Sigue sin juez una causa contra Gandur

Un segundo magistrado se apartó del caso que involucra a camaristas y al titular de la Corte.

04 Jul 2017
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ANTONIO GANDUR. LA GACETA/ DIEGO ARÁOZ

Está huérfano de juez el caso que involucra a tres camaristas en lo contencioso administrativo (Salvador Ruiz, Horacio Castellanos y Sergio Gandur) y al propio titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Gandur.

Se trata de la causa penal de la Línea 11 (caso “Mihelj”), que el mes pasado generó una tensión sin igual en la cúpula del Poder Judicial provincial cuando Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, acusó al jefe del alto tribunal de pretender usar su cargo para impedir la investigación de su hijo, Sergio Gandur. Ya son dos los magistrados que se declararon incompetentes para controlar la actuación del fiscal Washington Navarro Dávila (Nº5) y para resolver las peticiones de los denunciados. El lunes de la semana pasada, el juez Alejandro Tomás (Nº1) rechazó el caso que le había mandado su par Francisco Pisa (Nº3) y consideró que el apartamiento de este carecía de fundamento.

Pisa había dicho que, por la fecha de los hechos, el tema no era de su incumbencia, y se lo había remitido a Tomas. El conflicto de competencia entre los magistrados Nº1 y Nº3 ha de ser resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, que integran los vocales Eudoro Albo, Enrique Pedicone y Liliana Vitar (esta última podría no fallar, puesto que Navarro Dávila es su marido). A instancias del presidente de la Corte, ese tribunal ya había intervenido antes para intimar a Pisa a resolver los planteos pendientes: sucede que a mediados de junio el magistrado Nº3 no lograba recuperar el expediente que había pedido a Navarro Dávila a fines de mayo.

Antonio Gandur desmintió a Jiménez: dijo que, lejos de entorpecer la pesquisa, intentaba defenderse en forma legítima puesto que el fiscal Nº5 estaba investigándolo a él, aunque la ley le impedía hacerlo. En virtud de este cruce de acusaciones, Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, manifestó que Gandur y Jiménez debían dar un paso al costado mientras que la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) reflotó la idea de solicitar al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano el envío de un veedor.

Cautelar sospechada

El trámite del caso penal de la Línea 11 proseguirá en el Juzgado Nº1 mientras la Cámara de Apelaciones define cuál de los dos jueces debe hacerse cargo de la denuncia de Jorge Mihelj, directivo de la empresa de transporte público Leagas -por implicar a funcionarios públicos con fueros sólo un magistrado puede dirigir la investigación-. La inminencia de la feria indica que quizás surjan novedades a partir de la tercera semana de julio.

Según la denuncia que Mihelj presentó en febrero, Ruiz, Castellanos y Sergio Gandur habrían cometido delitos en ocasión de otorgar a Inverbus la medida cautelar que le permitió retener la Línea 11. El representante de Leagas, firma a la que el intendente Germán Alfaro había otorgado la concesión en forma provisional y discrecional, indicó que incluso el jefe de la Corte habría coadyuvado en la materialización de la presunta maniobra delictiva. La cautelar en cuestión aún está vigente e integra el pleito radicado en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo: Ruiz y Castellanos deben analizar el planteo del Municipio de Alfaro que sostiene que la resolución precautoria favorable a Inverbus caducó de pleno derecho con el llamado a licitación del recorrido de colectivos.

Como consecuencia de la denuncia penal, Navarro Dávila citó a declarar como testigo a Sofía Gandur, hija de Sergio Gandur y nieta del titular del alto tribunal, y a Oscar Alonso, dueño de Inverbus, entre otros: sucede que Sofía Gandur habría prestado servicios profesionales a la empresa de Alonso. En paralelo, Arnaldo Ahumada, defensor del camarista Ruiz, denunció a Navarro Dávila por la supuesta comisión de excesos y abusos en la función investigativa: el segundo caso derivado del conflicto original de la Línea 11 está en manos del fiscal Arnoldo Suasnábar (Nº6).

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