La continuidad de un programa educativo pone a la Nación y a la Provincia en veredas diferentes

Incertidumbre. Esa es la situación de 133 Centros de Actividades Juveniles (CAJ) de Tucumán cuya continuidad no está asegurada. Los talleristas (son los encargados de instruir a miles de jóvenes en las múltiples actividades extracurriculares desarrolladas en el marco del programa socioeducativo), denuncian que sólo 70 de los 203 centros provinciales seguirán abriendo sus puertas este año. Por un lado, la Nación asegura que envió las partidas presupuestarias correspondientes para su funcionamiento, y que es facultad provincial la continuidad de los CAJ. Por otro, en el Ministerio de Educación local argumentan que los fondos recibidos son insuficientes. Sin hacer referencia puntual a las versiones del cierre de los 133 centros, la cartera que conduce el ministro Juan Pablo Lichtmajer aseveró que “trabajan para no cerrar ningún programa, sino para profundizarlos”.

Los CAJ son organizaciones de tiempo libre educativo desarrolladas en escuelas, generalmente los días sábado, destinadas a la formación, el aprendizaje, la recreación y el desarrollo personal de los jóvenes en barrios de todo el país. El programa, creado en 2001 por el Ministerio de Educación de la Nación, busca la inclusión de sus participantes mediante diversos talleres deportivos, medioambientales, artísticos y comunicativos. Además, en algunos de ellos se abordan temas de la realidad local, como ser el consumo de estupefacientes y la educación sexual integral.

Los primeros CAJ abrieron en Tucumán a mediados de 2002, en medio de la profunda crisis social y económica que afectaba al país. Financiado y ejecutado en ese momento por el Gobierno nacional, el programa creció hasta formar una red de 203 centros en todo el territorio provincial. La situación cambió a partir de 2015, con el recambio de gobierno. El programa, que se inició en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación, pasó a estar a cargo de las provincias en 2016 (el financiamiento siguió siendo nacional, pero su administración y ejecución empezó a ser competencia provincial). Desde entonces, coordinadores y talleristas aseguran que los CAJ han sido precarizados y desmantelados. Además, aseveran que cobran los mismos sueldos hace tres años y que la falta de presupuesto impide la compra de los materiales necesarios para el funcionamiento adecuado de los talleres ofrecidos.

Ya el año pasado, los jóvenes participantes de los centros habían realizado muestras públicas para visibilizar su situación y exigir la continuidad del programa. Ahora, los educadores denuncian la reducción de los 233 centros de Tucumán a sólo 70. Por ello, el próximo sábado realizarán una jornada de lucha con talleres abiertos para “defender su fuente de trabajo y la educación de los jóvenes”.

“Espacios de contención”

“Es muy triste, más que nada por los chicos. Para ellos, era su espacio propio de contención. En mi caso, pierdo este trabajo que, aunque no se podía ganar mucho, me gustaba la experiencia”, declaró Vanesa Zelaya, coordinadora del CAJ de la Escuela Media de Los Nogales, uno de los que tantos centros que -asegura-, ya cerraron. Según explicó, ese centro ofrecía, hasta diciembre del año pasado, talleres de murga, danza, deportes y música para jóvenes de 12 a 21 años. “Nos citaron el miércoles 21 en la sede del Ciidept (Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico) para informarnos que, por decisión de la Nación, cerraban 133 sedes. No nos justificaron el motivo. También dijeron que la Nación decidió cuál cerraba. Al parecer, el único criterio que priorizaron es que los centros que tienen radio sigan trabajando. Eso es muy raro, porque desde ahí no tienen la menor idea de las particularidades de cada CAJ”, declaró Zelaya. “Era algo instalado en Los Nogales, muchos chicos no veían las horas de que empiece”, se lamentó la coordinadora, que estaba a cargo de tres talleristas más en la escuela de la comuna.

Betania Álvarez Aráoz trabajaba en dos CAJ, en los barrios de San Miguel y La Costanera de la capital. Según confirmó, ambos ya no funcionarán. “Yo me encargaba de los talleres de comunicación y nuevas tecnologías. Si bien ninguno de los dos establecimientos contaba con equipos de radio, trabajábamos mucho el tema de la expresión por ese medio y recreábamos reportajes. También charlábamos sobre el cuidado del medioambiente, cuestiones de las adicciones y de la identidad barrial” contó la tallerista. “Es una decisión arbitraria, no sabemos cuál es el criterio de cierre. Estamos hablando de lugares de mucha vulnerabilidad social donde no hay otro núcleo de participación social comunitaria”, expresó con preocupación. Y coincidió con Zelaya: “el sueldo, que ya estaba paralizado, nunca fue el aliciente principal para desarrollar las actividades; hay mucho de voluntario y de compromiso. Por la falta de materiales, se nos hacía cuesta arriba pero lográbamos salir adelante”.

Versiones oficiales

LA GACETA contactó a Pablo Sosa, coordinador provincial de Políticas para la Inclusión Social (el área a cargo de los CAJ) y le consultó por el cierre de los 133 centros. Sin embargo, pidió tiempo para contestar y después no pudo ser ubicado. En un comunicado del Ministerio de Educación provincial, el funcionario había cargado contra la Nación por la falta de envío de fondos suficientes. “Respecto de los programas socioeducativos, esta es una Provincia que no despide. Trabajamos para brindar contención a la mayor cantidad de alumnos posible y estamos distribuyendo mejor los recursos disponibles”, había asegurado Sosa. En otro comunicado, la cartera que conduce Lichtmajer puntualizó la tarea que viene desarrollando la provincia en la materia. “Pusimos en marcha un ambicioso programa de aumento de las horas escolares. Dentro de él, incluimos los talleres CAJ que venían funcionando, pero con un estudio exhaustivo para lograr cubrir las reales necesidades y amenazas a las que están expuestos los jóvenes. Estamos profesionalizando y ampliando los programas socioeducativos”, indica el texto.

Fuentes del Ministerio de Educación de la Nación negaron a este diario que la determinación del cierre de los CAJ sea su competencia. "Para ejecutar los recursos que enviamos, la Provincia debe presentar un informe de los programas que decide realizar. Somos parte de un sistema educativo federal, por lo que Tucumán, al igual que los demás distritos, tiene la facultad de decidir su política educativa. Así, su gobierno es quien decide si en 2018 continuarán los CAJ", sentenciaron desde la cartera a cargo del ministro Alejandro Finocchiaro.

Lichtmajer acusó al Gobierno Nacional de llevar una política de ajuste en Educación

"Frente a una política de ajuste de Nación en educación, la provincia responde con una de expansión. Ellos envían $ 120 millones al año; nosotros destinamos $15.000 millones".

"Si el dinero girado por la Nación para esos programas ha sido el mismo desde 2016, no hubo ajuste por inflación de las partidas durante ese período. Eso es una clara política de ajuste".

"En la Provincia no se ha despedido a nadie. Más allá del nombre del programa, se ha extendido el tiempo educativo de cuatro horas entre 23% y 28% con actividades extracurriculares".

"Para esta gestión, la educación no es un gasto, sino una inversión. No es mi intención polemizar con Nación, pero a la educación de los tucumanos la sostenemos los tucumanos".

El programa educativo fue institucionalizado hace más de tres lustros. Sin embargo, desde hace dos años fue descentralizado y, por eso, los talleristas consideran que ha sido precarizada su tarea

Puntos claves

1. Los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) forman parte de un programa que el Ministerio de Educación de la Nación implementa desde 2001 en todo el país. En julio de 2002, empezaron a funcionar los primeros CAJ en Tucumán.

2. En sus 15 años de presencia en la Provincia, llegaron a establecerse 203 CAJ en escuelas de la Capital y del interior tucumano. Miles de jóvenes acudían a ellos para participar de talleres en horario extracurricular.

3. En 2016, luego del recambio de Gobierno, los CAJ se descentralizaron y desde entonces la Nación los financia y las provincias los ejecutan. Por esa situación, los talleristas sostienen que la actividad ha sido precarizada.

4. Los talleristas denuncian que 133 CAJ fueron cerrados este año. La Nación asegura que la decisión es provincial, y desde la gestión de Manzur señalan que reciben pocos fondos. Aun así, prometen profundizar los programas.