Hace más de tres décadas, los argentinos festejamos uno de los momentos más trascendentes de esta parte de nuestra historia. Tras siete años de una de las etapas más sombrías, la democracia volvía a saludarnos. Se materializaba así el deseo tan ansiado de volver a vivir sin autoritarismo, sin intervenciones, sin miedo, sin censura, rasgos que instalaron las dictaduras militares que padecimos en el siglo XX y que atentaban, entre otras cosas, contra la libre expresión. Consumado el golpe, el país quedaba intervenido (las provincias, los tres Poderes, las instituciones públicas), se suspendían las garantías y derechos constitucionales. Todo volvió luego a la normalidad institucional con la libertad, pero Tucumán pareciera no haberse dado cuenta de ese cambio.
Desde hace varios lustros, se mantiene la intervención en varios organismos del Estado: la Caja Popular de Ahorros, el Subsidio de Salud, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). La primera fue intervenida en 2003 por Alperovich, a pocos días de iniciar su gestión, mientras que el Subsidio ocupa el primer lugar en materia de intervención. Sus autoridades fueron suspendidas en 1990 por el decreto 1217 que establecía que en seis meses se integraría el nuevo directorio mediante comicios para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados; estos nunca se efectuaron.
El Ipvdu debe ser conducido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, y dura cuatro años en el cargo; desde 1991 se suceden los interventores. Situación similar padece el Ipacym desde 1998. El IPLA, nacido en 1994 y vuelto a crear en 2002 mediante la ley N° 7243, también se halla intervenido.
La Legislatura sancionó en 2007 una norma que prescribía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el gobernador la vetó. En 2009, la Justicia ya había advertido sobre la necesidad de regularizar los entes de control y le ordenó al PE que un plazo de seis meses normalizara el Ente Provincial Regulador de Energía (Epret) y que garantizara la participación de las asociaciones de consumidores y de usuarios. Sin embargo, la orden no fue acatada. En 2012, un legislador solicitó con un proyecto de ley la regularización de los cinco entes intervenidos. Como la iniciativa no fue considerada, hizo un planteo en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El abogado de la Fiscalía de Estado respondió que el Poder Ejecutivo no había efectuado un uso “excesivo e irracional” de la figura de la intervención.
Mantener intervenidos estos organismos obedece a intereses políticos, de otra manera no se explica que no hayan sido normalizados hasta ahora y que durante estos años el Poder Ejecutivo haya vetado una ley e incurrido en desacato judicial, sin que a los otros poderes les llamara la atención.
Cuando asumió Juan Manzur como gobernador dijo que hallaba en condiciones de avanzar en el normal funcionamiento de todos los organismos dependientes del PE y que impulsaría la designación de las autoridades acordes con las cartas orgánicas vigentes. Han transcurrido 34 años desde el retorno de la democracia, pero parece que la clase gobernante no se ha dado por enterada, por lo menos, en esta materia.
Desde hace varios lustros, se mantiene la intervención en varios organismos del Estado: la Caja Popular de Ahorros, el Subsidio de Salud, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). La primera fue intervenida en 2003 por Alperovich, a pocos días de iniciar su gestión, mientras que el Subsidio ocupa el primer lugar en materia de intervención. Sus autoridades fueron suspendidas en 1990 por el decreto 1217 que establecía que en seis meses se integraría el nuevo directorio mediante comicios para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados; estos nunca se efectuaron.
El Ipvdu debe ser conducido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, y dura cuatro años en el cargo; desde 1991 se suceden los interventores. Situación similar padece el Ipacym desde 1998. El IPLA, nacido en 1994 y vuelto a crear en 2002 mediante la ley N° 7243, también se halla intervenido.
La Legislatura sancionó en 2007 una norma que prescribía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el gobernador la vetó. En 2009, la Justicia ya había advertido sobre la necesidad de regularizar los entes de control y le ordenó al PE que un plazo de seis meses normalizara el Ente Provincial Regulador de Energía (Epret) y que garantizara la participación de las asociaciones de consumidores y de usuarios. Sin embargo, la orden no fue acatada. En 2012, un legislador solicitó con un proyecto de ley la regularización de los cinco entes intervenidos. Como la iniciativa no fue considerada, hizo un planteo en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El abogado de la Fiscalía de Estado respondió que el Poder Ejecutivo no había efectuado un uso “excesivo e irracional” de la figura de la intervención.
Mantener intervenidos estos organismos obedece a intereses políticos, de otra manera no se explica que no hayan sido normalizados hasta ahora y que durante estos años el Poder Ejecutivo haya vetado una ley e incurrido en desacato judicial, sin que a los otros poderes les llamara la atención.
Cuando asumió Juan Manzur como gobernador dijo que hallaba en condiciones de avanzar en el normal funcionamiento de todos los organismos dependientes del PE y que impulsaría la designación de las autoridades acordes con las cartas orgánicas vigentes. Han transcurrido 34 años desde el retorno de la democracia, pero parece que la clase gobernante no se ha dado por enterada, por lo menos, en esta materia.
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