Gandur logra que un juez sea intimado a recuperar el caso que involucra a su hijo

El juez de Instrucción N°3, Juan Francisco Pisa, dispone de 48 horas para tomar control de la causa de la Línea 11 (expediente “Mihelj”). La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción emitió la intimación luego de constatar que el Juzgado N°3 no había resuelto los planteos que cuestionan la actuación del fiscal Washington Navarro Dávila (N°5), quien no remitió el caso a Pisa pese a que este se lo había requerido el 27 de mayo. Los camaristas Eudoro Albo y Enrique Pedicone firmaron la resolución ayer, a instancias de la queja por retardo de justicia que había articulado Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Liliana Vitar, la tercera vocal de Apelaciones, no intervino en este asunto puesto que está casada con Navarro Dávila.

En síntesis, Albo y Pedicone recordaron a Pisa que disponía de las facultades legales para hacer valer su autoridad y cumplir sus deberes. La legislación autoriza al juez de Instrucción N°3 a recuperar el expediente de la Fiscalía N°5 con el auxilio de la Policía; a allanar las dependencias de Navarro Dávila e, incluso, a girar las actuaciones al fiscal de turno para que investigue la posible comisión de un delito. Gandur acudió a la Cámara de Apelaciones después de presentar dos pedidos de pronto despacho a Pisa: en su primer escrito, el titular de la Corte manifestó que el fiscal N°5 no daba trámite a sus planteos y que seguía interviniendo en la causa de la Línea 11 pese a que lo había recusado por enemistad manifiesta.

Tanto la petición de Gandur como la orden que Pisa dirigió a Navarro Dávila constan en la resolución emitida por el ministro público Edmundo Jiménez el 29 de mayo. En ese instrumento, el jefe de los fiscales acusó al presidente del alto tribunal de entrometerse en un proceso penal que involucra a su hijo, el juez Sergio Gandur, y de intentar entorpecer la pesquisa de Navarro Dávila. “El titular de la Corte ha invocado su título y su cargo para tener conocimiento y acceso en la causa”, había dicho Jiménez en una conferencia de prensa celebrada en su despacho.

“Los hechos son sagrados”

El 1 de junio, Gandur desmintió a Jiménez mediante un comunicado: dijo que Navarro Dávila lo estaba investigando a él, pese a ser incompetente para ello porque sólo un juez puede dirigir la pesquisa que involucra a un funcionario público con fueros. Gandur añadió que sus presentaciones en la causa iniciada por Mihelj hacían al ejercicio del derecho de defensa (según se pudo averiguar, el fiscal habría solicitado el legajo laboral e información patrimonial del presidente de la Corte). “Mi actuación personal fue legal y legítima. Por lo demás, sólo resta recordar la célebre frase que trascendió en 1921, en el periódico británico The Guardian: ‘el comentario es libre, pero los hechos son sagrados’”, acotó el juez.

El caso en cuestión se remonta al 17 de febrero cuando Jorge Mihelj, de la empresa Leagas, formuló una denuncia penal contra tres camaristas en lo contencioso administrativo: Salvador Ruiz, Horacio Castellanos y Gandur (h). Mihelj dijo que Ruiz y Castellanos, vocales de la Sala I, habrían cometido el delito de prevaricato en diciembre, al restituir precautoriamente la Línea 11 a la firma Inverbus, y que Gandur (h), vocal de la Sala III, habría perpetrado un tráfico de influencias en favor de la compañía beneficiada, que está ligada profesionalmente a su familia (se informa por separado). El denunciante añadió que el presidente de la Corte habría coadyuvado en esta presunta maniobra.

Del trámite de la denuncia de Mihelj se sabe que Navarro Dávila decretó el secreto de sumario, y que citó a declarar como testigos a un amigo de Gandur, el abogado octogenario Carlos Bravo; a Oscar Héctor Alonso y a Oscar Alonso (h), dueños de Inverbus, y a Sofía Gandur, una hija del camarista y nieta del jefe de la Corte. A su vez y en conexión con lo ocurrido en esta causa, los abogados Arnaldo Ahumada y Martín Gandur (también nieto del titular de la Corte) denunciaron penalmente a Navarro Dávila el 27 de abril por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato.

En virtud de este enfrentamiento en la cúpula judicial, el presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Marcelo Billone, opinó que tanto Jiménez como Gandur debían dar un paso al costado, mientras que dirigentes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional anunciaron que iban a pedir a Germán Garavano, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, que enviara un veedor para monitorear los casos sensibles.