Guillermo Villarreal - DyN
BUENOS AIRES.- La iniciativa de la Iglesia de abrir un proceso para la reconciliación de los argentinos y promover la cultura del encuentro en una sociedad a la que considera fragmentada y marcada por una historia de violencia provocó un revuelo político fuerte.
La sola mención del plan mereció el repudio de organizaciones de derechos humanos, que advirtieron en duros términos que la propuesta eclesiástica contradice el pretendido objetivo de suturar las heridas de los años de la dictadura militar.
Los obispos negaron que su intención primaria haya sido convocar a una mesa de diálogo para reconciliar a familiares de desaparecidos con militares, y apelaron a otros términos para definir la propuesta y cerrarla hacia el interior de la Iglesia. Asimismo, debieron precisar que reconciliación no debe interpretarse como impunidad, olvido o falta de búsqueda de verdad y justicia.
El obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, afirmó que para los cristianos la reconciliación implica “unir lo que está separado, pero no sin justicia”. Ojea advirtió: “no hay reconciliación sin justicia”.
El obispo castrense electo, monseñor Santiago Olivera, también sumó su voz en este sentido. “No estamos buscando que con la palabra reconciliación se dé marcha atrás con los juicios de lesa humanidad. La Iglesia no busca el olvido”, indicó.
El informe de prensa para anunciar la asamblea plenaria subrayaba que el Episcopado comenzaría con “un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro”.
En las comunicaciones posteriores de esta semana la palabra “reconciliación” ya no apareció. Voceros prefirieron otros conceptos, como hablar de “un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar” o “un camino de diálogo entre los obispos en el marco de la cultura del encuentro y la amistad social”.
La andanada de cuestionamientos a la Iglesia se exacerbó aún más, porque el plenario episcopal coincidió con la aceptación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la aplicación del cómputo de la pena conocida como “dos por uno” en un caso de condena por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.
El caso del teniente coronel retirado Emilio Guillermo Nani, investigado por delitos de lesa humanidad en los años de plomo, quien solicitó asilo político en la sede de la Nunciatura Apostólica, por considerarse un perseguido político, también enrareció el ambiente. El Gobierno nacional contribuyó a la confusión general y las declaraciones y “peleas” entre funcionarios echaron más leña al fuego.
El ministro de Defensa, Julio Martínez, ratificó el compromiso del gobierno de Mauricio Macri de “unir a los argentinos” y aseguró que en la agenda gubernamental aparece la reconciliación de las actuales Fuerzas Armadas, que son “de la democracia”, con la sociedad.
El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, manifestó que no le parecían “buenas” las sentencias del 2x1 “en ningún escenario”. Y se diferenció del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien había dicho estar “de acuerdo” con la decisión de la Corte “si el fallo está ajustado a la ley”.
