CARACAS.- La abogada Luisa Ortega Díaz fue ratificada como fiscala general de Venezuela en 2014 y hasta 2021, con el apoyo de una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, que tenía total confianza en su desempeño. Desde entonces, la jefa del Ministerio Público no había escuchado amenazas tan gruesas contra su permanencia en el cargo de parte de funcionarios del Gobierno y el oficialismo como las de los últimos días, en medio de la ola de protestas contra Nicolás Maduro.
En síntesis, le advirtieron que puede ser destituida por la Asamblea Constituyente que propuso Maduro, que tendría poderes plenipotenciarios. Esto supone que estará por encima de cualquier poder constituido mientras se redacta la nueva Carta Magna.
Todo comenzó el 31 de marzo pasado, cuando Ortega señaló que dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojaron de sus atribuciones a la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) significaban una ruptura del orden constitucional. Aunque el TSJ retiró parcialmente el fallo, la fiscal mantuvo su criterio.
Hasta ese momento, Ortega había acompañado con sus decisiones las líneas de la llamada revolución bolivariana. Considerada una militante de izquierda inclinada al proyecto bolivariano, sus decisiones eran favorables al oficialismo, y su discurso estaba fuera de sospecha.
Hasta ahora nadie recordaba que su cargo tiene el dominio de la acción penal y que puede ejercer acciones contra el Ejecutivo en materia penal y de corrupción, lo que ha sido visto como una amenaza por el Gobierno.
Esta semana, Ortega volvió a la carga contra la línea oficial. Dijo que la Guardia Nacional (policía militarizada), el órgano que apoya las tareas de orden público, dejaba actuar a grupo de civiles armados en el control de manifestaciones.
Señaló también su desacuerdo con pasar a la justicia militar a detenidos en las protestas; y alertó que las fuerzas del orden estaban inexplicablemente ausentes en episodios de saqueos a comercios.
Pero el más delicado señalamiento fue en torno a la muerte del estudiante universitario Juan Pernalete, ocurrida el 26 de abril: recibió un impacto en el pecho. El Gobierno y el oficialismo habían instalado la idea de que el joven cayó en extrañas circunstancias en las protestas, alegando que su muerte fue ocasionada por una pistola de “perno cautivo”, utilizada para sacrificar animales. En una rueda de prensa, Ortega mostró un cartucho de bomba lacrimógena y señaló que, según se indica en sus instrucciones, dispararla al cuerpo puede ser letal. Además, dijo que las investigaciones habían identificado al comando de la Guardia Nacional que tenía a cargo el arma con la que se disparó el cartucho que mató al estudiante.
La fiscal entró en un túnel de silencio y solo aparece cuando cree necesario hablar sobre el saldo de las protestas y la ola de violencia.
Durante las protestas, la Fiscalía ha imputado a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Nacional por varias de las víctimas mortales, la mayoría de balazos.
Ortega, de 59 años, es una abogada que se encargó de una comisión que investigó los crímenes, desapariciones y torturas por razones políticas entre 1958 y 1998, con énfasis en la lucha contra la guerrilla izquierdista de los años 60.
