Un panorama urbano marcado por un desaliño generalizado, ante el nulo o escaso cuidado que evidencian numerosas fachadas de edificios y viviendas públicas y privadas que sobreviven en nuestra ciudad y en la mayoría de las poblaciones de la provincia se agigante cada día ante una mirada social impasible y la preocupante falta de políticas y programas de los gobiernos jurisdiccionales y provincial para recuperarlos, o por lo menos, limpiarlas. Se tratan, en gran medida, de espacios que esperan un destino definitivo, ya de sus dueños particulares o de los municipios y el Estado provincial, y que en ciertos casos se encuentran semiabandonados, cubiertos de escombros y de pastizales, con las puertas clausuradas, y casi siempre convertidos en depósitos de residuos, en reservorios de alimañas y peligrosos focos infecciosos. Hay casos en los que las imágenes espectrales de esos lugares traslucen historias inmobiliarias irresueltas acumuladas por años en la Justicia; también otras situaciones en las que se cruzan trámites catastrales inclementes, sucesiones familiares extenuantes, y -claro- proyectos oficiales que apenas si superaron las etapas de las formulaciones. Hay casas o edificios que se derrumbaron y provocaron graves daños a espacios lindantes y heridas a transeúntes.
Podrían considerarse estos casos de abandono de inmuebles como los resultados de la extinción o decadencia de ciertas empresas, cuyos propietarios no dejaron herederos directos que puedan administrar esos predios, o bien de familias que migraron de un lugar a otros, o que entregaron el inmueble en venta y los nuevos dueños no decidieron cómo manejarlo, y no deben descartarse que muchos pueden haber caído en el derrotero de la desidia, esa práctica de indisciplina social extendida.
Hasta cierto punto puede reconocerse que en medio de las innumerables urgencias que enfrentan el Gobierno provincial, los municipios y las comunas este tipo de asuntos no entran en sus agendas de trabajo y que, hasta cierto punto las legislaciones y disposiciones vigentes los eximen de las primeras responsabilidades para actuar ante el deterioro de los inmuebles privados, pero no es menos cierto que las jurisdicciones administrativas no pueden librarse de la obligación de actuar ante evidencias que pueden transformarse en un peligro para la calidad de vida de los vecinos, de los tucumanos.
Pero lo que directamente no puede entenderse es el desapego y desatención que los estados exhiben ante bienes públicos que les son propio y que sobreviven en medio de la suciedad, la negligencia y la indolencia, y que -como queda expresado- puedan convertirse en espacios dañinos para la salud y el medio ambiente.
Así, este cuadro debería dar lugar a un diagnóstico urbano extendido y a una auditoría arquitectónica completa, respecto de los edificios y viviendas que se encuentran en trances ruinosos, en peligro de derrumbe o ante casos de suciedad y contaminación alarmantes. Son bastantes conocidos los programas de atención y cuidado de los bienes inmuebles considerados históricos en gran parte del mundo; equipos especializados de profesionales y con importantes presupuestos se dedican casi exclusivamente a cuidar a ese patrimonio.
Podrá asumirse con razón que las dramáticas situaciones descriptas no se asimilan a estos otros ejemplos y que los casos en cuestión no registrarían los suficientes antecedentes históricos, pero bien podrían servir ese nivel de previsiones como fuente de inspiración y de trabajo para iniciar un debate necesario y que gana terreno entre los reclamos de la opinión pública y comenzar a dar respuesta a una grave problemática.
Podrían considerarse estos casos de abandono de inmuebles como los resultados de la extinción o decadencia de ciertas empresas, cuyos propietarios no dejaron herederos directos que puedan administrar esos predios, o bien de familias que migraron de un lugar a otros, o que entregaron el inmueble en venta y los nuevos dueños no decidieron cómo manejarlo, y no deben descartarse que muchos pueden haber caído en el derrotero de la desidia, esa práctica de indisciplina social extendida.
Hasta cierto punto puede reconocerse que en medio de las innumerables urgencias que enfrentan el Gobierno provincial, los municipios y las comunas este tipo de asuntos no entran en sus agendas de trabajo y que, hasta cierto punto las legislaciones y disposiciones vigentes los eximen de las primeras responsabilidades para actuar ante el deterioro de los inmuebles privados, pero no es menos cierto que las jurisdicciones administrativas no pueden librarse de la obligación de actuar ante evidencias que pueden transformarse en un peligro para la calidad de vida de los vecinos, de los tucumanos.
Pero lo que directamente no puede entenderse es el desapego y desatención que los estados exhiben ante bienes públicos que les son propio y que sobreviven en medio de la suciedad, la negligencia y la indolencia, y que -como queda expresado- puedan convertirse en espacios dañinos para la salud y el medio ambiente.
Así, este cuadro debería dar lugar a un diagnóstico urbano extendido y a una auditoría arquitectónica completa, respecto de los edificios y viviendas que se encuentran en trances ruinosos, en peligro de derrumbe o ante casos de suciedad y contaminación alarmantes. Son bastantes conocidos los programas de atención y cuidado de los bienes inmuebles considerados históricos en gran parte del mundo; equipos especializados de profesionales y con importantes presupuestos se dedican casi exclusivamente a cuidar a ese patrimonio.
Podrá asumirse con razón que las dramáticas situaciones descriptas no se asimilan a estos otros ejemplos y que los casos en cuestión no registrarían los suficientes antecedentes históricos, pero bien podrían servir ese nivel de previsiones como fuente de inspiración y de trabajo para iniciar un debate necesario y que gana terreno entre los reclamos de la opinión pública y comenzar a dar respuesta a una grave problemática.







