Los opositores de Yerba Buena desconocen las citaciones y denuncian en la Justicia penal a Campero

El cuarteto de ediles sostiene que el intendente incurrió en presunto abuso de autoridad

22 Dic 2017
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ESPERA EN VANO. A la mañana, durante el tercer llamado a sesión, aparecen Aráoz (izquierda) Aguirre (en el estrado), Rojas (de pie) y Macome (en el escalón). la gaceta / foto de franco vera

El cuarteto de ediles opositores de Yerba Buena respondió a sus pares oficialistas y peronistas con una nueva denuncia penal. Esta vez, el apuntado es el propio intendente, Mariano Campero, a quien acusan de incurrir en un presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

A las 18 en punto, cuando cinco ediles se reunían en el recinto de la avenida Solano Vera, a varios kilómetros de allí, en los tribunales penales de avenida Sarmiento al 400 los radicales Benjamín Zelaya, Maximiliano García y Lucas Cerúsico; y el macrista Pedro Albornoz Piossek, presentaban un escrito por mesa de entradas del Poder Judicial tucumano.

En el texto relataron que el Concejo se encuentra en receso y que la mesa de autoridades continúa en funciones, según la ordenanza 1.649 que regula el reglamento interno. “No obstante, existen algunos concejales del kirchnerismo y de Cambiemos que se encuentran incitados por el denunciado Campero a fin de que se llame a sesión extraordinaria para la elección de autoridades”, afirmaron. “El intendente carece totalmente de facultades de citar a una sesión extraordinaria a todos los concejales. Sin respetar la independencia de los poderes, y lo más grave aún abstrayéndose y avasallando las funciones de su presidente, manifestando que el Concejo se encuentra acéfalo, cuando en realidad el reglamento del Concejo Deliberante, en su artículo 9, expresamente dice que el Presidente dura en sus funciones hasta la renovación de las autoridades”, añadieron.

Los díscolos remarcaron que en los decretos de convocatoria a sesión, Campero expresa que el Concejo se encuentra acéfalo y que eso es “una muestra cabal de una autocracia, ya que el Concejo nunca puede estar en acefalía”. Por eso, entienden, las citaciones fueron nulas e incluso los temas del orden del día, como la elección de autoridades y la asunción de Rodolfo Aranda, no revisten el carácter de “interés público” y son competencia exclusiva y excluyente del Concejo. En paralelo, objetaron el procedimiento seguido, ya que aducen que ante la notificación del decreto de citación, corresponde que por Secretaría del cuerpo se corra vista al Presidente para que este resuelva sobre la convocatoria y llame a sesión. “La secretaria del Concejo, Blanca Josefina Albillos, nunca elevó a la presidencia el decreto de convocatoria para que el Presidente llame o no a sesión, y en atribuciones que les son ajenas a sus funciones de motus propio dispuso notificar sin más a los concejales de la sesión convocada”, plantearon. “Las cuatros convocatorias a sesión extraordinaria resultan a todas luces -igualmente que los decretos referidos- nulas de nulidad absoluta”, completaron.

Benjamín Zelaya era un presidente de facto. Estaba ocupando un cargo de manera ilegítima. Con esto, se restableció la institucionalidad”, sentenció Manuel Courel, jefe de Gabinete municipal de Yerba Buena. Remarcó que más allá de la asunción de Rodolfo Aranda y de la renovación de autoridades, había cuestiones importantes que deben resolverse.

“Una de ellas es la adhesión a un decreto provincial (N° 3910) que otorga un adicional no remunerativo para todos los empleados estatales”, explicó el funcionario. Para que se libre el pago, dijo, debía pasar primero por la aprobación del Concejo.

Ejemplos

Por otro lado, el municipio no tiene aprobado el presupuesto 2017, esto obligaba al Departamento Ejecutivo -precisó Courel- a pedir la aprobación de partidas presupuestarias para llevar a cabo obras o compra de insumos. Por ejemplo, para la obra que prevé que se saque la rotonda de avenida Perón y Camino del Perú, deben afrontar un gasto compartido con la Dirección de Vialidad Provincial y con el municipio de la capital.

Una situación similar se da con la compra de elementos para la Guardia Urbana. “Algunos concejales se jactan de haber sido los que presentaron el proyecto de creación de la Guardia, pero no puede funcionar si no les compramos materiales de trabajo”, insistió Courel al momento de justificar los motivos de la urgencia para que debatiera el Concejo.

Otro de los puntos del orden día solicitaba una partida para avanzar con la adquisición de una planta para hacer compostaje y para sumar contenedores. “Esto es un reclamo de los vecinos que queremos cumplir”, mencionó el jefe de Gabinete de la Municipalidad.

El conflicto dentro del Concejo, aseguró, no le ha restado fuerzas a la gestión municipal. “Todo lo contrario, hemos cumplido este año con lo que nos hemos propuesto. Hicimos llamados a licitación pública y avanzamos con las obras. Esta actitud de Zelaya de obstruir no nos ha detenido”, agregó Courel.

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