Se expande en Bolivia una oleada de conflictos sociales

Tomaron como rehén al viceministro de Educación. Miles de docentes en huelga, mineros desocupados y campesinos jaquean al gobierno. Cuestionan las leyes que benefician a militares y a estadounidenses.

15 Mayo 2004
LA PAZ.- Numerosos detenidos y al menos un policía herido de consideración dejó ayer un enfrentamiento entre manifestantes y policías en las ciudades de La Paz y El Alto, en momentos en que una crisis social se extiende por gran parte del país, agravada por conflicto político de grandes proporciones. Los detenidos son profesores. Por otra parte, el viceministro de Educación, Celestino Choque, fue tomado de rehén por indígenas en la ciudad oriental de Camiri, adonde había ido para atender un problema de su área.
Los educadores exigen mejoras salariales y la expulsión del país de las empresas multinacionales, que según los dirigentes docentes son las que se llevan el dinero que les permitiría mejoras salariales. En Oruro, más de 2.000 personas, en su mayoría profesores y estudiantes, mantienen incomunicado ese departamento del resto del país.
El Movimiento al Socialismo (MAS) acusó al presidente Carlos Mesa de estar preparando un autogolpe con el apoyo de Estados Unidos. "Tal como va el país, el MAS y las organizaciones sociales asumirán el poder, con lo cual se romperá el sistema de dominación que siempre ha tenido Estados Unidos en Bolivia", dijo el diputado Evo Morales, líder del MAS. El malestar contra Mesa se ha intensificado después de que, a su pedido, el Senado ratificó el miércoles un convenio que da inmunidad a los estadounidenses frente a la Corte Penal Internacional. Esa decisión, y la también adoptada por el Senado de poner a los militares fuera del alcance de la Justicia ordinaria, terminó de romper la convivencia política entre el gobierno y el MAS.
Las movilizaciones comenzaron en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y contra la descentralización de los servicios de educación, salud y vial, a lo que en las últimas horas se sumó el rechazo a las decisiones del Senado, que en particular benefician a cuatro oficiales acusados de asesinar a dos civiles durante una manifestación en 2003. (Reuter-TELAM)

Tamaño texto
Comentarios