16 Mayo 2004 Seguir en 
LA PAZ.- El presidente Carlos Mesa derogó el decreto supremo que descentralizaba los servicios de salud, educación y caminos, que se había convertido en motivo de lucha de los trabajadores de esos tres sectores, protagonistas centrales de la agitación laboral que se vive en el país. Sin embargo, los maestros, que lideran las protestas, indicaron que continuarán con sus medidas de fuerza. A su vez, los trabajadores de salud comenzaron a evaluar la nueva situación y los obreros viales se abstuvieron, de momento, de pronunciarse.
El decreto derogado establecía que la educación, la salud y el mantenimiento de caminos pasarían a la órbita de las prefecturas departamentales, lo que fue rechazado por los trabajadores de esos sectores, que estimaban que se trataba de un primer paso hacia la privatización.
La cuestión energética
Ese rechazo llevó a la protesta radical, con paros, movilizaciones y ayunos de dirigentes, lo que fortaleció a la huelga general indefinida de la Central Obrera Boliviana (COB), que está en su undécimo día y que antes de la adhesión de esos tres sectores pasaba inadvertida. Aunque la bandera central de la COB es la nacionalización de los hidrocarburos, el hecho de que la huelga general fuera acatada específicamente por los tres sectores involucrados en el decreto era presentada por analistas como una señal del peso de ese reclamo. Los educadores, manejados sindicalmente por fuerzas trotskistas, también exigen aumento presupuestario para el sector.
Las polémicas leyes
Los manifestantes han sumado en los últimos días, como otra bandera de lucha, el repudio al Senado por haber aprobado una ley interpretativa de la Constitución que pone a los militares fuera del alcance de la justicia ordinaria, y por haber ratificado un convenio que dota de inmunidad a estadounidenses frente a la Corte Penal Internacional. La ley interpretativa fue la salida del gobierno para disipar una rebelión castrense, luego de que la Corte Suprema anuló el fallo de absolución de un tribunal militar a favor de cuatro oficiales acusados de asesinar a civiles durante una manifestación. Este episodio ocurrió en 2003, durante la insurrección popular que derrocó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. (DPA)
El decreto derogado establecía que la educación, la salud y el mantenimiento de caminos pasarían a la órbita de las prefecturas departamentales, lo que fue rechazado por los trabajadores de esos sectores, que estimaban que se trataba de un primer paso hacia la privatización.
La cuestión energética
Ese rechazo llevó a la protesta radical, con paros, movilizaciones y ayunos de dirigentes, lo que fortaleció a la huelga general indefinida de la Central Obrera Boliviana (COB), que está en su undécimo día y que antes de la adhesión de esos tres sectores pasaba inadvertida. Aunque la bandera central de la COB es la nacionalización de los hidrocarburos, el hecho de que la huelga general fuera acatada específicamente por los tres sectores involucrados en el decreto era presentada por analistas como una señal del peso de ese reclamo. Los educadores, manejados sindicalmente por fuerzas trotskistas, también exigen aumento presupuestario para el sector.
Las polémicas leyes
Los manifestantes han sumado en los últimos días, como otra bandera de lucha, el repudio al Senado por haber aprobado una ley interpretativa de la Constitución que pone a los militares fuera del alcance de la justicia ordinaria, y por haber ratificado un convenio que dota de inmunidad a estadounidenses frente a la Corte Penal Internacional. La ley interpretativa fue la salida del gobierno para disipar una rebelión castrense, luego de que la Corte Suprema anuló el fallo de absolución de un tribunal militar a favor de cuatro oficiales acusados de asesinar a civiles durante una manifestación. Este episodio ocurrió en 2003, durante la insurrección popular que derrocó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. (DPA)
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