En Pozo de Vargas habría 30 víctimas sin identificar

“Según fuentes judiciales, serían 30 los perfiles genéticos sin cruces positivos en el Pozo de Vargas”. El fiscal titular de la oficina local de la procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Pablo Camuña, instó a los familiares de víctimas del terrorismo de Estado a que se acerquen a dar muestras de sangre para que puedan cotejarse con el ADN de los restos que los peritos van rescatando de ese sitio de inhumación clandestina.

De acuerdo con las últimas identificaciones, suman 78 los hombres y mujeres que permanecían desaparecidos desde la década del ‘70 y cuyos restos fueron extraídos del Pozo, ubicado en Tafí Viejo.

Camuña explicó que el procedimiento es sencillo, confidencial y gratuito. Quienes estén interesados pueden acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos provincial, en el subsuelo de Casa de Gobierno (25 de Mayo 90). “Sería muy importante que lo hicieran para el esclarecimiento de la verdad en el marco de los procesos judiciales de lesa humanidad”, valoró.

Expresó que el lugar pasó de tener un alto valor probatorio relacionado con determinados hechos a tener un impacto “sobre la totalidad del fenómeno criminal en Tucumán”. “El Pozo impacta en todas las causas, porque las víctimas que se van identificando no sólo son de juicios con sentencia sino que también están mencionadas en expedientes en trámite. Además, viene a confirmar el fenómeno de la desaparición forzada de manera masiva y el intento de ocultamiento de los rastros. Es la prueba fundamental de que esa metodología existió y que termina de esa manera monstruosa”, concluyó.

Los peritos siguen trabajando en el Pozo. A las tareas de campo las desarrolla el Camit (su antecedente fue el GIAAT). Los análisis de ADN son realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en laboratorios de Buenos Aires y Estados Unidos.

Si bien existían versiones acerca de la existencia del sitio, pudo ser ubicado en mayo de 2002. Los testimonios de familiares de víctimas, de militantes y de vecinos fueron clave. Uno de los lugareños que aportó a la tarea de los especialistas fue Santos Francisco Molina, un albañil que vivía en una de las pocas casas cercanas a la finca de la familia Vargas, donde está ubicado el ducto. La avenida Francisco de Aguirre al 4.000 era entonces una huella.

“En los años ‘75 o ‘76, después de las 22, cuando se apagaban las luces de todo el barrio, se escuchaba pasar a los autos y camionetas, de a dos o de tres (por la avenida). Era un yuyaral ahí. Se sentían tiros que se hacían, parece que se remataba a algunos o que era para amedrentar”, relató a LA GACETA. Comentó que los vecinos de Villa Muñecas más viejos de la zona sabían lo que pasaba, pero que muchos no se animaron a hablar por miedo. “Yo quería colaborar porque me han metido en cana en esos tiempos, como a todo el mundo”, lamentó.

“Cuando se sentían los tiros, veníamos y se veía sangre en el brocal (borde del pozo). Una vez vimos una camilla de hospital enganchada, la sacamos y estaba con sangre. Después vinieron con las máquinas y tiraron cal, lo taparon. La Policía y el Ejército”, recordó.

El Pozo es un viejo ducto de agua que data del siglo XIX y que fue construido a orillas de las vías para alimentar las máquinas a vapor.

Las víctimas habrían sido arrojadas entre finales del Operativo Independencia (1975) y durante la dictadura (entre 1976 y 1977).

En la última tanda de análisis, fueron identificados Ramón Araya, Juan Francisco Carreras, María Cenador de Rondoletto, José Díaz Saravia, Luis Eduardo Falú, Alberto Eugenio Martínez, Ángel Adolfo Méndez, Osvaldo Muñoz, Jorge Rondoletto, Silvia Rondoletto, Ana Sosa de Reynaga, Miguel Ángel Sosa y Víctor Hugo Sosa.