13 Octubre 2017
Luego del hábeas corpus presentado por el fiscal Jorge Echayde en favor de los presos alojados en las comisarías de Alberdi, Santa Ana, Aguilares y Arcadia, porque se encontraban “hacinados, en un ambiente insalubre, sin elementos adecuados para descansar y abrigarse, con mala alimentación y escasa atención médica”, el juez Guillermo Acosta hizo lugar parcialmente al pedido y ordenó que fueran trasladados a otros lugares de detención que cumplan con las condiciones básicas necesarias. Sin embargo, luego se declaró incompetente, al entender que las actuaciones del caso corresponden a la Corte Suprema de la provincia.
Luego de repasar los argumentos de Echayde, Acosta coincidió: “asiste razón al accionante respecto de las condiciones de vida de los detenidos en las dependencias policiales provinciales, lo que acreditaría el incumplimiento del Estado provincial respecto de las condiciones mínimas de trato reconocidas a las personas privadas de su libertad”. Luego el juez indicó que solicitó informes a las comisarías sobre la cantidad de personas alojadas; sus datos personales; la capacidad máxima de alojamiento; el estado de salud de los presos; cuántos arrestos tiene cada seccional y cuántas personas hay alojadas en ellos; si cuentan con camas y sillas; si tienen sanitarios y en qué condiciones se encuentran; y que se describa el estado del edificio y los regímenes de visitas de familiares.
Además, organizó visitas a las comisarías. Fuentes judiciales habían explicado que unos 25 presos estaban alcanzados por el hábeas corpus. De todos ellos, nueve -más de un 30%- fueron enviados al hospital Regional de Concepción por su estado de salud.
Por último, y como respuesta a la solicitud de Echayde de proveer elementos de higiene, abrigos y alimentos, señaló: “el proveyente ha tomado medidas para garantizar condiciones suficientes de salubridad y seguridad”.
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