Coinciden en la idea de un comité especial

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, se sentó en un punto equidistante de la mesa con forma de “U” que se había improvisado en el auditorio del 3° piso de la Legislatura, donde se llevaron a cabo las reuniones legislativas para alistar la declaración del estado de Emergencia en Seguridad en la provincia. A la derecha del tranqueño se ubicó el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur; a la izquierda -y después del titular subrogante del cuerpo colegiado, Julio Silman-, se colocó el ministro fiscal y pupilar, Edmundo Jiménez. Más allá de las distancias entre la máxima autoridad del Poder Judicial de Tucumán y el jefe de los fiscales de la provincia, al salir del encuentro con los legisladores ambos coincidieron diversos puntos. Entre ellos, la importancia de la creación de un comité especial que realice un seguimiento de la aplicación de la normativa sobre la emergencia en seguridad.

Gandur consideró que los fundamentos del decreto dictado en enero pasado por el presidente, Mauricio Macri, expresa fundamentos “bastante elocuentes”. “La seguridad es un derecho que traspasa todos los derechos: a la vida, la libertad, el patrimonio. Todos ellos necesitan que esté la seguridad para poder ser ejercidos”, expuso el magistrado. Agregó que una de las ideas expuestas fue la de la creación de un gabinete o comité interpoderes “que monitoree toda esta situación, las consecuencias y efectos” de la nueva normativa. Advirtió luego la cuestión de los sitios de arresto. “Los detenidos deben cesar de permanecer en las comisarías, no es un lugar apto para detenidos procesados, no condenados”, manifestó Gandur.

Jiménez valoró que “todos los poderes e instituciones nos ocupemos de un tema tan grave como este”. “Fue una reunión productiva; nos permitió acercar datos y opiniones con respecto al decreto nacional”, advirtió el jefe de los fiscales. Se mostró también a favor de “la conformación de un cuerpo” en el que participen “todos aquellos con obligaciones o compromisos en esta temática”. Además, propuso que se avance con consultas a la sociedad. “(Una propuesta) es la de hacer reuniones en todos los barrios, iglesias, escuelas, para escuchar a la gente sobre qué reclama, qué le preocupa y qué exige. Además, permitirá darle información desde las fuerzas de seguridad y desde los organismos judiciales sobre qué se está haciendo”, indicó Jiménez. La idea va en sentido de una ley que fue sancionada por la Legislatura este año, y que propone la creación de foros de seguridad vecinales y barriales. La propuesta, impulsada por el bloque del Peronismo del Bicentenario, aún no fue aplicada por el Poder Ejecutivo.

Jiménez destacó otra sugerencia: “que se incluya en la ley de emergencia aquellos delitos de preocupación de las provincias”. “En general, la normativa contiene delitos de índole federal”, remarcó. Y consideró clave que sean considerados otras figuras, como la asociación ilícita, los delitos contra la Administración Pública y la corrupción, entre otros.

La Legislatura había recibido el lunes al juez federal Fernando Luis Poviña y al camarista federal Ricardo Sanjuán. Ayer, también había pedido una audiencia con las comisiones legislativas encargadas de la emergencia el ciudadano Alberto Lebbos, de la comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, pero no fue convocado por ahora.