Impuesto al cheque: crónica de una batalla anunciada

15 Oct 2017

MARCELO BÁTIZ | AGENCIA DYN

BUENOS AIRES.- La presentación del proyecto de ley de Presupuesto vino en esta oportunidad con el añadido de un paquete legislativo de cuya aprobación y eventuales modificaciones dependerá en gran parte la economía de 2018 y el futuro de la relación del gobierno nacional con las provincias, los sectores empresarios y los contribuyentes en general.

La prórroga del impuesto al cheque descolocó a todos. A los gobernadores, que habían lanzado la propuesta de coparticiparlo por completo y no sólo el 30% como en la actualidad. A los empresarios, cuyas esperanzas por una reforma impositiva se derrumbaron al comprobar que desde el Ministerio de Hacienda no prevén avanzar ni un paso con un tributo que era número puesto. Y a los contribuyentes, a quienes resignar el 1,2% de cada cheque cobrado les hace pensar cada día cuáles son los beneficios de la formalidad.

Hubo, en realidad, una modificación en el proyecto de prórroga, ya que el 70% de lo recaudado por el impuesto iría directamente a la Anses y no al Tesoro. Un cambio que a los gobernadores y empresarios ni los inmuta: seguirán cobrando y pagando lo mismo. Y los jubilados también cobrarán igual, sólo se evita el paso de transferir los recursos de una caja a otra del mismo Estado nacional. Los impuestos no se crean ni se aplican siguiendo un criterio de equidad y justicia, sino por la urgencia de recaudar. Sin admitirlo, no se podría entender cómo Domingo Cavallo derogó este impuesto al cheque en 1991 por considerarlo “distorsivo” y lo reinstaló diez años después, con un carácter supuestamente “transitorio” que ya pasó los 16 años. Reflejo de una estructura emparchada, el impuesto al cheque no sigue al pie de la letra los lineamientos de la ley de Coparticipación. De haberlos seguido, la Nación se quedaría con el 38,89% de lo recaudado y las provincias más la ciudad de Buenos Aires con el 61,11% restante. Pero en este caso, sólo se coparticipa el 30%, con lo que el 61,11% de las provincias se reduce al 18,33% y el 38,89% de la Nación se expanden hasta el 81,67%.

No por amor, sino por dinero

Obviamente que la discusión no es por amor sino por dinero. En el proyecto de Presupuesto 2018, se espera que la Nación embolse $ 163.389 millones en concepto de ingresos por este gravamen. Las provincias se llevarían $ 36.370 millones. La diferencia entre coparticipar el impuesto como indica la ley 23.548 o como se hace ahora es de un poco más de $ 85.000 millones. Una suma que, según el criterio que se elija, puede ir para la Nación o a las provincias, si se lo coparticipa al 100%.

Los empresarios, terceros en discordia en este conflicto, reclaman la derogación del impuesto o al menos una rebaja sustancial en sus alícuotas, de 0,6% para los débitos y un porcentaje similar para los créditos.

Si se lo derogara, las cuentas para Nación y provincias es más sencilla: no cobrarán un peso. Una opción atendible por razones de competitividad y de cierto alivio en la carga impositiva en general, pero ya se ha dicho que en estos casos lo urgente prevalece sobre lo importante. Lo que se espera recaudar por el impuesto al cheque no será equiparable a lo que ocurrirá con IVA o Ganancias, pero de ninguna manera es una suma para despreciar. Menos para un gobierno que, después de tres años de gestión, tiene como meta cerrar 2018 con un déficit primario del 3,2% del PBI. Y el impuesto al cheque equivale al 41% de ese déficit, que se elevaría al 4,5 por ciento en caso de que se lo derogue. El impuesto al cheque representará el año que viene el 7,8% de los ingresos corrientes y servirá para hacer frente al 5,87% del gasto total.

No obstante, hay otras opciones a considerar. La posibilidad de un crecimiento económico mayor al oficialmente previsto podría compensar esa pérdida con ingresos mayores de otros tributos. Entre tantas especulaciones, faltaría que alguien se ocupara de los contribuyentes de a pie.

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