Manzur propone declarar por ley la emergencia del transporte público

El gobernador remitió a la Legislatura un proyecto para girar fondos a las empresas. Los dueños de las firmas celebraron la medida, pero pidieron que se cree una mesa de diálogo para definir políticas públicas

26 Abr 2018 Por Martín Dzienczarski
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MAL MOMENTO. Según los empresarios, es la peor crisis en 15 años. la gaceta / foto de josé nuno

El Gobierno provincial escuchó los reclamos de los empresarios del transporte y ahora promueve la declaración de una nueva emergencia en Tucumán: la del transporte público. “Estamos frente a una crisis económica de quebranto de gran parte de las empresas, Dios quiera que nuestros reclamos sean escuchados”, agradeció Daniel Orell, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).

Desde Casa de Gobierno enviaron el lunes un proyecto de ley a la Legislatura, con las firmas del gobernador, Juan Manzur, y del ministro de Seguridad, Claudio Maley (de su cartera depende la Secretaría de Transporte y Seguridad Vial provincial). En siete artículos, la iniciativa declara la emergencia del Servicio Provincial de Transporte Público Automotor de Pasajeros, y faculta al PE a entregar subsidios a Aetat, para sostener la actividad.

“La actividad del transporte público de pasajeros atraviesa una fuerte crisis; la situación actual impide a las empresas afrontar los mayores costos que resultan del reconocimiento a los trabajadores de incrementos en sus remuneraciones -que no serán compensados por el Gobierno nacional-, y de los gastos que deben realizar para mantener el servicio en las condiciones exigidas. Ello obligaría a trasladar ese aumento del costo operativo al usuario”, justificó entre los considerandos el texto enviado por el Poder Ejecutivo (PE).

El expediente será debatido en la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, encabezada por el peronista Luis Morghenstein; y por la comisión de Hacienda, presidida por Juan Antonio Ruiz Olivares.

La iniciativa no fija límites a los fondos que podría girar el PE a las empresas: “el subsidio previsto podrá otorgarse hasta la suma necesaria para cubrir el incremento de las remuneraciones de los trabajadores y al mantenimiento del parque automotor”.

Medidas de emergencia

Los empresarios de transporte público habían denunciado hace dos semanas que el sector atravesaba una de las crisis económicas más crudas en los últimos 15 años y solicitaron medidas urgentes al Gobierno provincial.

“En las condiciones actuales se hace inviable la actividad. Se está condenando al quebranto a un servicio público esencial y está comprometida la fuente de trabajo de más de 4.500 familias. Por eso solicitamos que se declare la emergencia para el transporte público y la puesta en marcha de un plan de recuperación”, habían solicitado desde la Cámara de transportistas.

Los propietarios de las firmas aseguraron que el incesante incremento de precios de los insumos dolarizados, el congelamiento de subsidios del Gobierno nacional y los ajustes de tarifas anuales menores a la inflación son los factores que profundizan la crisis del sector y, dijeron, obligan a que el servicio se deteriore. Desde Aetat habían solicitado cuatro soluciones: exenciones impositivas de gravámenes provinciales y municipales, la aplicación de subsidios provinciales y municipales, el reordenamiento del tránsito en la capital y el ajuste inmediato de tarifas para cubrir los incrementos salariales.

“Esperamos que esta sea la primera etapa de un proceso de reuniones con todos los actores del transporte público, para que tengamos una política de Estado para los próximos 50 años sobre el Transporte”, sostuvo Orell con expectativa ante el tratamiento del proyecto en la Legislatura. Y agregó: “no estamos pidiendo cosas que no se hayan aplicado nunca: los subsidios locales y exenciones de impuestos se aplican en casi todas las provincias del país, como Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Salta, Mendoza, Santa Fe y las provincias patagónicas. Pedimos desesperadamente que se tomen cartas en el transporte antes de que sea tarde y no podamos recuperarnos”.

¿Cuánto debería costar el boleto (en la capital aumentó en febrero a $ 12,50)?, consultó LA GACETA a Orell: “si circunscribimos este reclamo a la tarifa no llegaremos a ninguna parte, no queremos hablar sólo de tarifas, pedimos un conjunto de medidas. Hablar sólo de tarifas es minimizar las cosas, la gente se pondrá en contra porque todos rechazan los aumentos de tarifas. Queremos un conjunto de medidas que nos permitan prestar un servicio como el que se merecen los vecinos. Queremos dialogar, plantear la crisis y llegar a soluciones”.

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