahumada, María Fernanda Battig y Francisco García Posse -se incorporó en la jornada del miércoles pasado-, está imputado de los presuntos delitos de fraude al Estado y negocios incompatibles con el cargo que ocupaba. En la jornada inicial, el 18 de abril, la defensa pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, formulado en 2014 por el fiscal de Instrucción Arnaldo Suasnábar y confirmado por la ex jueza Mirta Lenis de Vera. Según los abogados del ex funcionario, la investigación penal contiene severas fallas, como no establecer el monto del presunto perjuicio al erario. Freidenberg, al anunciar lo resuelto, rechazó el planteo de nulidad de la defensa; admitió sin embargo que la acusación “no constituye una pieza procesal perfecta”.

En la audiencia del jueves pasado, el fiscal de Cámara anticipó que apuntará a la ampliación de ese instrumento judicial.

En lo administrativo

El requerimiento de elevación a juicio contiene 39 casos reprochados desde el punto de vista penal a Brito. Sólo uno de estos expedientes encuentra correspondencia en el informe técnico que remitió el 4 de mayo pasado a la Sala VI el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, en el que se objetan cuestiones administrativas.

Se trata de la obra “Rampas premoldeadas para discapacitados en cordón cuneta - pasaje Gómez, Thames y Zavaleta”, que figura bajo el número de expediente 3227/321-I de 2010.

La inspección llevada a cabo por la ingeniera fiscal del TC, Lucía Femenías -está convocada para declarar como testigo esta semana-, advierte que tarea no ha sido ejecutada. “La obra se abonó en su totalidad mediante orden de pago por $72.652”, señala el anexo girado por el ente de control a la Justicia penal. Advierte en un párrafo siguiente que “los materiales adquiridos no ingresaron” al Depósito Central de la DAU, según los datos aportados por la repartición. Por ello, en el marco del juicio de responsabilidad que tramita el Tribunal de Cuentas -y que fue ampliado en marzo de este año a otros ex funcionarios y ex proveedores-, a Brito se le imputa la “omisión e incumplimiento de sus funciones como director de la DAU”.

En su informe, Femenías señaló otras 13 obras inexistentes y siete más con ejecución parcial. Pero esto no significa que el tribunal admita preguntas al respecto a la Fiscalía de Cámara, ya que no figurarían en el requerimiento de elevación a juicio.

La semana pasada, otro ingeniero fiscal del TC, Federico Coroleu Astorga, relató su experiencia en un control posterior a la “Pista de Salud en ruta 301, camino a la Papelera, departamento Lules”. “No hay rastros de que se haya hecho”, dijo el testigo. En principio, la defensa de Brito había logrado la exclusión de esa obra del interrogatorio. Sin embargo, se constató que el caso aparecía “mencionado” dentro de uno de los expedientes reprochados en la etapa de Instrucción. Sumar elementos similares será clave para la acusación.

Se reinicia mañana.- El debate oral y público por la causa “DAU” reinicia mañana, a las 8. Esta semana, además, habrá audiencia el miércoles. El objetivo es terminar en esa jornada con la rueda de testimoniales. Pronto comenzará también la etapa de inclusión de las pruebas instrumentales. En ese lote aparece el informe actualizado del Tribunal de Cuentas sobre la auditoría de 2013 a la gestión de Miguel Ángel Brito en la DAU. La Sala VI de la Cámara Penal aceptó el planteo de la Fiscalía de Cámara para que se envíen las copias de esas actuaciones administrativas -al menos tres cajas cargadas de papeles-, aunque todavía no tienen valor como evidencia de cargo.

El listado.- Todavía quedan testigos pendientes de sentarse a declarar ante el tribunal. Mañana será el turno de los ingenieros fiscales del Tribunal de Cuentas, Augusto López Murga (jefe de ese departamento), Lucía Femenías y Fernando Padilla. Para el miércoles están convocados Jorge Pablo Orfeo, también de esa área del ente de control; además de dos proveedores de la DAU de la gestión Brito, Emilio Morales (“Construcciones Morales”) y Carlos Oscar Ontivero.

¿Participará?.- La Fiscalía de Cámara solicitó la inclusión de un testigo nuevo, Rubén Cabocota, empleado de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). Su participación está pendiente de ser resuelta por el tribunal. El nombre del funcionario público fue mencionado por la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR), quien declaró como testigo y es una de las denunciantes de la causa penal.

Alegatos, palabras finales y sentencia.- El tramo final del juicio oral y público por la causa “DAU” tendría lugar la semana próxima. Restan los alegatos de los abogados de la defensa (Arnaldo Ahumada, Fernanda Battig y Francisco García Posse) y de la Fiscalía de Cámara, a cargo de Carlos Saltor. Luego, el imputado Miguel Ángel Brito tendrá la oportunidad de decir sus palabras finales; por último, el tribunal debe pasar a deliberar antes de dar a conocer la sentencia de la causa, que fue abierta en 2012.

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