09 Mayo 2004 Seguir en 
En el conocido personaje de la empleada pública, el actor Antonio Gasalla sintetizó con elocuencia lo que la sociedad argentina piensa mayoritariamente de los trabajadores estatales. A estos suele vérselos como abúlicos, ineficientes y con poca predisposición para atender con diligencia a un cliente que es, al mismo tiempo, por su carácter de ciudadano, contribuyente y principal sostenedor del Estado. Hacer un trámite en un organismo oficial es, para mucha gente, un verdadero calvario. Con el afán de revertir esta tendencia, en la provincia se encuentra en marcha una serie de programas que buscan capacitar y jerarquizar los recursos humanos existentes, que suman 65.000. Especialistas consultados por LA GACETA aseguran que todas las medidas que tiendan a mejorar los procesos de selección de personal, a incentivar y a actualizar los conocimientos de los trabajadores son positivos. No obstante, advierten que esos pequeños pasos adelante pueden quedarse en meros parches si no son acompañados por una verdadera política en la que se trabaje con objetivos claros, de manera que se puedan dar cambios graduales pero firmes.
Sólo de esta manera, la sociedad podrá ver en la actuación de Gasalla una creación artística y no un reflejo de lo que ocurre en la realidad. La Dirección de Recursos Humanos, que encabeza Adriana Altube de González Navarro, considera que no se puede diseñar un sistema integral de gestión del personal público hasta que toda la información -abundante y dispersa- no esté volcada en las computadoras del Estado. Por ello, está en marcha lo que se conoce como Sistema Informático de Administración de Legajos (SIAL). En los próximos seis meses, cada repartición de la administración centralizada -reúne a 17.000 empleados- deberá digitalizar todos los datos de sus dependientes (decretos de nombramientos, ascensos, sanciones, presentismo, título, etcétera). "Cuando tengamos esta informatización podremos saber quién es quién y tomar decisiones. Sólo entonces sabremos quién está en condiciones de jubilarse, programar retiros y ascensos, dónde falta gente y con qué habilidades, por ejemplo", afirmó Altube.
Carencias y fallas
Aunque suele creerse que el Estado tucumano es grande si se traza una relación entre la cantidad de empleados y el número de habitantes, la funcionaria está convencida de que en la administración centralizada (léase Poder Ejecutivo) falta personal capacitado, razón por la que resulta imprescindible reubicar a aquellos agentes que hoy no tienen función asignada y que son muchos, según reconoció.
Norberto Oneto, administrador gubernamental de la Jefatura de Gabinete de la Nación, colabora en los cambios que se están haciendo en Tucumán. "Más allá de las discusiones sobre un Estado mínimo o necesario, la denominada reinvención del gobierno o las privatizaciones, la gente quiere un Estado que cumpla con sus servicios. El desafío es dotar a las reparticiones de capacidad real para actuar con eficiencia y eficacia", dijo el licenciado en Ciencias Políticas.
Menos optimista, el economista Víctor Elías señaló que nada se consigue si las intenciones son buenas, pero los mecanismos malos. "No es fácil cambiar toda una cultura caracterizada por el caos y la convicción de que el Estado debe y puede hacer de todo. Hay que comenzar de a poco, gradualmente y pensar en profundidad, porque el problema lo es", aclaró. Luego criticó por excesivamente reglamentarista el decreto por el cual el Poder Ejecutivo autorizó la celebración de concursos para cubrir vacantes en la administración pública. "Puede ser una señal, aunque no es mucho y aún no sé bien en qué se innova.
Hubiera sido conveniente que a cada responsable de una repartición se les diesen facultades para que, con libertad y de acuerdo a cada caso, efectúen las mejoras necesarias. Hay que pensar en cómo mejorar la productividad y cómo se establece un sistema de premios y castigos, lo que no necesariamente pasa por los reglamentos", dijo.
El tiempo y las acciones dirán si está en marcha un cambio integral o sólo parcial.
Habrá posgrados para profesionales
Entre los programas que están en marcha hay uno para jóvenes graduados universitarios del Estado. El 28 de junio y tras una minuciosa selección, 15 profesionales menores de 40 años comenzarán una capacitación que durará un año y que estará a cargo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Esta misma casa también dictará una diplomatura en gestión pública para funcionarios de rango medio. La Facultad de Ciencias Exactas de la UNT hará lo mismo con técnicos que trabajan en cuestiones vinculadas a la obra pública.
Preparan para atender al público
Los usuarios suelen quejarse de la atención estatal. Por ello, el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) concluyó un curso en el que participaron 60 empleados de diferentes reparticiones y el próximo martes comenzará otro destinado a secretarias o a quienes desempeñan esa función. "Estas medidas afirman el sentido de pertenencia. La gente se pone la camiseta del Estado", dijo el director del IPAP, Carlos Grande. La consultora Roxana Laks coincide. "Urge lograr que trabajar en el Estado signifique lo mismo que desempeñarse en algunas empresas privadas", aseguró.
Los hombres son mayoría
Casi el 70% del personal de la administración pública centralizada es masculino. Los agentes administrativos de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo suman 17.397, de acuerdo con los datos del último censo efectuado por el Estado. En la administración, sólo hay 5.249 mujeres. La mayor parte de esa población estatal se concentra en la franja de entre 40 y 60 años de edad (son casi 12.000 agentes). Sólo hay 387 jóvenes entre 20 y 30 años, mientras que otros 2.049 empleados están a punto de acceder a la jubilación ordinaria.
El 4,8% de los agentes del país
Los 65.000 empleados públicos que tiene Tucumán representan el 4,8% de la totalidad de agentes que trabajan en el sector estatal del país. Eso surge de un diagnóstico efectuado por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. En ese informe, se estableció que 1,3 millón de personas prestan sus servicios en el sector público de la Argentina. El gasto en personal en el país asciende a $ 18.100 millones anuales, mientras que en Tucumán ese rubro le significa al Gobierno una erogación aproximada a los $ 670 millones por año.
Sólo de esta manera, la sociedad podrá ver en la actuación de Gasalla una creación artística y no un reflejo de lo que ocurre en la realidad. La Dirección de Recursos Humanos, que encabeza Adriana Altube de González Navarro, considera que no se puede diseñar un sistema integral de gestión del personal público hasta que toda la información -abundante y dispersa- no esté volcada en las computadoras del Estado. Por ello, está en marcha lo que se conoce como Sistema Informático de Administración de Legajos (SIAL). En los próximos seis meses, cada repartición de la administración centralizada -reúne a 17.000 empleados- deberá digitalizar todos los datos de sus dependientes (decretos de nombramientos, ascensos, sanciones, presentismo, título, etcétera). "Cuando tengamos esta informatización podremos saber quién es quién y tomar decisiones. Sólo entonces sabremos quién está en condiciones de jubilarse, programar retiros y ascensos, dónde falta gente y con qué habilidades, por ejemplo", afirmó Altube.
Carencias y fallas
Aunque suele creerse que el Estado tucumano es grande si se traza una relación entre la cantidad de empleados y el número de habitantes, la funcionaria está convencida de que en la administración centralizada (léase Poder Ejecutivo) falta personal capacitado, razón por la que resulta imprescindible reubicar a aquellos agentes que hoy no tienen función asignada y que son muchos, según reconoció.
Norberto Oneto, administrador gubernamental de la Jefatura de Gabinete de la Nación, colabora en los cambios que se están haciendo en Tucumán. "Más allá de las discusiones sobre un Estado mínimo o necesario, la denominada reinvención del gobierno o las privatizaciones, la gente quiere un Estado que cumpla con sus servicios. El desafío es dotar a las reparticiones de capacidad real para actuar con eficiencia y eficacia", dijo el licenciado en Ciencias Políticas.
Menos optimista, el economista Víctor Elías señaló que nada se consigue si las intenciones son buenas, pero los mecanismos malos. "No es fácil cambiar toda una cultura caracterizada por el caos y la convicción de que el Estado debe y puede hacer de todo. Hay que comenzar de a poco, gradualmente y pensar en profundidad, porque el problema lo es", aclaró. Luego criticó por excesivamente reglamentarista el decreto por el cual el Poder Ejecutivo autorizó la celebración de concursos para cubrir vacantes en la administración pública. "Puede ser una señal, aunque no es mucho y aún no sé bien en qué se innova.
Hubiera sido conveniente que a cada responsable de una repartición se les diesen facultades para que, con libertad y de acuerdo a cada caso, efectúen las mejoras necesarias. Hay que pensar en cómo mejorar la productividad y cómo se establece un sistema de premios y castigos, lo que no necesariamente pasa por los reglamentos", dijo.
El tiempo y las acciones dirán si está en marcha un cambio integral o sólo parcial.
Entre los programas que están en marcha hay uno para jóvenes graduados universitarios del Estado. El 28 de junio y tras una minuciosa selección, 15 profesionales menores de 40 años comenzarán una capacitación que durará un año y que estará a cargo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Esta misma casa también dictará una diplomatura en gestión pública para funcionarios de rango medio. La Facultad de Ciencias Exactas de la UNT hará lo mismo con técnicos que trabajan en cuestiones vinculadas a la obra pública.
Preparan para atender al público
Los usuarios suelen quejarse de la atención estatal. Por ello, el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) concluyó un curso en el que participaron 60 empleados de diferentes reparticiones y el próximo martes comenzará otro destinado a secretarias o a quienes desempeñan esa función. "Estas medidas afirman el sentido de pertenencia. La gente se pone la camiseta del Estado", dijo el director del IPAP, Carlos Grande. La consultora Roxana Laks coincide. "Urge lograr que trabajar en el Estado signifique lo mismo que desempeñarse en algunas empresas privadas", aseguró.
Los hombres son mayoría
Casi el 70% del personal de la administración pública centralizada es masculino. Los agentes administrativos de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo suman 17.397, de acuerdo con los datos del último censo efectuado por el Estado. En la administración, sólo hay 5.249 mujeres. La mayor parte de esa población estatal se concentra en la franja de entre 40 y 60 años de edad (son casi 12.000 agentes). Sólo hay 387 jóvenes entre 20 y 30 años, mientras que otros 2.049 empleados están a punto de acceder a la jubilación ordinaria.
El 4,8% de los agentes del país
Los 65.000 empleados públicos que tiene Tucumán representan el 4,8% de la totalidad de agentes que trabajan en el sector estatal del país. Eso surge de un diagnóstico efectuado por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. En ese informe, se estableció que 1,3 millón de personas prestan sus servicios en el sector público de la Argentina. El gasto en personal en el país asciende a $ 18.100 millones anuales, mientras que en Tucumán ese rubro le significa al Gobierno una erogación aproximada a los $ 670 millones por año.
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