La Corte activa la comisión del proceso penal creada en 2016

El alto tribunal invitó a los poderes políticos y colegios de abogados a integrar el comité Los vocales Gandur y Estofán representarán al Poder Judicial. Un lugar quedó reservado para el Ministerio Público Fiscal.

06 May 2018
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EL MÁXIMO TRIBUNAL EN PLENO. Claudia Sbdar, René Goane, Daniel Posse (presidente), Antonio Gandur y Antonio Estofán en un acto institucional.

El 2 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Tucumán saldó la obligación legal que había contraído en noviembre de 2016 y puso en marcha la mesa de autoridades que debe a su vez organizar la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal. El alto tribunal activó el comité de la Ley 8.934 mediante una acordada firmada por el presidente Daniel Posse, y los vocales René Goane y Antonio Gandur, que nombra representantes titulares del Poder Judicial al último y a su par Antonio Estofán -ausente debido a un viaje oficial a Estados Unidos y, luego, a una licencia- (Claudia Sbdar no firmó la decisión por estar en comisión). El cuerpo reservó la tercera silla de los Tribunales para el Ministerio Público Fiscal que dirige Edmundo Jiménez, y cursó invitaciones a los demás poderes, y a los colegios de abogados de la Capital y del Sur, con el fin de que designen representantes.

La llamada Comisión Especial Interinstitucional de Monitoreo e Implementación es una réplica del comité convocado en 2013 para elaborar el anteproyecto de digesto que la Legislatura terminó sancionando tres años después. Pero el equipo que debía acometer la tarea de llevar la transformación normativa a la práctica nunca fue constituido: la Corte, autoridad de aplicación del nuevo código, omitió ese paso hasta el mes pasado, cuando, entre críticas y polémicas, la Legislatura pospuso por segunda vez la entrada en vigencia de las reglas que han de renovar el régimen de persecución del delito.

Acceso a la información

En abril y al presentar un informe a los legisladores de lo hecho hasta el presente en pos de la implementación del proceso penal renovado, Posse se comprometió públicamente a convocar la comisión, cuya función general es colaborar al alto tribunal en la tarea pendiente, que es compleja y exige previsiones significativas, como la articulación del Ministerio Público de la Defensa con un superior propio, que el Gobierno tiene pendiente de designar. Pero también ha de garantizar el acceso a la información sobre los avances de la implementación.

El comité tiene en sus manos la posibilidad de subsanar las carencias que la propia Corte señaló cuando declaró que el nuevo código era de imposible realización. Estas manifestaciones constan en la Acordada 275 dictada el 4 de abril, tres días después de que venciera la primera prórroga: luego la Legislatura estableció la meta de febrero de 2019. La Ley 8.934 asigna a la comisión especial atribuciones para asistir, asesorar y seguir la implementación; para elaborar los anteproyectos legislativos que hicieran falta; para elaborar un cronograma de implementación progresiva, en el caso de que así se resolviese; para coordinar acciones que involucren a las distintas instituciones representadas en la comisión; para diseñar propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal, y para promover la celebración de convenios de asistencia técnica y cooperación.

La idea original de esta mesa es evitar que la Corte se quede sola con la responsabilidad de revertir los índices de impunidad que genera la Justicia penal, que el año pasado inició 100.000 causas y celebró 265 juicios orales, según la estadística oficial proporcionada al legislador Marcelo Caponio (PJ). Esa agenda con altísimas implicancias para la sociedad ha de ser llevada adelante por tres representantes de la Justicia y otros tantos suplentes; tres del Poder Ejecutivo, y dos suplentes; cinco de la Legislatura y dos suplentes, y un titular y un suplente por cada Colegio de Abogados. Son 22 miembros en total. Fuentes judiciales indicaron que la primera reunión será fijada luego de que las instituciones correspondientes envíen los nombres requeridos.

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