Arrojándose deshonestidades

15 Oct 2017

Más que transparencia, honestidad. La ley nacional de acceso a la información pública (27.275) entró en vigencia hace 16 días, y se supone que nació para transparentar la gestión de los funcionarios ante el ciudadano. Es decir, el Estado decidió abrir sus archivos a aquellos interesados en conocer aspectos relacionados con el funcionamiento de la administración pública.

Aquellos que realizaron una solicitud de informes el mismo día en la que entró en vigencia deberían recibir una respuesta a sus requistorias -a cualquiera de los poderes del Gobierno nacional- hasta el viernes próximo. Es que, según el artículo 11 de la norma, toda solicitud debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Claro que dicho término se puede prorrogar en forma excepcional otros 15 días hábiles si se torna difícil reunir la información demandada.

O sea, en esta semana se podrá justipreciar cuán verificable es esta excelente iniciativa para transparentar las acciones desarrolladas en los cargos estatales. Se verá si hay voluntad de mostrar todo o bien reticencia a satisfacer curiosidades.

Pedido de adhesión

Macri, cada vez que vino a Tucumán en los últimos tiempos le reclamó insistentemente al gobernador Manzur la adhesión a la norma nacional, al igual que la eliminación de los acoples. Dos aspectos por los que Cambiemos atacó al gobierno peronista para exponerlos como faltos de transparencia y acusarlos de clientelistas.

Aunque también la ley le sirvió al Presidente para fortalecer aún más a Marcos Peña, ya que al ser promulgada se disponía la creación de la agencia de acceso a la información pública en “el ámbito del Poder Ejecutivo nacional”. Cuatro días antes de la entrada en vigencia, Macri dictó un DNU por el cual dispuso que dicho organismo funcione en el ámbito de la Jefatura de Gabinete. Detalle.

La iniciativa se enmarca dentro del cambio que promovió el macrismo como una forma de combatir la corrupción en el Estado, un concepto que está identificando a la gestión kirchenrista-cristinista. Es que la documentación que pueda permanecer cajoneada, secreta y lejos de los ojos indiscretos hace al oscurantismo y a la deshonestidad de los que administran las oficinas públicas y los organismos que deben estar al servicio del bienestar y la tranquilidad del ciudadano. La honestidad, o eventualmente la deshonestidad, se pondría en evidencia a la hora de acceder a los papeles oficiales que expongan cómo se manejó la cosa pública y el destino de los dineros de todos.

Necesidad de controles

Sin embargo, no es suficiente para enfrentar a los corruptos o a los que ceden a las tentaciones para un mejor pasar, porque al amparo de la legalidad se hacen las cosas indebidas; como por ejemplo los sobreprecios de la obra pública y las coimas que recibirían los funcionarios por ajustar las licitaciones a las condiciones de las empresas de amigos o de aquellos que suelen ser generosos en contraprestación por los beneficios recibidos. He ahí un aspecto a tener en cuenta.

Los bolsos llenos de dólares de José López son un botón, tanto como las irregularidades que se denunciaron y se detectaron entre el personal del Instituto de la Vivienda. Es que donde hay una necesidad, social o empresaria, hay una oportunidad para los que saben sacar ventajas de las debilidades o los flancos no cubiertos que ofrece la legislación.

Por eso, a veces no basta con la transparencia y el parecer honestos dando a conocer la documentación pública. Porque el círculo de la transparencia se debe completar con un debido control de los actos públicos. Por ejemplo; se realiza una adjudicación directa beneficiando a una firma para que preste un determinado servicio al Estado. Los organismos de control se limitan a verificar que todo se ajuste a lo que digan las leyes, por ejemplo la de Administración Financiera.

Sin embargo, en algunos casos no se verifica que ese servicio se preste efectivamente; simplemente se observa que todo se haga según la ley; por lo que si la norma no dice que además del control de legalidad se tendría que verificar el cumplimiento efectivo de lo pactado. Allí hay un vacío que permite las picardías. Los controles no llegan al final del capítulo porque esa parte no se tuvo en cuenta al escribir el texto de la ley. Sobran los ejemplos. Baste bucear un poco en el Boletín Oficial de la provincia.

Entonces, más que transparencia; honestidad. Hay que hacer que la honestidad sea, además de una virtud, una obligación cívica, un acto responsable y necesario. Se debe ajustar la normativa que abarca el funcionamiento de determinados organismos públicos. Le dolería a los corruptos, o a los tentados.

A los carpetazos

En estos últimos días, la dirigencia política local arrojó las supuestas “deshonestidades” del adversario como parte de la campaña electoral. Más que acusaciones tuvieron el sentido de verdaderos “carpetazos”, para mostrar que el delito va de la mano del competidor.

Las acciones para debilitar al contrincante frente al electorado apuntaron a medidas de gestión expuestas como de dudosa intención; como los subsidios destinados a personas o a actos públicos para captar adhesiones, o votantes. Se hicieron los señalamientos al otro, no sólo porque hubo fallas o porque los beneficios ocultaban oscuros intereses, sino porque la normativa que los habilitaba a darlos ofrece flancos. Permite los abusos y los deslices.

Por ejemplo, se pueden hacer resoluciones, decretos y ordenanzas para otorgar ayudas sin mencionar a los destinatarios o poner destinatarios que no existen sólo porque hay debilidades y vacíos en la legislación. Las picardías están a la orden del día. También porque no hay controles rigurosos sobre los destinos de los recursos públicos.

Hasta ahora, vaya por caso, se sigue sin saber quiénes fueron los beneficiarios de las ayudas sociales a personas que otorgó la Legislatura en 2015. Existen esas personas, pero el secretismo es la marca de la acción pública y porque no hay una ley que obligue a publicitar la nómina.

A sospechar

Como se está en tiempo electoral, todo se observa bajo la óptica proselitista y dudando de las verdaderas intenciones de algunas medidas de gestiones oficiales. Como por ejemplo, publicar un decreto disponiendo $ 11 millones para ayudar a personas, sin poner un anexo del listado en el Boletín Oficial. Se duda porque eso sí se venía haciendo antes. ¿Descuido? Y justo ahora, a días de los comicios, no se cumple como antes.

Más que transparencia, honestidad. Se dan explicaciones, pero se otorgan ayudas municipales a personas que no existen. Y todos se pueden acusar porque conocen de los flancos que dejan las leyes; y todos se conocen. Tucumán es chico, suele decirse.

En ese sentido, no sólo basta la simple adhesión a una ley de acceso a la información pública; sino contar con una legislación propia, que contemple estos vacíos de la normativa tucumana y que permite las “avivadas” a la tucumana. Y con las que ahora todos se enrostran con vista a los comicios. Habría que trocar esos esfuerzos para que la Legislatura avance con todos los proyectos vinculados a la transparencia que están en comisión. Una vez superada la elección, podrían desempolvarse las siete iniciativas distintas en las que estamparon sus firmas 27 legisladores, y que datan de septiembre y noviembre de 2016 y de agosto de este año para que el ciudadano tucumano pueda conocer cómo actúan sus representantes en el manejo de las oficinas y de los organismos estatales.

Es una deuda que hace a la transparencia, y también a la honestidad.

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