Aval peronista a un operativo militar

Febrero de 1987 presagió el ritmo de alta politización que se extendió a lo largo del año. En los primeros días del segundo mes emergieron tensiones que sacudieron con distinta intensidad al radicalismo gobernante en el país y a la administración peronista de Fernando Riera. En ambos casos repercutieron en las elecciones de septiembre.

En medio de esas turbulencias, se conmemoró el 12° aniversario del Operativo Independencia, con un acto que tuvo un entorno llamativo en lo político. Paralelamente, las abogadas de organizaciones de derechos humanos reclamaron que la Cámara Federal actuara con mayor celeridad en los procesos abiertos contra civiles y militares acusados de haber participado de secuestros y torturas. La ley de Punto Final había puesto un plazo taxativo para concretar esas actuaciones y tranquilizar el mundo militar.

Mirada jujeña

A la ceremonia castrense celebrada el 9 de febrero en el Regimiento 19 de Infantería asistieron el gobernador de Jujuy, Carlos Snopek, y el vice Fernando Cabana. No acudió en cambio el gobernador Fernando Riera, en cuya representación estuvo José Domato -titular del Senado-.

Riera había alentado la constitución de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos a fines de 1983. El informe de esta sirvió de base para investigaciones judiciales posteriores que terminaron con condenas a muchos participantes del Operativo Independencia. El comandante en jefe del Ejército, Héctor Ruiz Ereñu reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas y aseguró que el gobierno de María Estela Martínez de Perón las convocó ante la insuficiencia de las instituciones de seguridad.

Snopek justificó la acción militar iniciada a partir de febrero de 1975 porque se quería asegurar la paz. El gobernador jujeño remarcó su interés especial en estar presente en el acto del 9. Nuestra lucha ha sido siempre para que se respeten la voluntad popular y los mecanismos constitucionales, planteó.

Sin referirse explícitamente al ERP y a Montoneros, cuestionó el uso de la violencia política para conquistar el poder. Cualquier ciudadano puede disentir en el nivel municipal, provincial o nacional, pero debe hacerlo dentro de las instituciones de la Constitución, arguyó. Se realizó (el operativo) porque se quería la paz, remató el mandatario que transitaba su último año de gestión en Jujuy. El levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987 desmintió el optimismo de Snopeck, quien negó la existencia de malestar en las filas militares.

Paros y versiones

Si Alfonsín enfrentaba continuos planteamientos de la CGT ubaldinista, Riera lidiaba con paros de estatales y reclamos airados de los jubilados. El pago de salarios, diferencias de retribuciones y del medio aguinaldo agobiaban al jefe del Ejecutivo.

Esas dificultades no bloquearon las grietas que se abrían en el partido gobernante. Fue el propio Riera el que admitió la versión de cambios en el gabinete, en sintonía con su propósito de afianzar la postulación de Domato para la gobernación. Podría tener asidero, dijo El ministro de Economía, Osvaldo Cirnigliaro, se proyectaba como un candidato alternativo. Se multiplicaron los rumores desde ese momento, al no haber precisiones sobre los nombres objetados. Las versiones siempre tienen una intencionalidad política, interpretó Miguel Angel Torres, ministro de Gobierno. Torres era afin a Cirnigliaro, cuya permanencia en el cargo peligraba.

Sería un suicidio político, manifestó el titular de Asuntos Sociales, Gustavo Haurigot. Cirnigliaro cuestonó a este último. Riera, en tanto, no avanzó con el anuncio de los relevos y sus reemplazantes.