Germán Garavano: “desaconsejamos fuertemente el nombramiento de jueces provisorios”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación recordó que la designación de magistrados subrogantes sin garantía de estabilidad instalada por el kirchnerismo había frenado los nombramientos definitivos. Además, defendió el envío de veedores a Tucumán.

04 Mar 2018
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LA GACETA

El ministro Germán Garavano llegó a Salta con siete camionetas: en rigor, con prototipos de las “ambulancias” para curar males del cuerpo físico y social que en pocos días más empezarán a circular por los caminos serpenteantes de la región. Ese programa de las carteras de Salud, y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación aparece como el aporte tangible al Plan Belgrano, que este martes es el foco de la decena de altos funcionarios de la Casa Rosada que exponen en el Encuentro Regional del Norte-NOA. “El Corredor Norandino Legal y Sanitario, en el que participa también la Organización de las Naciones Unidas, es un abordaje inédito del problema del acceso a la justicia”, dice Garavano y asegura que a él le encantaría poder subirse a una de esas camionetas, pero la realidad es que la agenda institucional caldeada lo obliga a poner los pies sobre la tierra. Y las dificultades de los Tribunales de Tucumán han contribuido mucho a que así sea.

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Una consecuencia de los numerosos reclamos que recibió desde que llegó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación es, según dice, la instalación de una veeduría en 33 procesos en trámite en el Poder Judicial local. Garavano defiende esa iniciativa que generó polémica: no sólo la rechazó abiertamente el Poder Ejecutivo, sino también la Asociación de Magistrados de Tucumán, ambos con el argumento de que se trata de una intromisión indebida. Además, Edmundo Jiménez, el jefe del Ministerio Público Fiscal que controla la mayor cantidad de expedientes sensibles incluidos en la observación, en enero exigió explicaciones a Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Garavano trae el tema a colación espontáneamente, sin que haya necesidad de preguntarle. Es la primera vez que un funcionario de Cambiemos se refiere en forma pública a los veedores Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles, que se presentaron oficialmente en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el 17 de noviembre pasado. Además de respaldar esa empresa delicada, Garavano emite una opinión desfavorable respecto de los jueces subrogantes externos, que carecen de la estabilidad que garantiza la independencia. “Es algo que desaconsejamos fuertemente”, dice en una sala del Centro de Convenciones salteño. Esta figura precaria es impulsada por el oficialismo invocando los trastornos que genera la escasez de magistrados en propiedad.

-Pasaron dos años desde aquella vez que usted dijo que los problemas judiciales de Tucumán eran preocupantes...

-Sabemos que se han disparado procesos en esa jurisdicción y que sigue habiendo algunas quejas. Por eso también ha sido importante la figura de los veedores: con su llegada empezaron a destrabarse y a moverse algunas cosas que estaban paradas. Hablaba recién de esto con alguien que presentó un reclamo sobre la Justicia de Tucumán. También estamos avanzando con la puesta en marcha de la Ley Nacional de Asistencia a las Víctimas. La idea es que, cuando la provincia no brinde el apoyo, nosotros podamos hacerlo. Lo ideal sería que las propias instituciones locales asuman esta función porque es su responsabilidad primaria, pero, si eso no ocurre, ahora el Ministerio de Justicia de la Nación brindará el acompañamiento en los 89 centros. Estas no son las soluciones más drásticas, pero de a poco tratamos de contribuir a que las propias provincias encuentren la salida a los problemas que enfrentan, y que puedan empezar a incorporar más transparencia y rendición de cuentas. Queremos que la comunidad se sienta empoderada para formular sus quejas y que eso vaya generando, de algún modo, un círculo de mejora institucional.

-La aparición de los observadores dio lugar a la controversia. La propia Corte tardó casi un mes en decirles “vayan y vean”, y tampoco les abrió la puerta por completo.

-Para nosotros fue importante la decisión de la Corte Suprema de Tucumán: la valoramos y no esperábamos mucho más que eso. El hecho de que unos observadores, en este caso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se presenten es, insisto, una forma de colaborar para que avancen la transparencia y la rendición de cuentas. Se trata de una figura que en su momento ayudó y que ahora volverá a hacerlo. Las críticas giran principalmente alrededor de lo burocrático y lo opaco que es el sistema de Justicia.

-Hubo reproches respecto de los veedores elegidos por la Nación, en especial en relación con Robles, que es dirigente de la Unión Cívica Radical y actúa en algunas de las causas comprendidas en la observación. Se dijo que, por ende, no podía ser objetivo.

-Esta fue la recomendación que a nosotros nos llegó. Su rol no es el de un juez que va a resolver el caso ni mucho menos: las facultades que se les otorgó son muy acotadas (“tomar vistas y extraer copias de los expedientes”). La idea, más que nada, es transparentar y generar información, y que se sepa qué está pasando. Creo que se ha generado una cosa positiva para una serie de casos muy cuestionados. Cualquier persona que se hubiese elegido para la veeduría iba a recibir reproches.

-A comienzos de este año, el jefe de los fiscales, Jiménez, publicó una solicitada en la que indica que él no fue informado sobre la veeduría y exige explicaciones a Avruj. ¿Qué respuesta le darán, teniendo en cuenta que su ámbito maneja las investigaciones penales más delicadas para el poder político?

-No tenía conocimiento de esta esta situación. No he recibido ninguna comunicación oficial, al menos que yo tenga presente. Si esto es así, lamentamos que el Ministerio Público Fiscal no pueda mostrar lo que está haciendo con los procesos. El fiscal Jiménez ha participado en reuniones en el Ministerio: días atrás estuvo en nuestras oficinas de la ex ESMA. Esperamos que se sume a las buenas prácticas que están desarrollando diferentes ministerios públicos del país. Me parece que el desafío que tiene la fiscalía en un Estado moderno es rendir cuentas sobre cómo representa y defiende los intereses generales de la comunidad. No puede ser entendido de otra forma un Ministerio Público Fiscal.

-La Encuesta Nacional de Victimización que elaboró el Indec dice que Tucumán es la jurisdicción del país donde los jueces y fiscales tienen menos credibilidad y prestigio. ¿Qué opina al respecto?

-Lamentablemente la Justicia tiene niveles bajos de aprobación y confianza pública. Este informe del Indec marca que esa situación es más crítica en Tucumán, de hecho va en línea con las preocupaciones que hemos expresado en el Ministerio desde un primer momento. De esta situación se sale con mucha transparencia y con mucha rendición de cuentas, por eso es tan importante lo que decía antes sobre los veedores. No hay soluciones mágicas: son procesos que llevan tiempo, y la única forma de empezarlos y de consolidarlos es volviendo el rostro a la comunidad y rompiendo los lazos políticos que se advierten en la Justicia, y que tienen que ver con las designaciones partidistas. No hay más secretos: es eso. Las fiscalías y los jueces tienen que ser capaces de mostrar lo que hacen y empujar aquellos procesos que son más resonantes para que puedan ser esclarecidos. Me parece que esa es la única manera de salir de estos bajos niveles de desconfianza. En esta línea, la figura de los veedores ayuda, y no deberían ser tomados como una intromisión ni como un control político, sino como un apoyo para que los actores puedan ir adoptando decisiones en el sentido de la transparencia y recomponiendo sus relaciones con la comunidad.

-Los beneficios de la oralidad y de la transparencia se están viendo en el juicio del caso “Lebbos”, pero algunos funcionarios públicos con fueros, como el senador José Alperovich, se resisten a prestar declaración testimonial en los términos que estableció el tribunal. ¿Está bien que una autoridad del Estado proceda de esta manera?

-Nosotros observamos la política de no hacer comentarios sobre procesos judiciales en trámite. Yo he sido juez y fiscal federal, y sé que, en términos genéricos, los funcionarios públicos tienen la posibilidad de declarar por escrito y esto, en definitiva, es el tribunal quien debe evaluar si sirve o si realmente, por alguna circunstancia excepcional, sería necesaria la presencia del funcionario en la sala.

-Tucumán afronta una situación delicada por la escasez de jueces. El gobernador Juan Manzur demora los nombramientos, pero también hay una fila larga de jubilaciones. En este contexto, el Poder Ejecutivo quedó habilitado para nombrar jueces subrogantes externos, que caducan a los dos o tres años. ¿Es esta una solución o una forma de acentuar los problemas?

-Desconozco las circunstancias concretas, pero es algo que nosotros desaconsejamos fuertemente en términos generales. El Gobierno anterior tenía una política de jueces subrogantes, donde no se resolvían concursos, no se elevaban ternas ni se designaban jueces en propiedad. Esto llevó al Poder Judicial de la Nación a tener un 30% de jueces interinos y motivó la imposición de límites por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde que asumimos, hemos impulsado la cobertura de vacantes definitivas a partir de las ternas que confecciona el Consejo de la Magistratura de la Nación. En forma inédita, el Poder Ejecutivo está elevando rápidamente los pliegos al Senado para su tratamiento y aprobación. La Cámara Alta tiene más de 40 designaciones para analizar. El Gobierno nacional promueve la política de fortalecimiento de la independencia de los jueces, que es el camino que da mayor tranquilidad a la población, además del correcto desde el punto de vista institucional.

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