Pisa se declara incompetente en el caso penal de la Línea 11

Al día hábil siguiente de recuperar el expediente “Mihelj”, más conocido como causa penal de la Línea 11, el juez de Instrucción N°3, Juan Francisco Pisa, se declaró incompetente en razón de la fecha del presunto hecho ilícito denunciado y remitió las actuaciones a su par del Juzgado N°1, Alejandro Tomas. Antes que nada, este magistrado analizará si acepta o rechaza el caso que le mandó Pisa: en el segundo supuesto -el más probable en función de los antecedentes recientes-, el conflicto de la controversia será resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Fuentes del Juzgado N°1 anticiparon que, por la licencia de su titular, cualquier resolución pasaría para la semana entrante.

Pisa había tardado al menos 20 días corridos en tomar control del expediente iniciado por la denuncia de Jorge Mihelj, representante de la compañía de transporte público Leagas. El 27 de mayo y en virtud de una presentación de Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el juez N°3 había requerido la entrega del caso al fiscal Washington Navarro Dávila (N°5). Este comunicó la resolución a su jefe, el ministro público Edmundo Jiménez, quien a continuación dio a conocer una resolución en la que acusó a Gandur de entrometerse en forma indebida; de extralimitarse y de usar su investidura para intentar entorpecer la investigación que involucra a su hijo, Sergio Gandur, camarista en lo contencioso administrativo. Además de a ese juez, Mihelj denunció a los camaristas Salvador Ruiz y Horacio Castellanos, a quienes acusó de delinquir al dictar la medida cautelar que permitió a la compañía Inverbus retener la Línea 11, pese a que el intendente Germán Alfaro había otorgado el recorrido en forma discrecional a Leagas. Según el denunciante, el presidente de la Corte habría contribuido a concretar la presunta maniobra ilícita.

Cuatro días después de la resolución de Jiménez, el titular del alto tribunal desmintió la acusación y expresó que Navarro Dávila lo estaba investigando a él pese a que, por sus fueros, la pesquisa sólo podía ser dirigida por un juez de Instrucción. Mediante un parte de prensa, Gandur dijo que sólo se estaba defendiendo; que había recusado por enemistad manifiesta al fiscal N°5 sin conseguir que este atendiera sus planteos y que, por ello, había acudido a Pisa.

Después de dos pedidos de pronto despacho interpuestos ante el Juzgado N°3, Gandur presentó una queja por retardo de justicia ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Durante la semana pasada, ese tribunal dio 48 horas a Pisa para resolver las peticiones pendientes en el caso “Mihelj”. Durante la jornada siguiente y cuando ya parecía que se iba a quitar el expediente a Navarro Dávila con auxilio de la fuerza pública, el juez recibió la causa. Pero, en vez de analizar las presentaciones de los jueces denunciados, Pisa resolvió que no le correspondía a él tramitar este proceso con altísimas repercusiones institucionales.

Como consecuencia del caso penal de la Línea 11, Arnaldo Ahumada, defensor de Ruiz, denunció a Navarro Dávila: esa otra acusación tramita en la Fiscalía N°7, a cargo de Arnoldo Suasnábar, quien la semana pasada pidió medidas. A fines del mes pasado, Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, habló de que había un hartazgo en la sociedad, y dijo que Gandur y Jiménez debían dar un paso al costado. La Unión de Empleados de la Justicia Nacional, por su parte, anunció que iba a pedir al ministro macrista Germán Garavano que envíe un veedor para observar el trámite de las causas de interés público.