Soto, quien pasó de testigo a sospechoso, seguirá en libertad

El Tribunal confirmó que al finalizar el juicio definirá la situación procesal de César Soto. Los defensores de los imputados creen que el caso puede quedar impune. El querellante se enojó porque recién ahora se preocupan los acusados de encubrimiento para que se conozca la verdad.

15 Mar 2018

El tribunal, después de escuchar las opiniones de todas las partes, decidió diferir hasta el final del juicio la definición de si imputará o no a César Soto su posible participación en el crimen de Paulina Lebbos.

El fiscal de Cámara Carlos Sale y el abogado querellante Emilio Mrad decidieron no pedir la detención de la ex pareja de la víctima. La posición de la parte acusadora generó malestar entre los defensores de los imputados.

“A los señores defensores les digo: él está sospechado desde el primer día hasta hoy. Si los defensores tienen los elementos de prueba que los presenten ante fiscalía como corresponde. Y los hubieran presentado hace 12 años, cuando comenzó la investigación”, respondió Mrad ante ese planteo.

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Gustavo Carlino, representante legal de Nicolás Barrera (ex subjefe de Policía acusado de encubrimiento), dijo: “el mencionado es total y absolutamente culpable como partícipe principal en la desaparición y muerte de Paulina. Lo dijo Rosa Racedo, la propia madre”.

“Vinieron a sostener una endeble acusación de encubrimiento sin importarles si durante el debate surgen o no nuevos elementos para descubrir la verdad material de la privación y el posterior asesinato de Paulina. Con esta estrategia hay serio peligro de que el crimen quede impune”, aseveró Carlos Posse, defensor de Hugo Rodríguez.

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Cergio Morfil, representante de Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte y también acusado de encubrimiento), advirtió: “si se demuestra que Paulina no fue privada de su libertad -lo que es muy probable con el informe de la autopsia- el crimen quedará prescripto. Y por no haberle hecho la imputación a Soto, no se lo podrá acusar”.

Duro testimonio

Gustavo Vargas, quien pertenece al grupo de testigos denominados como “el entorno de Soto”, complicó ayer con su testimonio al testigo. Lo hizo cuando tuvo que explicar en qué momento se enteró del hallazgo del cuerpo de la estudiante.

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Vargas recordó que en la noche del 11 de marzo de 2006 se encontró con Soto y su madre en un locutorio ubicado en la esquina de los monoblocks de calle Estados Unidos al 1.200. El testigo afirmó que Nicolasa del Milagro Ruiz, madre de Soto, le dijo entre lágrimas que habían hallado el cuerpo de Paulina. El dato sorprendió a todos en la sala, porque recién dos días después se confirmaría que se trataba de la joven.

“Eran las 23. César estaba hablando por teléfono en una cabina. Su madre estaba afuera. Ella lloraba y me dijo que habían encontrado a Paulina en Tapia”, explicó.

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“César salió, estaba destrozado, también lloraba. Me saludó y después se fueron”, agregó.

“¿Cómo sabía Soto que era el cuerpo de Paulina si no se había confirmado eso? Lo que dijo el testigo compromete seriamente a Soto y a su madre”, opinó durante un cuarto intermedio Gustavo Morales, abogado del ex secretario de Seguridad Eduardo di Lella.

Paulina desapareció en la madrugada del 25 de febrero de 2006, después de haber ido a bailar junto a un grupo de amigos. Su cuerpo fue encontrado el 11 de marzo a la vera de la ruta 301. Recién el 13 de marzo el informe de la autopsia confirmó que el cuerpo hallado era el de Paulina. ¿Cómo pudo Soto tener esa información cuando ni siquiera el padre de la víctima (Alberto Lebbos), había podido ver el cuerpo?”, insistió Morales.

Procedimientos ilegales

Vargas agregó que ese mismo día, pero en la mañana, dos policías de civil lo fueron a buscar a la fiambrería de Córdoba al 700 donde trabajaba. Pero contó que cuando lo llevaban en un auto sin identificación hasta la ex Brigada, se produjo una situación irregular.

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“Eran una pareja. Íbamos en una camioneta Renault Kangoo. Yo iba atrás. La policía se dio vuelta y me dijo: ‘Decime qué hicieron con esa chica’. Le respondí que si las cosas iban a ser así entonces me bajaría del vehículo”. Agregó que de todos modos lo llevaron a la sede policial. “En ningún momento me había llegado una citación para declarar”, expresó. Al respecto, Lebbos opinó, en un cuarto intermedio del juicio, que “es otra muestra de las maniobras que hicieron los policías para encubrir el crimen de Paulina. Ya son varios los testigos que declararon que fueron víctimas de procedimientos ilegales”.

Se trata del cuarto testigo que que cuestiona la intervención policial en el caso. La primera fue Jimena Mercado. La hermana de Virginia (la última persona del entorno de Paulina que la vio con vida) contó que policías de civil ingresaron al departamento de calle La Rioja al 400 sin que le exhibieran ninguna orden ni se identificaran. Jorge Jiménez, el único detenido durante el juicio, había declarado que policías lo levantaron cuando llegaba a su casa y lo llevaron a la ex Brigada, donde lo amenazaron.

Su hermano Juan Marcelo testificó el martes que policías de civil lo interceptaron en la calle, lo esposaron y lo tiraron al piso; luego lo llevaron a una propiedad de la zona de plazoleta Dorrego, donde lo sometieron a una rueda de reconocimiento ilegal. Aseguró que tuvo que firmar un acta que no le permitieron leer.

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