Nuevo foco de conflicto entre Nación y Provincia

Donde unos observaron intencionalidad política para desgastar a la gestión local, otros ven descentralización para una mejor prestación de un programa social nacional. Ese choque de visiones surgió por la creación de dos nuevos entes ejecutores del plan “Argentina Trabaja” en Tucumán y provocó en las últimas horas un foco de conflicto entre la Provincia y la Nación. Para alimentar la crisis, entró a terciar la Defensoría del Pueblo, que le reclamó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que restituya a la Provincia a los beneficiarios traspasados a los nuevos entes (ver “Exigencia...”).

En noviembre pasado, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN) dispuso la constitución de dos entes ejecutores nuevos en Tucumán del Argentina Trabaja (donde ya funcionan uno en San Miguel de Tucumán, otro en Yerba Buena y un tercero en la Provincia); responsabilidades que recayeron en la Fundación para el Bicentenario, que maneja el ex legislador radical Jorge Mendía, y en la Fundación León. Ambas absorbieron a 500 titulares del programa social cada una.

Perjuicio

“Están perjudicando a la gente escudándose en la no política, salteando las funciones del Estado”, cuestionó el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Gabriel Yedlin, quien objetó que se traspasaban desde la Provincia 500 titulares del programa a la ONG conducida por un radical. Allí ve una intención política clara contra la gestión local. Apuntó que no se habían respetado las condiciones actuales en la prórroga del programa hasta marzo. “Nosotros somos responsables de la capacitación y del trabajo”, acotó.

En ese sentido criticó a la Nación por la falta de pago de la ayuda social de diciembre a más de 400 personas.

Acusación

Laura Costa, coordinadora local del MDSN, defendió la potestad de la Nación de crear esos nuevos entes ejecutores “para garantizar la libertad en la prestación que hace la gente”.

Además, denunció que desde la Provincia se le dijo a los beneficiarios traspasados a las fundaciones que “no vayan a realizar la contraprestación porque le iban a quitar la ayuda y que le iban a poner inasistencia (con lo cual perderían el derecho a percibir los ingresos mensuales)”.

Cuando se le preguntó por qué no se dieron nuevas altas en lugar de traspasar titulares del ente ejecutor provincial, la funcionaria indicó que el programa ya está cerrado. Indicó que las personas traspasadas tienen la obligación de presentarse a las actividades de cada ente ejecutor y que se les pagará el incentivo a los que acudan a la sede de las fundaciones o a la delegación, en Congreso 334, de 8 a 13.

¿La politización del tema no puede terminar afectando al programa?, se le consultó. “A la gente no se le dará de baja, porque el Ministerio garantiza su continuidad”, respondió. Y acotó: “aquí lo que se pone en evidencia es la politización que hace la Provincia del programa, porque sigue coaccionando a la gente diciéndoles cosas que no son ciertas. Es la Provincia la que politizó todos estos años el programa”, finalizó.

La fundación León explicó el acuerdo 

Gonzalo Castaño, coordinador del programa social en la Fundación León, explicó que la ONG viene trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en diferentes áreas y que se firmó un convenio para funcionar como ente ejecutivo del plan Argentina Trabaja. “Desde diciembre están trabajando (los titulares), pero desde septiembre rige el acuerdo”, indicó. Precisó que está acudiendo el 80% de los beneficiarios traspasados y que fue la Nación la que les avisó a ellos del cambio de ente ejecutor. “La Nación es la que maneja todo, la que paga y aprueba el plan de acción”, explicó. Castaño aclaró que la Fundación León es apartidaria, apartándose así de una eventual politización de la situación.

Contra el PE: “la intencionalidad es de ellos”

Jorge Mendía, titular de la Fundación para el Bicentenario, dijo que fueron elegidos para convertirse en ente ejecutor tras presentar una propuesta de trabajo. “Necesitábamos hacer trabajos puntuales con madera, tela y herrería; nos hicieron preguntas y nos vinieron a conocer”, explicó, tras precisar que la Nación los notificó sobre los titulares que pasaban a ser parte del ente. ¿Qué dice cuando se acusa de intencionalidad política a la Nación tras este traspaso de beneficiarios de la Provincia?, se le consultó. “La intencionalidad política es de ellos, porque nunca quisieron traspasar a los titulares”, replicó. Además, explicó que los traspasados, cuando cobraban por cajero automático recibían una notificación sobre a quien debían presentarse.