Los camaristas penales de la capital “atacan” seis concursos
19 Marzo 2017 Seguir en 
Otra posible reforma de la Justicia esta vez vinculada al nuevo Código Procesal Penal generó una movilización sin precedentes en la Cámara Penal de la capital. Dante Ibáñez, presidente del tribunal, se presentó en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) en nombre de todos sus pares -entre ellos, el consejero Carlos Caramuti- para pedir la suspensión de seis concursos. Estos procesos fueron convocados en octubre para seleccionar a los integrantes de las salas II y III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de esta ciudad. Según Ibáñez, la pretensión del oficialismo de reasignar funciones a ese cuerpo exige la parálisis del trámite de los concursos y, eventualmente, que estos sean abiertos otra vez de modo que se garantice la intervención de jurados acordes a las nuevas necesidades y la posibilidad de los camaristas de participar en ellos.
La Cámara Penal de San Miguel de Tucumán está integrada por los vocales María Elisa Molina, Pedro Roldán Vázquez, Alfonso Zóttoli, Gustavo Romagnoli, Eduardo Romero Lascano, Fabián Fradejas, Caramuti, Ibáñez, Rafael Macoritto, Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre, Alejandra Balcázar, Juana Juárez, Stella Maris Arce, Marta Cavallotti y Alicia Freidenberg. El punto de partida de su planteo es la sanción inminente de la ley que reorganizará las tareas a cargo de la judicatura penal. Ibáñez comunicó al CAM -mediante una nota presentada el 13 de marzo- que el proyecto que baraja el oficialismo prevé dos colegios de magistrados para la capital y el sur: uno intervendrá en los procesos desde su inicio y hasta la emisión de la sentencia del juicio oral mientras que el otro revisará las decisiones que produzca el primero. Los legisladores afines al Gobierno proyectan que el primer colegio esté formado por los jueces de Instrucción y correccionales, y los camaristas penales, mientras que los vocales de la Cámara de Apelación actuales y futuros compondrán el llamado Tribunal de Impugnación (segundo colegio).
“Tales planes revelan una circunstancia que hasta la fecha no existía y que, si la iniciativa es aprobada, implicaría nuevas funciones para los camaristas de Apelaciones, que pasarían a revisar no sólo las decisiones dictadas (por los jueces de Instrucción) durante la investigación penal preparatoria, sino también las sentencias definitivas dictadas durante el juicio oral”, explicó Ibáñez a los consejeros. Y añadió que esta ampliación de funciones impacta sobre los seis concursos convocados para cubrir las salas II y III de la Cámara de Apelaciones.
Jueces y colegas afectados
“Dado que ese órgano tendrá también como tarea la revisión de sentencias definitivas (condenatorias o absolutorias) actualmente a cargo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, entendemos que corresponde hacer un nuevo llamado para los concursos (afectados por la reforma)”, expresó Ibáñez. El vocal de la Sala III de la Cámara Penal manifestó que los aspirantes debían ser evaluados respecto de la función que desarrollarán cuando entre en vigencia el nuevo código (su implementación está prevista para septiembre) por jurados capacitados en las materias en cuestión.
“Corresponde suspender y volver a concursar para resguardar los derechos de quienes hoy conformamos los tribunales de juicio oral y de otros colegas que pudiesen verse afectados por este nuevo panorama, ya que no hemos tenido oportunidad de inscribirnos en los procesos del CAM”, manifestó Ibáñez en su presentación. El mismo 13 de marzo, Daniel Posse, presidente del Consejo Asesor de la Magistratura, puso el escrito a consideración de los consejeros. Fuentes del órgano indicaron que el planteo será tratado, en principio, en la próxima sesión.
Los seis procesos “atacados” están en la etapa de definición de las impugnaciones articuladas contra los inscriptos, según el portal institucional del CAM. En ellos se advierte un número significativo de candidatos del Ministerio Público (se informa por separado en esta edición). La posición de los camaristas penales podría surtir efectos también sobre los tres procesos de selección de vocales para la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de Concepción, que están más avanzados puesto que el CAM se dispone a sortear jurados y a fijar la fecha para la prueba de oposición.
La Cámara Penal de San Miguel de Tucumán está integrada por los vocales María Elisa Molina, Pedro Roldán Vázquez, Alfonso Zóttoli, Gustavo Romagnoli, Eduardo Romero Lascano, Fabián Fradejas, Caramuti, Ibáñez, Rafael Macoritto, Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre, Alejandra Balcázar, Juana Juárez, Stella Maris Arce, Marta Cavallotti y Alicia Freidenberg. El punto de partida de su planteo es la sanción inminente de la ley que reorganizará las tareas a cargo de la judicatura penal. Ibáñez comunicó al CAM -mediante una nota presentada el 13 de marzo- que el proyecto que baraja el oficialismo prevé dos colegios de magistrados para la capital y el sur: uno intervendrá en los procesos desde su inicio y hasta la emisión de la sentencia del juicio oral mientras que el otro revisará las decisiones que produzca el primero. Los legisladores afines al Gobierno proyectan que el primer colegio esté formado por los jueces de Instrucción y correccionales, y los camaristas penales, mientras que los vocales de la Cámara de Apelación actuales y futuros compondrán el llamado Tribunal de Impugnación (segundo colegio).
“Tales planes revelan una circunstancia que hasta la fecha no existía y que, si la iniciativa es aprobada, implicaría nuevas funciones para los camaristas de Apelaciones, que pasarían a revisar no sólo las decisiones dictadas (por los jueces de Instrucción) durante la investigación penal preparatoria, sino también las sentencias definitivas dictadas durante el juicio oral”, explicó Ibáñez a los consejeros. Y añadió que esta ampliación de funciones impacta sobre los seis concursos convocados para cubrir las salas II y III de la Cámara de Apelaciones.
Jueces y colegas afectados
“Dado que ese órgano tendrá también como tarea la revisión de sentencias definitivas (condenatorias o absolutorias) actualmente a cargo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, entendemos que corresponde hacer un nuevo llamado para los concursos (afectados por la reforma)”, expresó Ibáñez. El vocal de la Sala III de la Cámara Penal manifestó que los aspirantes debían ser evaluados respecto de la función que desarrollarán cuando entre en vigencia el nuevo código (su implementación está prevista para septiembre) por jurados capacitados en las materias en cuestión.
“Corresponde suspender y volver a concursar para resguardar los derechos de quienes hoy conformamos los tribunales de juicio oral y de otros colegas que pudiesen verse afectados por este nuevo panorama, ya que no hemos tenido oportunidad de inscribirnos en los procesos del CAM”, manifestó Ibáñez en su presentación. El mismo 13 de marzo, Daniel Posse, presidente del Consejo Asesor de la Magistratura, puso el escrito a consideración de los consejeros. Fuentes del órgano indicaron que el planteo será tratado, en principio, en la próxima sesión.
Los seis procesos “atacados” están en la etapa de definición de las impugnaciones articuladas contra los inscriptos, según el portal institucional del CAM. En ellos se advierte un número significativo de candidatos del Ministerio Público (se informa por separado en esta edición). La posición de los camaristas penales podría surtir efectos también sobre los tres procesos de selección de vocales para la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de Concepción, que están más avanzados puesto que el CAM se dispone a sortear jurados y a fijar la fecha para la prueba de oposición.
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